La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de diversas normas de la Ley General de Educación que prevén que las instituciones educativas privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional y, por tanto, no sólo están obligadas a obtener la autorización y el reconocimiento de validez oficial o a seguir los planes y programas de estudio, sino que también deben cumplir con el resto de las obligaciones que les imponga la normatividad.