Manuel Tejeda Reyes
El pasado 7 de noviembre de 2023, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentó su renuncia al cargo que desempeñaba como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No es común que eso ocurra y prueba de ello es que, a partir de la reforma constitucional de 1994 que produjo la actual integración de la SCJN, el único antecedente al respecto es la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, presentada también al presidente López Obrador al inicio de su sexenio y que fue aprobada por el Senado el 8 de octubre de 2019. Casi 4 años después se vuelve a dar un caso análogo.
El común denominador en las dos renuncias fue que no se hicieron públicos los motivos que sustentaron la “causa grave” que orilló a los dos ministros a dejar el sitio que ocupaban en el más alto tribunal del país, no obstante que por expresa disposición constitucional, acreditar ese tipo de causa es exigible para la procedencia de la renuncia.
Considero que resulta pertinente reflexionar sobre la personalidad jurídica y política de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; también sobre si fue una decisión del presidente López Obrador o si el ministro saliente pudo tener sus propias razones para marcharse, y si el hecho mismo constituyó o no una afrenta y una abolladura en el bastón de mando de la candidata Claudia Sheinbaum.
Iniciemos por lo más notorio: la renuncia de Arturo Zaldívar al cargo de ministro de la SCJN provocó molestia en un amplio sector de la opinión pública y también en extendidos espacios de la colectividad judicial, en lo particular y jurídica en lo general; ello obedeció no únicamente al hecho de que él abandonó su espacio en el tribunal de más alto rango en el país, sin hacer del conocimiento público alguna “causa grave”, como lo señala la Constitución, principalmente, debido a su determinación de pasar a formar parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum; ello sin esperar que el Presidente López Obrador aceptara la renuncia y que el Senado la aprobara, lo que implicó una absoluta falta de cuidado en el respeto a las formalidades legales, tan propias del mundo jurídico.
Estimo que la irritación contra Zaldívar, reflejada en los espacios de opinión, tanto en la prensa escrita como en la radio y la televisión, se explica no sólo si consideramos la preeminencia jurídica y la naturaleza política del cargo de ministro y la forma tan poco esmerada en la que él pasó de ser juez constitucional a activista político, sino también a que la polarización en la que está sumido el país genera cualquier cantidad de críticas, teorías de la conspiración y proclamas, sin importar si son fundadas o no, de ahí que todo movimiento o cambio que se efectúe desde el gobierno para fortalecer sus posiciones, siempre será mal visto desde la parcela opositora, al igual que sucede cuando los que son percibidos como adversarios de López Obrador tratan de robustecerse, puesto que desde la tribuna gubernamental les llueven las críticas, razonadas o no, y los adjetivos, excedidos o propicios.
Pero también se debe considerar que la decisión de Zaldívar de dejar la SCJN para ir a una campaña presidencial es muestra de la visión táctica de un abogado con agudo olfato político quien, al canjear su espacio de juez constitucional por la arena partidista, busca refrendar su simpatía con el grupo gobernante y reducir los tiempos para volver a ejercer poder político.
Arturo Zaldívar tiene una sólida formación académica, pues es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en derecho por la UNAM. Antes de formar parte de la SCJN fue un destacado litigante. Se le propuso dentro de la terna para convertirse en ministro por el presidente Felipe Calderón, en el año 2009. Cuando llegó a la SCJN, inmediatamente se distinguió por generar criterios judiciales transformadores y por resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción bajo cánones construidos para favorecer el ensanchamiento de los derechos humanos.
Recordemos que Arturo Zaldívar fue el juez constitucional que forjó en su Ponencia dos sentencias transcendentales en la historia reciente de la SCJN (los casos de los niños quemados en la Guardería ABC y la acusación de secuestro contra Florence Cassez), mismas que le permitieron, por derecho propio, instalarse ante los ojos de la opinión pública como un ministro protector de los derechos humanos. Ambos fallos marcaron la pauta para refrendar su independencia frente a Felipe Calderón, el Presidente que lo nominó, pero no sólo eso, porque también se colocó a la vanguardia frente a la posibilidad de cambiar las perspectivas conservadoras de la SCJN y se convirtió, para diversas porciones del activismo social, los analistas de prensa, influyentes liderazgos políticos e integrantes de la academia, en el modelo de juez que la sociedad mexicana necesitaba y ambicionaba.
