La desigualdad de género, unida a las crisis climática y ambiental, es uno de los mayores desafíos para el desarrollo sostenible. En el 2030, se prevé que los desastres relacionados con el clima empujarán a 100 millones de personas más a la pobreza extrema[1] afectando en mayor medida a mujeres y niñas, y en particular a las mujeres rurales, indígenas y en situación de movilidad.

La pandemia por Covid-19 puso de manifiesto tres crisis interrelacionadas que no permiten alcanzar la igualdad de género y amenazan la supervivencia de las personas y del planeta: la crisis del empleo, la de los cuidados y la del clima. A su vez, estas crisis profundizan las desigualdades de género ya existentes y agravan las formas interrelacionadas de discriminación.

En el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, Naciones Unidas hace un llamado a generar iniciativas para que las mujeres y las niñas en toda su diversidad estén en el centro de la recuperación sostenible.

La contribución y el liderazgo de las mujeres y las niñas en los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático, así como en el trabajo de cuidado, defensa del territorio y del patrimonio natural son fundamentales para construir un mañana más sostenible para todas las personas. Ellas son líderes eficaces y poderosas, muchas de ellas indígenas, quienes impulsan acciones a favor de la conservación y gobernanza del medio ambiente, la transmisión de saberes y conocimientos tradicionales de cuidado de la naturaleza. Su participación contribuye a responder de manera más efectiva a la crisis climática y a la gestión sostenible e inclusiva de los recursos naturales.

La experiencia demuestra que cuando hay una mayor representación de las mujeres en los parlamentos e instituciones responsables del cambio climático y medio ambiente, los países adoptan políticas más efectivas en la materia. Por ello, es necesario integrar la perspectiva de género en políticas y programas relacionadas al cambio climático, medio ambiente, reducción de riesgos de desastre y la cultura como elemento clave del desarrollo sostenible, así como promover la participación significativa, informada y efectiva de mujeres en los procesos de toma de decisiones.

Hoy, con la implementación del Acuerdo de Escazú, México tiene una oportunidad única para generar estos procesos participativos y de cuidado del trabajo de las mujeres defensoras del medio ambiente y territorio que siguen siendo sujetas de estigmatización y violencia por su labor.

Es urgente generar evidencias y mejorar la producción de estadísticas con enfoque de género, incluyendo la desagregación de los datos por género y edad, discapacidad, orientación sexual e identidad de género, situación migratoria, entre otras, que permitan medir el impacto del cambio climático y la degradación del ambiente en las mujeres, las adolescentes y las niñas. Esto sería la base para el diseño de estrategias que fortalezcan la resiliencia de las mujeres y sus comunidades, así como de financiamiento que incorpore la perspectiva de género bajo el principio de “no dejar a nadie atrás”. A su vez, estas estrategias deben contar y asegurar la participación de las organizaciones feministas y de mujeres que desempeñan un papel clave en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres y la defensa de los derechos de todas las mujeres y las niñas.

ONU México invita a seguir trabajando por un mañana en el que logremos la autonomía física, política y económica, y los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, en toda su diversidad. La construcción de sociedades más justas e igualitarias nos brindará mejores condiciones para hacer frente a los desafíos presentes y futuros. Sin igualdad de género hoy, no es viable un mañana sostenible e igualitario.

Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en nuestro país, es un logro del Senado de la República que traerá justicia a las víctimas de estos casos, aseveró el senador Ricardo Monreal Ávila.

Las personas defensoras de derechos humanos fomentan valores y prácticas democráticas, promueven el buen gobierno, la cultura de legalidad, y colocan por encima de todos, el respeto a la dignidad humana.

Ante la vigencia de la tortura y la persistencia de una cultura del uso abusivo de la fuerza por parte de personal de investigación, seguridad, guarda y custodia, es preciso enviar mensajes claros de que no habrá impunidad cuando se trata de esta grave violación a los derechos humanos.