Manuel Tejeda Reyes
Las dirigencias partidistas y todos los contendientes, tanto del oficialismo como de la oposición, se empeñaron en negarlo, pero lo cierto fue que los tiempos electorales se adelantaron ilegalmente. Quienes tuvimos la oportunidad, durante los meses pasados, de viajar a diferentes entidades del país, pudimos notar los anuncios espectaculares y las bardas promocionando a diversos personajes de la política mexicana.
También fuimos testigos de cómo la totalidad de aspirantes disfrazaron las entrevistas radiofónicas y periodísticas, las portadas de diarios y revistas y las presentaciones de libros, donde participaron, tratando de negar que estuvimos en presencia de actos de precampaña, porque según ellos se estaban disputando una “Coordinación”, cuando todos supimos que realmente se trató de una abierta y descarada promoción de políticos que estaban buscando posicionarse para alcanzar la candidatura de sus bloques partidistas a la presidencia de la República, frente a las elecciones de 2024.
Las precampañas estuvieron presentes y ahora ya lo están también las campañas, que siguen en las calles, en las plazas, en los actos públicos y privados de las dos aspirantes a alcanzar la titularidad del poder Ejecutivo, quienes curiosamente han tomado una narrativa simuladora y surrealista, consistente en no llamar por su nombre el cargo y la aspiración electoral que ambas tienen.
La impudicia y la simulación, se apoderaron de la conducta de los actores políticos de Morena y de uno de los dos bandos opositores, cuando decidieron iniciar, de forma anticipada e ilegal, el proceso político del próximo año –recordemos que conforme a la legislación electoral, las precampañas tendrían que haber empezado en noviembre– y actuar cínicamente en contra de lo que establece el marco jurídico, ello a ciencia y paciencia de las autoridades que deberían regular esa materia.
En Morena empezaron con el cuento y utilizando una serie de aseveraciones muy mal disfrazadas de argumentos, trataron de convencer a la ciudadanía sobre que su proceso estaba encaminado a designar a un coordinador de los denominados “Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, pero el esfuerzo fue en vano porque todos supimos que realmente iban a desvelar el nombre de quien próximamente será su candidata presidencial.
Y desde el bando opositor las cosas no fueron distintas. Después de que en Morena arrancaron su precampaña, los líderes de los partidos de oposición reprocharon la ilegal anticipación del bloque oficialista, pero luego de pensarlo un poco terminaron por hacer exactamente lo mismo que tres minutos antes rechazaban con rotundidad.
En este episodio de nuestra vida política, desde mi perspectiva, las autoridades electorales terminaron muy mal paradas, simplemente porque abdicaron de sus responsabilidades y mostraron una absoluta falta de potestad; fueron pusilánimes en sus decisiones y tanto el INE como el Tribunal Electoral terminaron por revalidar la simulación de los partidos y optaron por no hacer cumplir las normas, lo cual es su obligación legal y constitucional.
Al dejar de considerar que los partidos políticos realizaron actos de precampaña, la autoridad electoral también optó por no fiscalizar a fondo los gastos que se ejercieron. ¿Quiénes fueron los poderosos que aportaron el dinero para las precampañas? ¿A cambio de qué cosas, la totalidad de los contendientes recibió dinero privado, que terminó siendo gastado en forma opaca?
¿Se comprometieron recursos públicos, vía la futura asignación directa de contratos, para los magnates que aportaron dineros destinados a los gastos de los precandidatos? ¿Se ofreció protección política, o dentro de las fiscalías o en los espacios del poder judicial? De una cosa estoy seguro, los particulares que fueron donantes y financiaron las aspiraciones de los candidatos a la presidencia no son hermanas de la caridad, ellos ansían obtener contratos o recibir favores que superen el total de su “inversión”. Si dieron dinero, y eso seguramente sucedió, más temprano que tarde lo van a ir a cobrar.
Ante la postura fatua de la dirigencia de Morena, que fijó como tope de gastos para una precampaña que en teoría no lo era, cinco millones de pesos para cada aspirante a la candidatura; frente al silencio en ese tema de los dirigentes del PRI, PAN y PRD, todo fue simulación. Las donaciones de los particulares sin transparencia pueden generar graves perversiones y retrocesos, que terminarán por deformar la incipiente democracia mexicana. A eso le apostaron el oficialismo y buena parte de la oposición.
Lo que fue puesto en juego terminó siendo la equidad de la contienda y a quienes les tocaba garantizarla, el INE y el TEPJF, aparcaron su función de autoridades electorales y ya sabemos qué fue lo que terminaron por dejar hacer y por dejar pasar. Creo que los actores políticos, salvo la honrosa excepción de los integrantes de Movimiento Ciudadano, en forma por demás imprudente, hicieron todo lo posible por pasar por encima de las leyes electorales y terminaron por conseguirlo, ante la penosa irresponsabilidad de quienes se deberían de encargar de garantizar el cumplimiento de esas mismas normas. Mal empieza una contienda que aspira a ser democrática y equitativa, cuando antes de empezar la casi totalidad de los contendientes atentaron contra sus reglas.
Debo precisar que los consejeros del INE, en su momento, aprobaron unos lineamientos para esas contiendas adelantadas, más preocupados en darle algún soporte legal a procesos electorales que ya estaban en marcha, que en salvaguardar el orden constitucional y legal. Y es que, si uno lee con cuidado la legislación electoral, resulta que tanto Morena como el denominado Frente Amplio por México, se ubicaron en el supuesto de actos anticipados de precampaña y campaña y, por lo tanto, dieron materia para una eventual nulidad en la elección. No digo que eso vaya a pasar, sólo por el hecho de que en este país la ley es un tema que no es tomando seriamente.
