Pasaron más de dos décadas para que el Estado mexicano retomara el trabajo de investigación sobre violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990, periodo de violencia política conocido como “Guerra Sucia”, con la finalidad de construir memoria, conocer la verdad y allanar el camino para lograr justicia para las víctimas de delitos de lesa humanidad como detención arbitraria, prisión política, tortura, ejecución y desaparición forzada.