Eduardo Ibarra Aguirre
Como están las cosas en la Suprema Corte a partir de que comenzó la gestión presidencial de Norma Lucía Piña, el pasado 2 de enero, la correlación de fuerzas dirían algunos intelectuales no orgánicos, es necesario valorar la negativa de la Segunda Sala a la solicitud de amparo del empresario Gustavo Cárdenas Fuentes, familiar de Luis Cárdenas Palomino, jefe de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, y señalado como parte de la red de corrupción y narcotráfico dirigida por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La empresa de Cárdenas Fuentes fue beneficiaria de contratos en el sexenio 2006-12, con la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, el Servicio de Protección Federal y los gobiernos de Michoacán y Nayarit, en servicios vinculados a artículos de inteligencia y de comunicación, hasta por 600 millones de pesos, informó el procurador fiscal, Arturo Medina Padilla.
Gustavo Cárdena adquirió un automóvil Ferrari 458 Spider 2014 con un costo de 5.6 millones de pesos y recibió en donación un inmueble por 50.8 millones de pesos en septiembre de 2016, detalló Medina en la mañanera del día 14 y remato que “ha sido señalado de formar parte de la organización criminal vinculada a su sobrino y a García Luna”.
Con esos antecedentes y la contradictoria conducta del ministro ponente Luis María Aguilar Morales, quien propuso otorgar el amparo a Cárdenas Fuentes, a pesar de que en tres ocasiones anteriores sustentó lo contrario. Cuatro ministros de aquella Sala votaron en contra del proyecto de sentencia que presentó Aguilar y que proponía otorgar el amparo. El quejoso buscaba evitar un pago de impuestos que evadió por 163 millones de pesos del ejercicio fiscal 2015, y con actualizaciones suman a la fecha 342 millones.
Horas antes de que se diera a conocer la decisión ministerial, el caso tomó estado público en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel, quien tras escuchar al procurador, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que procedieran apegados al interés público y en defensa de los recursos de la Federación, que “son del pueblo de México”.
López Obrador lo dijo en su lenguaje claridoso que tanto molesta a sus adversarios, en particular a los que se comportan y aún son dueños de México. “Revisen a fondo y no resuelvan por consigna; el ministro Aguilar es del bloque conservador”, recomendó y pidió explicaciones sobre por qué el ponente había modificado el sentido de su propuesta.
Con el fallo de la Segunda Sala, se evita que el erario resienta daños de por lo menos 10 mil millones de pesos. Y el asunto fue asignado a la ministra Loretta Ortiz, para que presente un nuevo proyecto.
La petición de López Obrador a la SCJN no fue en balde porque seguro influyó en la determinación libre y soberana de los cuatro ministros que dejaron “colgado de la brocha” al togado Aguilar Morales por contradictorio e inconsistente, lo que por cierto deja amplio margen a la suspicacia.
Muy bien por la Corte, su decisión es plausible.
