Manuel Tejeda Reyes*
El lunes 21 de noviembre de 2022, la policía del estado de Chihuahua detuvo a Francisco González Arredondo, exfiscal de derechos humanos y también exfiscal anticorrupción durante el gobierno de Javier Corral Jurado en esa entidad (2016-2021). Lo hizo basado en que un testigo protegido lo acusó de haber cometido en su contra lo que denominó “tortura sicológica”, en el desarrollo de la investigación de los expedientes de la denominada operación “Justicia para Chihuahua”, que implicó la encarcelación del exgobernador César Duarte Jáquez y la de varios de sus colaboradores. La referida investigación contra Duarte –acusado del desvío de 6 mil millones de pesos del erario chihuahuense– fue el fundamento para que se dictaran 14 órdenes de aprehensión, mismas que sirvieron de apoyo para su detención en Estados Unidos y la posterior extradición de la que fue sujeto.
Algunas horas después de la captura de Francisco González Arredondo, el padre del exfiscal, quien lo acompañaba cuando se ejecutó el operativo de captura y por lo tanto presenció la forma avasallante con la que sometieron a su hijo los elementos de un convoy formado por 10 patrullas de la policía estatal, quienes portaban armas de grueso calibre, falleció de un infarto derivado de las afectaciones que le causó presenciar esa desmedida operación policiaca.
Tanto la defensa legal del exfiscal González Arredondo, como diversos activistas, periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, señalaron que el procedimiento judicial que se le instauró ha estado plagado de violaciones al denominado debido proceso y a la presunción de inocencia. Para empezar, el uso excesivo de la fuerza policiaca al momento de la detención del exfiscal, lo que le provocó una tragedia a la familia González Arredondo, siguiendo con los absurdos cargos que se le imputan; la falta de pruebas de la Fiscalía y de quienes denunciaron la presunta tortura sicológica y la violación del término procesal para vincular a juicio al exfiscal acusado.
Además, la juez del caso negó el pedido de la defensa para conceder la prisión preventiva en el domicilio del procesado, lo que implicó que se le recluyera en el mismo penal en el que cumplen sus condenas los anteriormente acusados y procesados por el ahora exfiscal. Estas son algunas muestras de las anomalías de lo que constituye no un juicio producto de la comisión de delitos, sino una venganza de la gobernadora María Eugenia Campos y una muestra más, por si hiciera falta, del estado lastimoso que guarda la justicia en México, a la que ni la autoproclamada Cuarta Transformación ni los partidos que precedieron a Morena en el gobierno y que todavía hoy se siguen presentando como alternativa, pueden honrar o al menos dejar de obstruir.
Cabe recordar que el origen de la venganza de la gobernadora María Eugenia Campos se ubica en la investigación que se ordenó, por parte del gobierno de Javier Corral, derivada de que se denunció una presunta triangulación de fondos públicos provenientes del gobierno federal y que fueron transferidos a la campaña del PRI en Chihuahua durante las elecciones de 2016, justamente cuando estaba en disputa la gubernatura de ese estado. El hecho generó un escándalo porque se implicó en el desvío de esos recursos públicos el exsecretario general adjunto del comité ejecutivo nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, cuando ese partido estuvo encabezado por Manlio Fabio Beltrones.
Francisco González Arredondo fue designado por el exgobernador Javier Corral como el encargado de las investigaciones relacionadas con los actos de corrupción de César Duarte. Como resultado de su trabajo, 49 personas, entre las que se cuenta a exfuncionarios y empresarios, fueron llevadas a juicio; se recuperaron aproximadamente 55.8 millones de pesos que habían sido desviados de los recursos públicos de Chihuahua. Las investigaciones condujeron a la captura en Estados Unidos del exgobernante priista y a su posterior extradición a México para ser enjuiciado. Pero eso no fue todo, ya que las investigaciones de González Arredondo también dejaron ver que la actual gobernadora, María Eugenia Campos, habría recibido sobornos de César Duarte cuando ella fue diputada local.
En su momento, cuando se hizo pública la determinación tomada por el exgobernador Corral de iniciar la llamada operación “Justicia para Chihuahua”, me pareció muy positivo para nuestra vida pública que se realizaran investigaciones en materia de combate a la corrupción. Asimismo, me parecieron naturales, por obvias y no porque fueran fundadas, las descalificaciones que se profirieron en contra del ahora exgobernador desde el entorno priista; también contra las propias indagatorias y contra quienes tomaron la tarea de darles trámite.
En ese entonces se acusó a Corral de estar realizando “acciones electoreras”, sin considerar que él ya había ganado su cargo de gobernador, precisamente en el proceso electoral que tuvo lugar en el estado en el año 2016. Los que lanzaron esas invectivas no consideraron que las averiguaciones iniciaron en un año en el que no se disputaron elecciones locales en Chihuahua, así que tampoco resultó cierta la acusación de que el gobernador politizó la justicia. Lo que sí ocurrió fue la demostración, por parte de Javier Corral y del exfiscal Francisco González Arredondo, de que con arrojo político y con destreza legal, con una buena investigación y allegándose de pruebas, sí resultaba posible sancionar, dentro del marco de la ley, la corrupción y a los corruptos.
