La procuración de justicia en México es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de cada entidad federativa, según se trate de delitos del fuero federal o del fuero común, respectivamente. A través del Ministerio Público (MP), estas instituciones se encargan de investigar la existencia de un delito y determinar la responsabilidad de quien o quienes lo cometieron o participaron en su comisión; para ello, el MP tiene la facultad de coordinar a las policías ministeriales y de investigación y a los servicios periciales, resolver sobre el ejercicio de la acción penal y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes para demostrar la ocurrencia del delito.