Los lineamientos del INE, en lugar de ser un freno ante la simulación, fueron la ratificación de la misma. Muy mala noticia para la ciudadanía, porque si algo hace falta en México son autoridades dispuestas a castigar a aquellos que transgredan la ley, aunque eso no es lo único, porque también se necesitan actores políticos que acaten las normas que ellos mismos legislaron.
Otro de los temas que al menos a quien escribe le resultó sorprendente, fue el derivado de las reacciones de la mayoría de los participantes en los dos procesos de designación de las candidatas presidenciales, mismas que se reflejaron claramente en las declaraciones públicas que quedaron plasmadas en la prensa cuando concluyeron cada uno de esos distintos procesos. Desde las proclamas provenientes del Frente Amplio por México, donde afirmaban que en su contienda había ganado la democracia; pasando por los dichos de Adán Augusto López, quien señaló sin reservas que “el pueblo decidió”, hasta las exclamaciones de júbilo de los dirigentes de Morena, quienes exultantes manifestaron que la candidatura de Claudia Sheinbaum se había alcanzado “por mandato popular”; lo que no pasó inadvertido para quien escribe este texto, fue que esas mismas manifestaciones permitieron prestar atención en las mecánicas implementadas por los partidos políticos, mismas que luego fueron respaldadas por algunos sectores de la prensa.
Los primeros por la forma cómo acoplan sus decisiones de selección de candidatos a métodos que en el pasado podrían haberse considerado poco democráticos y que hoy se presentan como lo más avanzado de la vida republicana, donde la prensa favorable a uno u otro bando simplemente se prestó a convalidar, sin mayor rigor, los discursos de aquellos con los que simpatiza, mientras que a la par calificó de simuladores a sus contrapartes, unos y otros prácticamente con los mismos razonamientos.
Lo cierto es que luego de décadas de reformas electorales, aún no se ha conseguido contar con instrumentos democráticos de participación para que la ciudadanía que milita y/o simpatiza con los partidos políticos elija a sus candidatos. Por eso mismo, lo que actualmente hay es la selección, y en muchas ocasiones la imposición, que hacen las cúpulas dirigenciales o las personas de poder en las instancias partidistas. Así las cosas, en México la ciudadanía vota por las opciones que le presentan las dirigencias de los partidos, los dueños de éstos o los personajes de gobierno con poder de decisión.
En este contexto, el partido en el poder y su líder, el presidente de la República, decidieron recorrer la ruta de las encuestas, en términos de los estatutos de Morena, como método para elegir sus candidaturas, entre ellas la correspondiente a la presidencia, y los partidos que están aliados con ellos se plegaron a esa determinación. La oposición, agrupada en el Frente Amplio por México, finalmente también decidió proponer las encuestas como mecanismo para elegir su candidatura.
En el partido Morena dicen que con las encuestas han tenido éxito en las designaciones de sus candidatos a las gubernaturas y que en la mayoría de las contiendas han salido triunfadores. Puede ser cierto, pero también lo es que en diversos casos varios aspirantes se quejaron de haber quedado excluidos del ejercicio; en otros hubo reproches frente al resultado y posteriormente recompensas a la conformidad -el caso que me perece más relevante para destacar es precisamente el de Claudia Sheinbaum contra Ricardo Monreal, cuando ambos disputaron la candidatura por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, previo a las elecciones de 2018.
También se han dado rupturas, como sucedió con el caso de Ricardo Mejía en Coahuila. Y al momento de escribir estas líneas no se sabe qué se hará desde la cúpula del partido, en el caso de la abierta inconformidad de Marcelo Ebrard contra la designación de Claudia Sheinbaum.
Es cierto que como sucede en la mercadotecnia, las encuestas en la política pueden constituir una herramienta ventajosa para conocer sobre las predilecciones de los consumidores como de los votantes, pero están lejos de ser cien por ciento seguras y más aún lo están de ser un instrumento democrático de participación. Para empezar porque todas tienen márgenes de error que en algunos casos han sido altamente considerables, como sucedió en el caso de las elecciones presidenciales de 2012. Pero lo cierto es que una encuesta de ninguna forma puede ser considerada como una forma democrática de par ticipación política, dado que apenas y alcanza la categoría de un dato estadístico que expone una valoración en el momento del cálculo o, dicho en otras palabras, es la fotografía de un momento concreto, ni más ni menos. Las encuestas no son, como lo afirmó Adán Augusto López, la forma en la cual “el pueblo decide”; tampoco sustituyen, como lo dieron a entender los dirigentes de Morena, “el mandato popular”. Esas concepciones son, en el mejor de los casos, equivocadas, y en el peor de ellos, de plano falsas.
Todo indica que las encuestas se han convertido en un nuevo mecanismo para legitimar decisiones políticas previamente tomadas, que se transitan para darle un barniz de legitimidad popular a las mismas, dentro de un sistema de partidos políticos a los que ya no les interesa contar con instrumentos democráticos de participación, porque creen haber encontrado en las encuestas el pretexto perfecto para dejarlos de lado, junto con las propuestas de gobierno, para ahora darle a los aspirantes a convertirse en candidatos únicamente el trato de bienes de exhibición y “merchandaising”, como si fueran producto de una marca comercial.
Ilegalidad, simulación, autoridades ausentes, sustitución de instrumentos democráticos por datos demoscópicos y concepciones equivocadas o falsas, no son buenas augurios para un proceso electoral que apenas comienza.
*Abogado y analista político
