Por eso la espera de un debate republicano digno resultó estéril. Pero de todo lo visto antes y después del 5 de noviembre de 2024, me quedó con la actuación del ministro Alberto Pérez Dayán, quien prefirió votar en conciencia y llamar a las cosas por su nombre, antes que plegarse de manera acrítica a uno de los dos bloques ya predeterminados al interior de esa instancia, que parece están más para defender posiciones políticas que para exponer argumentos jurídicos.
Las y los mexicanos elegiremos el próximo año a más de 800 cargos judiciales federales, consecuencia de la modificación constitucional recientemente aprobada. Se trata de un acontecimiento único en nuestra historia y, de una innovación constitucional que, con esa profundidad, no existe en ningún país del mundo.
Con la reforma se quiere democratizar al poder Judicial para que sea el pueblo, conforme al artículo 39 constitucional, el que decida quién debe ocupar los principales cargos judiciales de México. Una vez transcurrido el 15 de septiembre de 2024, cuando se publicó la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, lo que ha seguido es aplicarla en sus términos.
Durante las últimas semanas se han escuchado diversas voces en los medios de comunicación, alertando sobre lo que han denominado “crisis constitucional”, supuestamente generada, desde la perspectiva de quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial, porque los actores políticos vinculados al oficialismo violaron decenas de suspensiones derivadas de juicios de amparo interpuestos contra la propia reforma, aunado al hecho de que, según esta misma visión opositora, no hay nada definido todavía ni la reforma judicial es un hecho consumado, como se afirma desde el Gobierno, porque en términos de su enfoque, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que en última instancia será la competente para revisar y resolver si la reforma referida es o no jurídicamente procedente.
El pasado 7 de noviembre de 2023, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentó su renuncia al cargo que desempeñaba como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No es común que eso ocurra y prueba de ello es que, a partir de la reforma constitucional de 1994 que produjo la actual integración de la SCJN, el único antecedente al respecto es la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, presentada también al presidente López Obrador al inicio de su sexenio y que fue aprobada por el Senado el 8 de octubre de 2019. Casi 4 años después se vuelve a dar un caso análogo.
Esta mañana, el Presidente López Obrador se manifestó satisfecho por la decisión de la Suprema Corte de desechar la controversia constitucional interpuesta por la gobernadora de Chihuahua, Maria Eugenia Campos para no repartir los nuevos libros de texto gratuito a los alumnos de primaria y secundaria de aquel estado. López Obrador dijo estar “contentísimo” por…
El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, expresó su desacuerdo con el aumento del 4% que el Poder Judicial de la Federación pide para el ejercicio fiscal del próximo año, que equivale a 84 mil millones de pesos.
Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó como propias tres solicitudes de Elektra para que el máximo tribunal atraiga las impugnaciones de la empresa al paso de más de 40 mil millones de pesos que le reclama el SAT, por concepto de impuesto sobre la renta (ISR).
Como están las cosas en la Suprema Corte a partir de que comenzó la gestión presidencial de Norma Lucía Piña, el pasado 2 de enero, la correlación de fuerzas dirían algunos intelectuales no orgánicos, es necesario valorar la negativa de la Segunda Sala a la solicitud de amparo del empresario Gustavo Cárdenas Fuentes, familiar de Luis Cárdenas Palomino, jefe de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, y señalado como parte de la red de corrupción y narcotráfico dirigida por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Seguramente las nuevas generaciones no llegaron a escuchar en la radio “La Tremenda Corte”, un programa producido en Cuba antes de la Revolución “bajo un formato sencillo que giraba en torno a un juzgado y planteaba situaciones donde José Candelario, ´Tres Patines´ había hecho víctima a Rudecindo Caldeiro y/o a Luz María, ´Nananina´ de alguno de sus robos, engaños o pillerías”. Ambos lo acusaban ante el “tremendo juez” de la corte correccional, quien dictaba el castigo.
Luego de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, confirmara haber enviado mensajes por WhatsApp que el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, denunció como amenazas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó no presentar denuncia para no “convertirla en mártir”.
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