Ma. Esther Navarro Lara
Un caso emblemático para aplicar el derecho a la información es el relativo a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en donde la obligación de entregar toda la información disponible, parece que se ha exceptuado al Ejército.
Hace muchos años, a los entonces estudiantes de Periodismo o Ciencias de la Comunicación, los profesores que ejercían como periodistas, nos advertían de tres límites (no jurídicos) a la libertad de expresión, no escribir o criticar: al Presidente, al Ejército y a la Virgen de Guadalupe. Los avances tardíos (hasta el 2002) con la Ley Federal de Transparencia, exigió a los tres poderes de la Federación: Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, entregar toda la información que solicitara cualquier persona. Obligación que incluyó explícitamente al Ejército (el cual depende del Poder Ejecutivo) y a su mando supremo el Presidente de la República y con respecto de la Virgen de Guadalupe, toda persona puede expresarse libremente, incluyendo aspectos religiosos.
En estos tres casos, no hay ninguna excepción, ni a la Presidencia, ni al Ejército, ni al tema sobre la Virgen de Guadalupe, con la salvedad de lo que la ley de transparencia califica como temas de seguridad nacional y de datos personales y sensibles, los cuales por cierto han sido aducidos por el ejército para negarse a dar información (1).
A nivel internacional y también para México, los casos de violación de derechos humanos, de lesa humanidad, como el de Ayotzinapa, no prescriben y no admiten excepciones, de reserva de documentos, o de preservar el dato personal por encima del interés colectivo de estos casos. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 14 señala: “no puede invocarse el carácter de información reservada cuando hay violaciones graves a derechos humanos”. Y en su art. 38 ordena al Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Datos Personales, INAI, permitir el acceso a un documento con valores históricos y que contenga datos sensibles y de manera excepcional en los siguientes casos: …investigación relevante para el país.” (2)
Desde 2014 y 2015, la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) alegó “inexistencia de información” a 79 solicitudes a través de la Ley de Transparencia, sobre la actividad de batallones militares que tuvieran relación con los hechos del 26 de septiembre de 2014. (3)
El Ejército desde el inicio de las noticias de tan desgarrador acontecimiento, negó toda participación y con ese justificante no dio información. Hasta el 2019, con la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, COVAJ y la reincorporación al caso de parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, el Ejército tuvo que entregar a cuenta gotas, parte de la información que ambos organismos le solicitaron para saber la verdad sobre lo acontecido en el caso Ayotzinapa y poder aplicar justicia.
El GIEI, señala explícitamente sobre el Ejército, en su último y VI Informe del 26 de julio de 2023 (4):
1.- Ocultó la verdad y faltó a su actuación para proteger a los jóvenes, porque se enteró de que había armas de fuego, exclusivas del ejército. 2.- Conoció de disparos en el momento del ataque a los estudiantes. 3.- Tuvo el control del apagón informativo. 4.- Ocultó sanciones disciplinarias. 5.- Falseó testimonios. 6.- No entregó el contraste con telefonía de los militares. 7.- Ocultó declaraciones de civiles por la Justicia Penal Militar. 8.- Ocultó información sobre el OBI, infiltrado en la normal de Ayotzinapa y desaparecido el 26 de septiembre de 2014. 9.- Ocultó que tuvo todo el conocimiento de los hechos. 10.- No entregó fotos del OBI en el Palacio de Justicia y en Hospital. 11.- No entregó informes escritos de militares. 12.- Adecuó declaraciones ante revelaciones del GIEI.
Además, 13.- Negó la existencia del CREI, en Iguala que dependía del CISEN y que tenía acceso a documentos de ataque a los estudiantes. 14.- Negó intercepción de mensajes de estudiantes. 15.- Negó la existencia del CMI, Centro Militar de Inteligencia. 16.- Participó en interrogatorios y torturas. 17.- Falta la información sobre el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala. 18.- Conoció la situación previa a los hechos del 16 de septiembre de 2014, porque había un seguimiento de contrainsurgencia con anterioridad a los hechos del 26 de septiembre de 2014 y un monitoreo de actividades de los estudiantes en Iguala.
El GIEI en su VI Informe también señala a la Marina:
1.- Hubo falsedad en el encuentro de bolsa con restos óseos en el Río San Joaquín. 2.- Hizo operativo secreto en el basurero de Cocula. 3.- Participó en detenciones y tortura. 4.- Hizo operativos clandestinos y presunta ejecución de personas detenidas. 5.- Negó el puesto naval en Coatepec. 6.-Negó acceso de información técnica y escaneo de frecuencias. 7.- Negó información sobre su papel en la Verdad Histórica.
