Desde el siglo XIX, en occidente, se reconoce a la opinión pública como observadora crítica de la política. Su origen, como fenómeno político-social, complejo propio de la Modernidad, se encuentra en la necesidad de limitar el poder del rey y en la conformación del Estado-nación. Dos siglos después, el “deber ser” crítico de la opinión pública sigue vigente y se ha extendido a toda aquella democracia digna de este nombre. La mexicana, por supuesto, no es la excepción, mucho menos durante un proceso de cambio de régimen como el que se pretende.