El artículo 1, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como principio fundamental, el derecho a la igualdad y no discriminación, por consiguiente, el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizarlo, especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad y de manera particular a las personas con discapacidad.

Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) el Estado mexicano debe de asegurar las medidas necesarias para que las organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos continúen con su invaluable función, que día con día transforma las realidades individuales y comunitarias, para un ejercicio progresivo de derechos.

El 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificó su Protocolo Facultativo, convirtiéndose así́ en parte de los Estados comprometidos en respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Este documento propone un cambio de paradigma sobre la discapacidad, para dejar atrás el modelo médico asistencial y transitar a uno social. En el Artículo 6 se reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y los Estados Parte deben adoptar medidas para garantizar sus derechos humanos.

El pasado 23 de marzo de 2021 entró en vigor una disposición relativa a la recopilación de datos de geolocalización. La Resolución que la contiene, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, fue publicada dos años atrás en el Diario Oficial de la Federación

Con el propósito de estrechar lazos de comunicación y acordar las bases de un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Ombudsperson Nacional, Rosario Piedra Ibarra, se reunió este día con la Comisionada Presidenta de este Organismo, Blanca Lilia Ibarra.

A cerca de siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, persiste la impunidad y la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas. Sus madres y padres mantienen la presencia del dolor de no saber el paradero de sus hijos. El pueblo de México no puede condescender con la injusticia crónica y la ausencia de verdad.