El reconocimiento constitucional de los derechos de las audiencias significó concebir a radioescuchas y televidentes como personas con capacidad de discernir, demandar y elegir los contenidos e información que requieren y, a su vez, responsabilizar socialmente a los concesionarios por los contenidos que emiten bajo un esquema de respeto a la libertad de expresión, sin censura alguna.