Los medios comerciales reportaron un nuevo traspiés en 2025 y no existen indicadores que el año actual la situación será mejor. Los medios públicos federales se encuentran presos de una parálisis económica como consecuencia de las restricciones presupuestales.
Esta semana, la jueza estadunidense Barbara Moses emitió la orden para iniciar juicio sumario contra TV Azteca, ante la demanda interpuesta por acreedores estadunidenses, que reclaman al multimillonario Ricardo Salinas Pliego el pago de 400 millones de dólares más intereses reclamados, desde 2022.
Recuerdo que una de mis primeras experiencias en el periodismo fue hace muchos años en la revista Cómo, propiedad de los Cantón Zetina de Tabasco.
Un mes después de haber depositado al Sistema de Administración Tributaria (SAT), apenas la tercera parte de su multimillonario adeudo fiscal, el empresario Ricardo Salinas Pliego, anunció que su empresa Tv Azteca aplicaría una “reorganización corporativa, operativa y financiera de la compañía y sus empresas subsidiarias mediante un concurso mercantil voluntario”.
El magnate Ricardo Salinas Pliego informó en sus múltiples canales de información haber acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado mexicano por el “acoso que nos sujetan en las mañaneras”.
Hace veinte años, el Congreso mexicano dejó una de las postales más incómodas de la relación entre poder político y poder mediático. La llamada “Ley Televisa” no fue únicamente una mala reforma; fue la expresión más nítida de un sistema político dispuesto a plegarse ante la televisión abierta, en pleno periodo neoliberal, cuando la pantalla seguía siendo el principal “soporte” de la vida pública.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso con el que TV Azteca, propiedad del megadeudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, intentaba obtener la exclusividad del uso del término “azteca” para fines de difusión periodística en medios digitales.
Pese a todo lo que podamos cuestionar a la televisora de Ricardo Salinas Pliego en materia de contenidos, la respuesta es no. Ni la legislación vigente ni su título de concesión incluyen como causal de revocación la violación a los principios de la función social que deben cumplir los medios electrónicos.
Durante años, TV Azteca se vendió como una televisora “crítica, pero responsable”. Crítica de los excesos del poder, pero siempre con una línea roja: la Presidencia de la República. A ese nivel, decían sus directivos, no se jugaba. Había respeto. Había “institucionalidad”, aunque también una relación de privilegios.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, rechazó la solicitud de Grupo Elektra y TV Azteca, empresas de Ricardo Salinas Pliego, para aplazar siete litigios fiscales que suman más de 33 mil millones de pesos (mdp), luego de que el magnate propusiera “ajustar” el monto de sus adeudos ante el gobierno federal.
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