Pero los tiempos cambian para que ahora sigamos igual que siempre, y lo que hoy nos está probando la gobernadora María Eugenia Campos es que seguimos viviendo en la simulación cuando se trata de perseguir y castigar la corrupción en México, porque aun y cuando en el pasado reciente los gobernantes de Chihuahua tuvieron la voluntad para recabar y presentar pruebas y así sostener judicialmente acusaciones respecto de actos de corrupción, ahora estamos en el momento en el que ella, quien fue beneficiaria directa de la nómina secreta de César Duarte, hace todo lo necesario para estrellar los juicios iniciados contra Duarte y sus cómplices, ella incluida, en los muros de la impunidad y del cinismo.
Lo asevero, en primer término, porque en el caso de los delitos que se le imputan al exfiscal González Arredondo, lo único que se advierte es un burdo intento de obstaculizar la justicia y de buscar venganza contra quien pretendió sancionar actos de corrupción y, además, porque también busca castigar la imagen de su antecesor, Javier Corral, quien no se prestó a la simulación, simplemente porque él y Francisco González Arredondo sí hicieron su trabajo y persiguieron los delitos relacionados con la corrupción de los anteriores gobernantes, independientemente de su nombre y cargo.
Los hechos nos muestran que a nivel estatal sigue vigente el pacto de impunidad entre el PRI y el PAN y que quienes se atrevieron en el pasado o quieran atreverse en el futuro a tratar de romperlo, van a pagar las consecuencias de su osadía y van a sufrir las represalias, como está ocurriendo hoy en Chihuahua.
Me parece que lo que está en juego en este caso no es nada más la persecución de actos de corrupción en Chihuahua durante el gobierno de César Duarte, sino la muy poco efectiva lucha “Anticorrupción” del gobierno federal, porque si quienes se atrevieron a cuestionar y/o a ejercer acciones contra el pacto de impunidad que se ha mantenido vigente en las distintas administraciones federales, estatales y municipales van a ser reprimidos, como le está ocurriendo ahora a Francisco González Arredondo, quedará en evidencia el uso político de esa “lucha”, es decir, se estará mandando el mensaje sintetizado en lo siguiente: “Aquel que se atreva a investigar seria y eficazmente actos de corrupción, en su momento recibirá represalias o persecución política y eventualmente, incluso la cárcel, si la investigación afecta a grupos poderosos en términos políticos”.
Al respecto no puedo dejar de pensar en el señor Alejandro Moreno, tan libre como el viento, a pesar de todas las exhibiciones públicas de su corrupción, pero eso sí, en su momento funcional a los intereses de este gobierno. Ahí está una de las paradojas de la justicia mexicana: Francisco González Arredondo, que persiguió y encarceló a los corruptos de Chihuahua, ahora está preso; mientras que Alejandro Moreno sigue tan campante, no obstante todas las proclamas que insisten en que la corrupción en México ya se acabó.
Por otra parte, cabe decir que seguramente lo mismo que ocurrió en Chihuahua, es decir la triangulación de fondos federales para desviarlos a las campañas del PRI con la complicidad de los ejecutivos locales, también sucedió en los estados donde hubo elecciones en 2016 y antes de ese año, pero los gobernadores de esas entidades quizá no estuvieron dispuestos a hacer lo mismo que sí hicieron el exgobernador Corral y el anterior fiscal González Arredondo, precisamente porque advirtieron cuáles podrían ser las consecuencias políticas de esas acciones, es decir, advirtieron que conseguirían recibir represalias que podrían afectar inclusive su libertad personal.
Pero no todo son malas noticias en este caso, porque hay que destacar también el compromiso con el efectivo combate a la corrupción del gobierno de Javier Corral y el trabajo serio y profesional de Francisco González Arredondo en el cumplimiento de la encomienda. Esos hechos nos dan la esperanza para pensar que sí es factible que desde el propio gobierno se pueda y se deba combatir la corrupción; asimismo, nos indica que afortunadamente han existido gobernantes con determinación, como Javier Corral, y fiscales probos, como Francisco González Arredondo; ello independientemente de que también sea cierto que nuestro panorama de cuadros políticos caracterizados por su trabajo en pro de las causas de interés general no es muy amplio; sin embargo, vale la pena reconocer tanto a Javier Corral, quien tiene años dando distintas peleas en beneficio de la sociedad, como la que dio cuando organizó a legisladores de diversos partidos para interponer una acción de inconstitucional contra la llamada “Ley Televisa”, al final del sexenio de Vicente Fox, lo que le costó mucha inquina de la propia televisora; así como a Francisco González Arredondo, fiscal comprometido con la justicia; quien ahora está pagando los costos de hacer un buen trabajo, simplemente porque la actual gobernadora de Chihuahua es, sin duda, una persona que lucha por preservar sus intereses y sus propias causas, antes que velar por el interés público.
Ojalá que muchos políticos imitaran a Javier Corral y muchos fiscales a Francisco González Arredondo, porque lo que pudieron probarnos es que se puede perseguir y sancionar la corrupción; que se puede disminuir la impunidad en México y ojalá que después de la lamentable actuación del gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos, en el caso de la persecución que emprendió contra Francisco González Arredondo, contando para ello con el apoyo del Poder Judicial de Chihuahua, surja una revisión de todos los procedimientos administrativos y judiciales que se prestan a la arbitrariedad y que permiten la selectividad de los castigos, lastimosamente a aquellos que se opusieron a las simulaciones en el combate a la corrupción.
Cierro este texto indignado por lo que se ve en México en materia de juicios y procedimientos legales y, por supuesto, también reclamando justicia para Francisco.
