Una persona presenta una queja porque considera vulnerados sus derechos por un programa de radio o televisión. La defensoría no responde, desecha el reclamo sin suficiente explicación o emite una recomendación que el concesionario simplemente decide ignorar. Después no ocurre nada.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) volvió a recurrir a uno de sus argumentos predilectos: cuando los derechos de las audiencias generan obligaciones verificables, mecanismos de revisión y posibles sanciones, la industria los presenta como una amenaza a la libertad de expresión.