En este contexto fue que en enero de 2019 se postuló y fue electo presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), luego de que en la elección celebrada cuatro años antes había sido derrotado por Luis María Aguilar Morales, en su primer intento por encabezar el Poder Judicial Federal. Durante su presidencia, Zaldívar no sólo evitó el duelo directo con el gobierno de López Obrador, porque también acercó sus posiciones a los intereses de la autodenominada Cuarta Transformación, lo que en ocasiones le implicó comprometer sus dotes jurídicas, votando a favor de pretensiones legalmente absurdas, como lo fue la celebración de la consulta para supuestamente saber si la ciudadanía estaba a favor de que se juzgara o no a los expresidentes; así como difiriendo la discusión, en el Pleno de la SCJN, de asuntos de relevancia para el gobierno en los que no estaba claro que sus posturas pudieran prevalecer.
Como presidente de la SCJN y del CJF siempre tuvo en cuenta el contexto político, pero también se presentó ante la sociedad como un funcionario cercano a la gente; para ello desplegó una ambiciosa estrategia de comunicación en todas las redes sociales, con preferencia por Tik Tok, además de que se volvió frecuente que el entonces ministro presidente diera conferencias de prensa para exponer el sustento de algunas decisiones y para expresar sus posturas sobre temas concretos.
En este sentido, luego de que ejerció a plenitud el poder jurídico y político como presidente de la SCJN, tengo la impresión de que, al regresar a ser uno más de los integrantes de una de las Salas y del Pleno, la convivencia con sus pares no debió tornarse fluida, la tirantez entre sus posturas legales y las de sus colegas seguramente le volvió complicado el trabajar día a día, aunado a que sus dos aliadas en la defensa de los intereses del gobierno, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, principalmente la primera, no son la mejor compañía a la hora de argumentar para llegar a tomar las determinaciones que debe de asumir la SCJN, lo que le debe haber provocado una sensación de absoluta soledad.
Desde mi perspectiva, algunas o todas esas razones, sumadas a las que él ya hizo públicas y a las que no, propiciaron que Arturo Zaldívar optara por dejar su espacio en la SCJN y, como consecuencia de esa decisión, se abrió la puerta para que el presidente López Obrador, en uso de sus facultades constitucionales, propusiera a quien dijo será una nueva ministra (esperemos que quien llegue al cargo al menos lo haga sin tener problemas con la elaboración de su tesis de licenciatura), y para ello naturalmente va a buscar a quien vea con simpatía sus reformas, a quien haga alianzas internas con sus dos personeras y apoye en la discusión y en las votaciones, tanto en la Sala a la que se integre como en el Pleno, los asuntos que son de interés para su gobierno.
Arturo Zaldívar ya no daba para más en el debate interno y se quedó sin aliados de peso al interior de la SCJN; asumir a cabalidad sus criterios y posiciones jurídicas lo iban a llevar, más temprano que tarde, a enfrentarse al gobierno y creo que concluyó que el retirarse a tiempo equivale a una victoria, misma que le daría además la opción de evitar el trance de pelear con quien antes fue su apoyo, el presidente López Obrador. La decisión también le es redituable porque le permite mantener e incluso acrecentar sus vínculos con Morena y porque presumiblemente ese partido se mantendrá en el gobierno luego de las elecciones de 2024. Salir ahora le hará aprovechar los meses siguientes para estar en la campaña y así reducir los dos años de espera, en términos de lo que establece la Constitución, para luego de que transcurra ese plazo le sea factible colocarse de nueva cuenta en la primera línea del aparato público, aunado a que fortalecerá su presencia en la vertiente política y hará nuevas relaciones con los variados y contradictorios grupos de interés que conforman la autodenominada Cuarta Transformación. Pero por sobre todas las razones anteriores, me parece que Zaldívar buscará afianzar su factible papel de ser el operador jurídico de excelencia en el siguiente gobierno.
