La negativa del Instituto Nacional Electoral de realizar la consulta por revocación de mandato -a pesar de que la fracción IX del artículo 35 constitucional lo establece como un derecho de la ciudadanía-, volvió a golpear la imagen del órgano autónomo.

El 1 de octubre se cumple un aniversario más del autodenominado “gran diario independiente de México”. Reflexionar sobre la historia, trayectoria y oscilaciones editoriales del celebérrimo periódico mexicano El Universal, es una oportunidad para repensar lo que han sido las relaciones prensa-gobierno-sociedad en estos más de 100 años del diario, lo que la prensa ha cambiado o no, y algunos de sus retos en los próximos años.

El ejercicio o sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” que se presenta en las conferencias de prensa (“Las Mañaneras”) desde el miércoles 30 de junio, ha desatado acalorados debates en torno a si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debe utilizar la mayor tribuna de la nación para evidenciar y desmentir a los medios y comunicadores que, desde su punto de vista, publican noticias falsas (fake news).

En todo proceso electoral, en especial en aquellos que suponen un punto intermedio a lo largo de una gestión gubernamental como la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se hacen ejercicios de prospectiva buscando definir los escenarios posibles. En el caso de la elección intermedia de 2021, la más grande en la historia de México, con 21 mil 368 cargos en disputa, la pregunta obligada apunta a saber si la ciudadanía refrendará el triunfo de AMLO en 2018, dándole la oportunidad de profundizar aquellas medidas que harán posible la Cuarta Transformación (4T).

El arranque del 2021 ha sido portador de la reactivación de un tema que desde el año pasado había generado polémica e intercambio de opiniones: los órganos autónomos y la posibilidad de modificar su estructura y tareas.

Presionado los principios fundacionales el frente Morena y sus aliados, conducido por Andrés Manuel López Obrador de 2018 a 2024, quedaron obligados ética, moral, jurídica y políticamente a reconstruir el proyecto de comunicación y cultura de la sociedad mexicana para edificar otro futuro nacional. Sin embargo, pese a la necesidad imperiosa de modificar el marco jurídico heredado de los regímenes anteriores sobre el manejo de la publicidad oficial para suprimir la dañina “Ley Chayote” en México y frente a los compromisos ideológicos comprometidos por el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, éste no avanzó sustantivamente para resolver dicha situación.