Gerardo Albarrán de Alba
El uso discrecional de recursos públicos disfrazados de publicidad oficial quedó documentado como evidencia en el juicio celebrado en Estados Unidos contra Genaro García Luna, en el que fue encontrado culpable de participación continua en una empresa criminal, conspiración internacional para la distribución de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína y prestar declaración falsa. Más aún, expuso la opacidad de las relaciones de poder y contubernio entre funcionarios públicos y prensa en México, personificado en este caso en el dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz.
En el juicio, fue aceptado como un hecho que Héctor Villarreal Hernández, secretario de finanzas del estado de Coahuila durante la gubernatura priista de Humberto Moreira (2005-2011), atestiguó y tomó parte en un “arreglo” de García Luna con Ealy Ortiz por 25 millones de pesos mensuales.
Más allá de las consecuencias jurídicas para García Luna y el propio Villarreal Hernández en Estados Unidos, así como del escarnio público en México para todos los involucrados, la exposición de esta operación en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, es un recordatorio de la urgencia de regular la publicidad oficial, tanto a nivel federal como en los estados y municipios, mediante el establecimiento de asignación claros y objetivos en la Ley General de Comunicación Social, pendiente desde su expedición en mayo de 2018.
En el caso único de El Universal, hablamos de 2 mil 092 millones de pesos que le fueron entregados solamente en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que no necesariamente incluyen los sobornos pagados por García Luna. En esta discrecionalidad le acompañó el diario Reforma, que en el mismo periodo se embolsó 987 millones de pesos.
La defensa del que fuera secretario de Seguridad Pública del último presidente panista, Felipe Calderón, trató de desvirtuar todos los testimonios en su contra, alegando que se trataba de meros dichos “de oídas”. Sin embargo, las aseveraciones de Héctor Villarreal Hernández fueron de primera mano.
De hecho, Villarreal Hernández fue testigo y partícipe de los pagos de 25 millones de pesos mensuales a El Universal como “favor” a Genaro García Luna, por instrucciones del propio Moreira. El exfuncionario estatal, y ahora testigo protegido en Estados Unidos, participó en varias reuniones entre García Luna y Moreira. De paso, hizo notar que el dueño de El Universal y Moreira son compadres desde 2009, explicando así la intermediación del entonces gobernador de Coahuila en el “arreglo” entre García Luna y Ealy Ortiz.
El primer pago lo hizo en efectivo el propio Villarreal Hernández, y exhibió las facturas elaboradas en un sistema de doble contabilidad para borrar el rastro del desvío de recursos públicos.
En el juicio, muchos otros testimonios que involucraban sobornos realizados por García Luna fueron rechazados por el juez Brian Cogan. Sólo fueron admitidos los testimonios “de primera mano” y que estuvieran relacionados directamente con los delitos imputados a García Luna por narcotráfico. El testimonio bajo juramento sobre los sobornos a El Universal no fueron objetados por el juez, que permitió presentarlos ante el jurado.
En México, Moreira declaró que el testimonio del que fue su secretario de Finanzas “no refleja la realidad, carece de soporte probatorio alguno y está motivado con el único objeto de obtener un beneficio penitenciario”.
Moreira también negó que haya discutido con García Luna sobre el sistema de espionaje Pegasus, que el superpolicía de Calderón promovía entre gobernadores y políticos, el mismo que fue utilizado para intervenir los teléfonos de periodistas y activistas.
Pero habría otros involucrados. El periodo en que fluyó el multimillonario pago por la operación de lavado de imagen de García Luna en El Universal coincide con las direcciones editoriales de Roberto Rock, Ramón Alberto Garza, Raymundo Riva Palacio y Jorge Zepeda Patterson.
Roberto Rock fue director de El Universal desde 1996 hasta 2007, con un breve paréntesis en que le sustituyó Ramón Alberto Garza, en 2002. Entre 2007 y 2008, ese periódico fue dirigido por Raymundo Riva Palacio, quien fue sustituido por Jorge Zepeda Patterson, que se sostuvo en el cargo hasta 2010, cuando Roberto Rock regresó a la dirección editorial ese mismo año, en la que permaneció hasta 2013.
Los periodos de Riva Palacio y de Zepeda Paterson al frente de ese diario coinciden con el desvío de recursos públicos a El Universal, según los documentos exhibidos en la corte estadounidense.
Por cierto, Humberto Moreira había sido acusado de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, poco fue exculpado por Felipe Calderón a poco más de un mes antes de terminar su sexenio, cuando el 22 de octubre de 2012 la Procuraduría General de la República declaró el “no ejercicio de la acción penal” contra el ya para entonces exgobernador de Coahuila y otros dos coacusados. Por su parte, el dueño de El Universal ha protagonizado otros escándalos, como cuando fue detenido por cinco horas en el aeropuerto de Toluca al regresar de Guatemala en un avión particular, a principios de noviembre de 2021, tras asistir a la boda del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera del INE Carla Humphrey. Ealy Ortiz cargaba con 35 mil dólares en efectivo que no declaró antes de entrar al país.
La compra de líneas editoriales y opiniones no se habría limitado a El Universal. Versiones periodísticas recuerdan a columnistas y conductores de radio y televisión, como Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio, Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva y Francisco Garfias, entre otros, que reconocen haber tenido reuniones con García Luna. En una de esas ocasiones, el entonces llamado superpolicía dijo que él habría arrestado al fundador y director de Proceso, Julio Scherer García, por la entrevista que sostuvo con Ismael “El Mayo” Zambada, publicada en abril de 2010.
