La añeja práctica del gobierno federal y las empresas mediáticas de acomodar la línea editorial de periódicos y medios de comunicación electrónicos, a las conveniencias políticas de las administraciones públicas en turno, y a los intereses económicos de los empresarios, continúa lesionado el derecho a la información de los ciudadanos, resta credibilidad a los periodistas y debilita la calidad democrática del país.