¿Por qué creerle al GIEI lo señalado sobre el Ejército y la Marina? Porque históricamente hemos conocido acontecimientos de graves violaciones a derechos humanos, en donde han participado miembros del Ejército. Recuérdese el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en 2010 y otros hechos graves.
La COVAJ, con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas al frente y por instrucciones del Presidente López Obrador, acudió al 27 Batallón del Ejército en Iguala y al Campo Militar No. 1, junto con padres de familia de los estudiantes desaparecidos y con el GIEI, como para demostrar que el Ejército no era inexpugnable. Aun así, el Ejército no entregó comunicaciones y reportes militares del 26, 27, 28 y otros días de septiembre de 2014.
Así lo afirma el abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales, quien entregó un escrito al Presidente de la República con más de 800 documentos (con número de folio) que no habían entregado las fuerzas armadas y la Marina (5). Además, los padres de familia lograron un amparo, el 1º. De septiembre de 2023, para que la SEDENA no destruyera documentos ligados al caso Ayotzinapa. (6)
La “Verdad Histórica” creada por Jesús Murillo Karam en 2014, entonces Procurador General de la República, no es la misma, como afirman numerosos medios de información, con respecto de los dos Informes dados a conocer por la COVAJ, con Encinas en agosto de 2022 y septiembre de 2023.
Las diferencias son (8):
1.- Este gobierno admite que fue un crimen de Estado, porque estuvieron involucrados en este crimen de Lesa Humanidad, diferentes agentes del Estado: entre ellos: militares, presidente municipal, policías estatales y municipales, agentes judiciales y marinos. 2.- Hubo colusión de autoridades y miembros del narcotráfico. 3.- Se ha detenido a presuntos responsables por el delito de desaparición forzada, incluyendo al ex Procurador. 4.- Están detenidos miembros del Ejército, incluyendo algunos altos mandos. 5.-El Ejército tuvo que aceptar que sí estuvo involucrado. 6.- Se incluyó ya el delito de desaparición forzada no solo de delincuencia organizada o por secuestro, o por portación de armas o droga.
Por ejemplo, sí se incluye ya el delito de desaparición forzada al Ex Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca y a otros presuntos culpables. 7.- “La Verdad Histórica” del Procurador Murillo fue fabricada, fue una mentira, dividieron a los estudiantes en grupos para llevarlos a otros lugares no únicamente al basurero de Cocula. 8.- La COVAJ y el GIEI sí exigieron consultar archivos militares (aunque incompletos o manipulados), mientras que la Fiscalía General de la República ni siquiera había considerado consultar dichos documentos militares.
Preguntas sin respuestas:
Sin embargo, siguen siendo exceptuados, los altos mandos del Ejército para ser interrogados: el ex Secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, el ex Secretario de Marina, Francisco Soberón y el ex Presidente Enrique Peña Nieto, sobre de qué estuvieron enterados y cómo participaron en estos eventos. No sabemos, hasta la fecha ¿Quién dio la orden de desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa?, ¿Quién es el autor intelectual?, aunque se hayan mencionado autores materiales. Y lo más importante en la información faltante ¿Dónde están los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa?
Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ex Titular de la Materia “Ética Pública, Transparencia y Derecho a la Información”
Referencias:
-Reporte a la sociedad mexicana que guarda la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en “Las formas del silencio” del Mecanismo de Acceso a la Verdad y Esclarecimiento de las violaciones graves a los Derechos Humanos, www.meh.org.mx, 11 octubre de 2023, pp.14 y 15
-Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Diario Oficial de la Federación, 4 mayo de 2015, con la Reforma del 20 de mayo de 2021, www.diputados.gob.mx
-Revista. Proceso, número 1994, p 10
–VI Informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, 23 de julio de 2023, Actuación del Ejército, pp. 30-40 y La intervención de la Marina , pp. 40-42 https:// serapaz.org.mx/vi-informe-del-giei-sobre-el-caso-ayotzinapa/i -https://www.24-horas.mx/2023/07/26/ejercito-principal-obstaculo-delcaso-ayotzinapa-padres-de-los-43-normalistas/
–La Jornada, 4 septiembre 2023
-Informe del COVAJ, Rev. Proceso, 15 octubre de 2022 y septiembre de 2023
–La Jornada, 7 agosto 2023, p 4