Ahora bien, ¿es cierto que Arturo Zaldívar renunció a seguir siendo ministro de la SCJN para hacerle un favor al presidente López Obrador, o siguiendo sus indicaciones, para que sea él y no su sucesor quien elija al ministro que habrá de sustituirlo? Las dos aseveraciones implícitas en esa pregunta, tan reiteradas en las especulaciones de prensa durante los días anteriores, al menos a mí me resultan erradas.
Basta con observar cómo está la correlación de fuerzas al interior de la SCJN para advertir que con ese movimiento, el presidente López Obrador ganaría poco con la renuncia anticipada de Arturo Zaldívar, porque, a diferencia de lo que sucedió cuando se fue Eduardo Medina Mora, él ahora pierde a un ministro consonante con sus posiciones, a quien sustituirá por otra ministra que, naturalmente, él creerá que será análoga a su visión política, pero hasta ahí. Si acaso, el presidente López Obrador gana sólo un puesto jurídico y político importante, pero que no sería definitorio a la hora de las votaciones, dado que sólo impactaría como una más entre once integrantes y, por ese sólo hecho, estaría lejos de influir en las decisiones de la SCJN. Dicho en otras palabras, para un Presidente que privilegia la política partidista, un nombramiento de esa naturaleza, propio para la reflexión sosegada y el análisis jurídico, me parece que está bastante lejos de los primeros lugares en la lista de sus prioridades.
Suponiendo que Claudia Sheinbaum ganara las elecciones, ¿pierde al dejar de postular a la SCJN a un candidato propio? Creo que, en realidad, perdiendo gana. Lo asevero porque tengo la impresión que con la adhesión de Arturo Zaldívar a su campaña, el mensaje que está mandando es que a diferencia de lo que ha sucedido en el gobierno de López Obrador, en el que imperaron en la agenda jurídica las iniciativas de leyes y los decretos formulados al vapor, sin cuidado y con enormes contradicciones jurídicas, la candidata Claudia Sheinbaum ya tiene claro que en el eventual gobierno que ella encabece, no será posible implementar cambios legales duraderos sin el debido rigor jurídico.
Mientras que durante el gobierno de López Obrador se perdieron muchas batallas en los tribunales, en buena medida porque su primer consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, actuó privilegiando sus negocios, buscando concentrar poder y tratando de obtener el mayor provecho posible para él y los suyos; mientras que la segunda consejera, María Estela Ríos, simplemente se ha quedado corta y no ha hecho patente que cuenta con las habilidades necesarias para encabezar las disputas legales en los tribunales. Ese esquema se ha replicado en los equipos jurídicos de las secretarías de Estado, lo que explica por qué durante el gobierno de López Obrador la constante han sido las derrotas judiciales.
Por esa razón vale la pena dimensionar que en el caso de Arturo Zaldívar se está sumando una asesoría legal sólida, que podría formar un equipo jurídico de primer nivel, para así hacer avanzar una agenda de cambios con el correspondiente respaldo legal, que pueda tener en cuenta que seguirán lloviendo juicios de amparos y demandas al por mayor.
Termino este análisis con el asunto de la “causa grave” que exige la Constitución sea acreditada para que resulte procedente la renuncia de un ministro de la SCJN. Me pregunto si eso es necesario y pertinente. ¿Qué pasa cuando un funcionario público ya no se siente cómodo en el puesto que desempeña? A veces, en el desarrollo del debate público, pasamos por alto que las personas que desempeñan los cargos más encumbrados son también personas normales, con afanes, fracasos, alicientes y temores. Son también personas con ideas y proyectos propios, que si tienen suerte pueden desplegar en consonancia con sus preferencias políticas, su ideología y sus anhelos, con aquello en lo que creen y en lo que piensan.
Entonces, si alguien ya no está contento ni se siente cómodo en cualquier trabajo, así sea en la Suprema Corte de Justicia, tampoco veo que sea necesario obligarlo a quedarse a desempeñarlo, así sea contra su voluntad, a riesgo de que en caso de irse sea calificado como traidor. Eso a mí me parece un exceso y todo un despropósito y quizá valdría la pena pensar en debatir sobre la supresión de ese requisito constitucional.
*Abogado y analista político