Otro ejemplo es la “Iniciativa México”, una operación de lavado de imagen gubernamental para suprimir la percepción de violencia generalizada en el país, desatada en el sexenio de Calderón. El proyecto fue ideado por García Luna e impulsado desde la vocería presidencial, pero articulado por Televisa y Tv Azteca, ambas empresas beneficiadas con casi 9.7 mil millones de pesos de publicidad oficial entre 2006 y 2012.
¿Cuántos de esos recursos gastados en publicidad oficial fueron, en realidad, compra de líneas editoriales, de operaciones de lavado de imagen, de ocultamiento de información y de campañas de desinformación?
El 25 de diciembre de 2017, el diario estadounidense The New York Times resaltó el gastó de más de 2 mil millones de dólares en publicidad oficial en los primeros cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto, más los cientos de millones de dólares que cada año circulaban desde los gobiernos estatales y municipales. Tal cantidad de dinero dio a esos gobiernos la capacidad “de suprimir artículos de investigación, dirigir las primeras planas e intimidar a las salas de redacción que les desafían”.
En un amplio reportaje titulado “Usando miles de millones en efectivo del gobierno, México controla los medios de comunicación”, el NYT reprodujo testimonios de periodistas que reconocieron la dependencia casi absoluta de los medios de los fondos públicos para sobrevivir y que eso condiciona su independencia editorial, llevando a sus periodistas a la autocensura. Peor aún, el diario neoyorkino documentó cómo el diario Reforma prácticamente extorsionaba a gobernadores con “planes de cobertura” para mejorar su imagen pública, deteriorada en los propios medios.
El reportaje dedica varios párrafos a recordar coberturas sesgadas de El Universal, o de plano –insinúa– pagadas desde el gobierno de Peña Nieto para atacar a opositores. Para el diario estadounidense, esto plantea “dudas sobre la independencia en un país inundado de publicidad gubernamental”.
Tres años después de ese reportaje del NYT, en octubre de 2020, Ealy Ortiz presumía su credibilidad, alegando que la información que publica es “siempre certera, veraz y oportuna; es confiable y eso lo avalan estudios y análisis de compañías externas dedicadas a la medición y opinión de las audiencias”. Incluso, se victimizó alegando que el presidente Ernesto Zedillo intentó cerrar a El Universal, encarcelándolo a él “de manera arbitraria, simplemente por ejercer el derecho a la libre expresión”. En realidad, Ealy Ortiz fue detenido por defraudación fiscal por el equivalente entonces a 5.4 millones de dólares; sólo salió libre porque pagó una fianza de casi 2 millones de dólares.
A estas alturas sigue siendo muy difícil –y, en algunos casos, casi imposible– acceder a la información sobre el gasto en publicidad gubernamental, su origen y destino, así como los criterios empleados para distribuirla entre los medios, básicamente por la ausencia de mecanismos de control del gasto en publicidad oficial, reforzando la discrecionalidad y el sobreejercicio presupuestal en este ramo.
En 2014 se abrió una ventana de esperanza al institucionalizarse la obligación de transparencia y acceso a la información pública a partir de la reforma constitucional que derivó en la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que en 2015 desarrolló el Estándar de Datos de Comunicación Social y Publicidad Oficial (EDPO) y una herramienta Transparencia en Publicidad Oficial (TPO), en colaboración con una organización de la sociedad civil, como un ejercicio de política abierta. La herramienta fue presentada en noviembre de 2016. Al final, solamente participaron los gobiernos de Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo, Jalisco, Oaxaca y Baja California.
El propio INAI dejó de transparentar su gasto en publicidad oficial desde el 18 de marzo de 2021, última fecha de actualización de su portal de “Publicidad Abierta”, consultado el domingo 26 de febrero pasado.
En este sexenio, las prácticas comunicacionales de Andrés Manuel López Obrador han quebrado los usos y costumbres de la relación entre el poder público y la prensa. Si bien las tensiones y presiones gubernamentales hacia los medios siempre han existido, la diferencia es que hoy se hacen públicas de forma permanente, aunque –con demasiada frecuencia– sin matices ni contexto.
Lo que no ha cambiado son las prácticas discrecionales y la opacidad en los criterios para la asignación de recursos públicos a medios de comunicación. Durante los tres primeros años del gobierno de López Obrador, 51.69% del gasto en publicidad oficial se concentró en 10 medios; de hecho, el 29.52% del total general fue para sólo tres: Televisa, TV Azteca y La Jornada, que juntos sumaron 2 mil 552 millones de pesos. El 48.31% del gasto en publicidad oficial restante se repartió entre 463 medios, según reporte de Artículo 19 y Fundar.
Cómo y por qué se distribuyó así, nadie lo sabe, fuera de quienes tomaron la decisión de hacerlo.
¿Cuánto de los recursos que hoy se gastan en publicidad oficial, todavía desde la opacidad heredada, sirven a los mismos propósitos de censura y desinformación que se condenan en los sexenios priistas y panistas?
Gerardo Albarrán de Alba es periodista, defensor de la audiencia de Ibero 90.9, en la Universidad Iberoamericana. Estudió una Maestría en Comunicación y un Doctorado en Derecho de la Información. En Twitter es @saladeprensa.
