El uso discrecional de recursos públicos disfrazados de publicidad oficial quedó documentado como evidencia en el juicio celebrado en Estados Unidos contra Genaro García Luna, en el que fue encontrado culpable de participación continua en una empresa criminal, conspiración internacional para la distribución de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína y prestar declaración falsa. Más aún, expuso la opacidad de las relaciones de poder y contubernio entre funcionarios públicos y prensa en México, personificado en este caso en el dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz.