Norma Julieta del Río Venegas
El 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información que, en su edición 2023, reconoce la relevancia de los espacios en línea en la garantía efectiva de este derecho. No cabe duda que con las herramientas digitales actuales, así como con el desarrollo del internet y la virtualidad, se abren grandes oportunidades para garantizar el acceso de todas las personas a la información pública; sin embargo aún hay brechas importantes que atender para lograr este objetivo.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), este año la celebración se realizará en Oxford, Reino Unido, donde especialistas reflexionarán en torno a la problemática y propondrán nuevas formas para impulsar el acceso a internet.
Además, se desarrollarán tres paneles: uno sobre la accesibilidad y conectividad de internet como catalizadores del derecho a la información; otro sobre el papel de los gobiernos, los poderes judiciales y los comisionados de la información en cada país para garantizar el correcto funcionamiento de internet; y el último foro relativo a la necesidad de una cooperación internacional para el fortalecimiento de este derecho, considerado también dentro de los objetivos de la Agenda 2030.
El consenso general en México y en el mundo es que las soluciones tecnológicas deben pensarse de manera proactiva para tender puentes, pues estas ahorran tiempo y esfuerzo para la sociedad que quiere información y rendición de cuentas.
En este sentido, la lucha social en nuestro país ha logrado avances sustanciales para alcanzar este objetivo, mismo que se refleja en las Leyes de Transparencia, las cuales no solo reconocen y legislan “el derecho a saber”, sino que han permitido el desarrollo de una herramienta virtual que concentra la información pública que genera el Estado: la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Hoy esta Plataforma es ese espacio en línea, como diría la UNESCO, que permite ejercer de manera rápida y eficiente el acceso a la información en México, pues atiende cada detalle que puede y resulta importante para los mexicanos; dígase contratos, sueldos de funcionarios públicos, presupuesto, entre otros datos. Además, la PNT permite hacer solicitudes directas a instituciones sobre temas o preguntas específicas para requerir información que no es considerada una obligación de transparencia.
En el mundo existen otros ejemplos de plataformas de acceso a la información, como el sitio rtionline.gov.in, creado por el gobierno central de la India para canalizar solicitudes de información, o el sitio foia.gov del gobierno federal de Estados Unidos. Sin embargo, para poder realizar una solicitud a través del primer sitio se requiere realizar un pago; de igual forma, en ambas plataformas no es posible consultar solicitudes realizadas por otras personas, lo cual obliga a una consulta agotadora de diversos sitios oficiales. Por ello, la PNT destaca y se posiciona como un ejemplo mundial.
La Plataforma Nacional de Transparencia como máximo estándar internacional
En México se pueden hacer solicitudes de acceso a información desde el 2003, cuando entró en vigor la primera ley de la materia. La legislación, las instituciones y las herramientas tecnológicas creadas para ello han sido perfeccionadas progresivamente. En 2014 se reformó la Ley de Transparencia, ordenando la creación de una plataforma digital que permitiera el acceso universal a la información pública en el país.
Hasta el 22 de agosto de 2023 se tienen 687 mil 906 usuarios registrados en la PNT; se han canalizado 8 millones 807 mil 376 solicitudes de información y se han atendido 387 mil 463 recursos de revisión. Adicionalmente, se tienen más de 10 mil 783 millones 767 mil 511 registros de obligaciones de transparencia generadas por los 8 mil 272 sujetos obligados del país.
Esta solución tecnológica para el acceso a la información ha sido presentada en distintos foros y encuentros internacionales, en los cuales se ha mostrado los avances para la transparencia y cómo un espacio digital puede concentrar masivamente la información generada por el gobierno y distintas autoridades públicas; destacando la desagregación de la misma a través de buscadores, así como las posibilidades para que la ciudadanía pueda no solo hacer solicitudes de información, sino también gestionar solicitudes y trámites en materia de datos personales.
Han sido foros como el Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, en Cartagena, España; el Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) en Panamá; o la Conferencia Internacional de Comisionados de Información en Puebla; donde comisionados y autoridades de distintas partes del mundo han reconocido este esfuerzo nacional.
Hoy este espacio es visible internacionalmente, pues recibe también visitas fuera de nuestras fronteras; se contabilizan accesos de países como Estados Unidos con el 63.65%; Rusia con el 18.99%; Reino Unido con 9.16%; España con 3.92%, y Brasil con 3.19%.
Y es que, entre las características más valiosas e importantes de la Plataforma destaca la posibilidad de consultar la información y desarrollar solicitudes en anonimato, mismo que es considerado indispensable en México como parte de una transparencia sin consecuencias directas desafortunadas del uso legítimo de este derecho pues, como sabemos, la historia nos recuerda el asedio a periodistas o ciudadanos que buscan conocer lo público.
De este modo, la PNT ha sido y seguirá siendo una aliada para los periodistas de investigación, medios y organizaciones de la sociedad civil que han dedicado gran parte de sus esfuerzos a develar posibles actos de corrupción, encontrando casos importantes que han trascendido en la opinión pública de nuestro país (como Segalmex, Odebrecht, la “Casa Blanca” la “Estafa Maestra”).
Sin internet, ¿cómo garantizar el acceso a la información?
Para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es básico que la sociedad pueda acceder a información pública, pero reconoce que, si bien los avances en telecomunicaciones son importantes, aún quedan retos que deben atenderse para que este derecho sea reconocido y ejercido a cabalidad por las y los mexicanos.
De acuerdo con las últimas cifras del INEGI, en México habitamos más de 126 millones de personas repartidas en 2,469 municipios; de estos, 2,145 (el 86.9% del total) tienen menos de 70 mil habitantes y concentran poco más de 34 millones de personas, es decir, el 27.5% del total de la población, mientras que más de 91 millones de personas (72.5%) se dividen entre los 324 municipios restantes. Lo anterior significa que en el país existe una alta concentración poblacional en pocos municipios, cada uno con necesidades y rezagos tecnológicos que pueden ser una barrera para el acceso a la información.
En este sentido, el 65% de las personas que vive en los municipios de menos de 70 mil habitantes se encuentra en situación de pobreza, esto es, que presenta o carece de algunos elementos como: rezago educativo; acceso a servicios de salud, alimentación y seguridad social; calidad y espacios de vivienda; servicios de telefonía o internet; entre otros. De hecho, Oaxaca es la entidad con el mayor número de municipios de este tipo (564 de 570). En tanto, para el caso de la población que habita en municipios mayores a 70 mil habitantes, este promedio de situación de pobreza disminuye a nivel nacional.
Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) nos permiten saber que el interés por acceder a información pública en los municipios ha ido a la alza: de 2021 a 2022, las solicitudes de información realizadas a los municipios crecieron de 225 mil a 344 mil, un incremento del 52.9%. En el mismo periodo, los recursos de revisión realizados a los municipios también aumentaron de 12 mil a 22 mil, un alza del 73.5%. ¿Cómo se traducen estas cifras? Que la sociedad, desde metrópolis hasta municipios, tienen interés por acceder a la información.
Hoy en nuestro país existen diversos retos para estos municipios en materia de acceso a la información: las diferencias en los grados de desarrollo entre ellos; la carencia de información básica, accesible y confiable sobre el desempeño de las autoridades; la escasa capacidad institucional para vigilar la acción pública; y la baja participación ciudadana, son algunas barreras que debemos afrontar.
¿Por ello, el INAI desarrolla distintas estrategias y programas para impulsar el derecho de acceso a la información, como es el Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE) que, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, se pone como meta llegar a estos municipios y comunidades más alejadas donde se concentra buena parte de los grupos vulnerables, como son población indígena, migrantes, niños y jóvenes en situación de alta pobreza, mujeres privadas de su libertad, personas con discapacidad.
Retos y perspectivas
El INEGI nos permite saber que el 56% de las y los mexicanos ha escuchado hablar de una ley de transparencia y del INAI. Entonces, ¿cuál es el reto por delante? Impulsar a los institutos de transparencia locales y difundir la ley más allá de los escritorios; debemos ir a municipios que no cuentan con acceso a internet, para orientarlos y mostrarles los beneficios de la información, ya que esta permite no solo estar enterados del contexto y nuestra realidad, sino literalmente, cambiar vidas.
El derecho a saber ha transformado realidades en nuestro país y sigue ganando terreno. Tenemos incontables ejemplos de comunidades que gracias a solicitudes de información han mejorado su calidad de vida, sin embargo, nos falta. Tenemos la voluntad de todos los institutos garantes, sociedad y autoridades para seguir avanzando, a pesar de que se ha tratado de socavar este derecho.
Aún cuando existen omisiones legislativas para la designación de Comisionados del INAI o la campaña en contra de este Organismo Constitucional Autónomo, ha sido el apoyo de la sociedad civil lo que ha logrado centrar la atención mundial ante el riesgo de retroceso para México y la región en materia de transparencia y acceso a la información.
Debido al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Pleno del INAI ya puede sesionar con normalidad, y seguiremos trabajando incansablemente para que se garanticen las libertades a la información, la protección de datos personales y la privacidad.
Este es nuestro compromiso, respaldado por nuestra Constitución y por la máxima autoridad judicial en México. Es esa la garantía que suscribimos en el Día Internacional por el Acceso Universal a la Información; las libertades no se detienen, ni se detendrán.
