Pasaron más de dos décadas para que el Estado mexicano retomara el trabajo de investigación sobre violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990, periodo de violencia política conocido como “Guerra Sucia”, con la finalidad de construir memoria, conocer la verdad y allanar el camino para lograr justicia para las víctimas de delitos de lesa humanidad como detención arbitraria, prisión política, tortura, ejecución y desaparición forzada.
Como organismo protector de los derechos humanos, en 2001 la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 026/2001 que dio origen a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la cual se creó un año después. Si bien este mecanismo documentó la represión política de los años 60 y 70, no logró garantizar justicia.
Ante el fracaso y el reclamo social, en 2021 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador retomó los esfuerzos y creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990; mientras que en abril pasado la CNDH emitió una nueva Recomendación: la 98VG/2023.
La revisión del estado de la libertad de expresión en este periodo oscuro de México mereció un análisis específico, la Recomendación General 46/2022, sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia, a la protesta social, a la reunión y a la asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951- 1965, la cual se publicó el año pasado.
A diferencia de la primera investigación del organismo, que documentó 532 casos y puso el acento en los casos de desaparición forzada y en la necesidad de iniciar investigaciones penales, en la Recomendación de abril pasado se acreditó a 814 víctimas y se formularon 92 puntos recomendatorios dirigidos a 14 autoridades federales, relacionadas con los derechos a la justicia, la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición.
La hoja de ruta planteada por la CNDH busca “resarcir el enorme daño social ocasionado a personas y colectividades enteras, y a todo el país”, según mencionó en mayo pasado la ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, hija de la icónica luchadora social Rosario Ibarra y hermana de Jesús Piedra, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre y desaparecido desde 1975. Al ofrecer una disculpa pública a las 814 víctimas, Piedra Ibarra aprovechó para señalar las omisiones de este organismo en administraciones pasadas, que hoy se trata de resarcir.
El contexto de violaciones graves a derechos humanos quedó al descubierto desde hace 20 años, pero la reciente Recomendación enfatiza que las acciones de violencia política de Estado no fueron una respuesta defensiva de los gobiernos a la violencia de la oposición, como justificaron los presidentes de la República, analistas y estudiosos del tema.
En el documento se hace un recuento de la situación democrática y se asegura que los movimientos radicales de la oposición en México no fueron un “contagio” de ideas provenientes del exterior, resultado de la Guerra Fría que se vivía a nivel mundial entre la URSS y los Estados Unidos, ni sólo imitación de los movimientos revolucionarios socialistas surgidos en otros países, como lo planteó la FEMOSPP.
A la par, el armado del complejo represivo del Estado mexicano fue hecho paulatinamente, se indica en el documento. También se señala que su diseño inició en el sexenio del presidente Miguel Alemán, a partir de la creación en 1947 de la Dirección Federal de Seguridad, un cuerpo parapoliciaco integrado en sus inicios por oficiales egresados del Colegio Militar y capacitados por el FBI norteamericano en las más modernas técnicas de investigación de la época para espiar, detener, torturar y desaparecer.
Estos señalamientos del organismo protector de los derechos humanos surgen en un contexto político donde la izquierda gobierna, pero también donde colectivos y organizaciones sociales mantienen una mordaz crítica a las prácticas de espionaje a líderes sociales, continuada durante este sexenio, así como a la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y en actividades de infraestructura, como la construcción del Tren Maya o la administración de las aduanas y los aeropuertos.
En este escenario, la Recomendación propuso a las autoridades competentes medidas para resarcir las violaciones cometidas en el pasado, como realizar un diagnóstico de los casos que permanecen abiertos, impulsar su atención por la Fiscalía General de la República (FGR) o bien la creación de una Fiscalía Especializada, así como implementar una estrategia para hacer avanzar los casos largamente estancados.
Otra medida es construir memoria histórica para tener referentes en el futuro. Para ello, se exhortó a diseñar un plan nacional para el rescate, organización, clasificación, preservación, conservación y acceso público de archivos públicos que contienen información sobre casos de graves violaciones a los derechos humanos, en particular los de los extintos CISEN, Dirección Federal de Seguridad y de la propia FEMOSPP.
La CNDH también llamó a tipificar en el Código Penal la desaparición forzada transitoria y aprobar en el Senado el dictamen para que el delito de desaparición forzada de personas constituya un crimen de lesa humanidad, además de reformar la Ley General de Víctimas y su reglamento interior, para la integración de reparaciones del daño colectivas que incluyan análisis de contexto.
Para resarcir el daño a las víctimas y sus familiares, la mayoría personas adultas mayores, el organismo propuso garantizar la reparación integral, así como atención médica, psicológica y psiquiátrica, punto que ha comenzado a cumplirse, como lo refirió la institución en un comunicado difundido el 22 de agosto, según el cual sólo el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyos estudiantes fueron víctimas de la represión, se han negado a aceptar las recomendaciones.
En este primer corte sobre las acciones emprendidas, la CNDH expuso como avance el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la implementación temporal del Programa Especial de Reparación Integral y Compensación, un instrumento para simplificar las solicitudes de reparación integral y compensación a las víctimas. Sin embargo, un pendiente más, que compete a toda la administración pública, es instaurar una cultura de respeto a los derechos humanos en el servicio público.
(Redacción)
