Durante las últimas semanas se han escuchado diversas voces en los medios de comunicación, alertando sobre lo que han denominado “crisis constitucional”, supuestamente generada, desde la perspectiva de quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial, porque los actores políticos vinculados al oficialismo violaron decenas de suspensiones derivadas de juicios de amparo interpuestos contra la propia reforma, aunado al hecho de que, según esta misma visión opositora, no hay nada definido todavía ni la reforma judicial es un hecho consumado, como se afirma desde el Gobierno, porque en términos de su enfoque, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que en última instancia será la competente para revisar y resolver si la reforma referida es o no jurídicamente procedente.
