La elección por voto popular de jueces y magistrados que tendrá lugar el 1 de junio, representa un acontecimiento sin precedentes en la historia institucional de México. Además de las implicaciones formales, vale la pena abordar el acontecimiento discursivo: hemos presenciado en los últimos meses un proceso en el que se disputa no sólo el control de las instituciones judiciales, sino también el sentido mismo de la justicia, de la democracia y de lo que significa transformar un poder público.