Tanius Karam
En semanas recientes se ha debatido en la escena pública la permanencia o no del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tema relacionado con el valor de la transparencia y el acceso a la información. Las preguntas que se generan son muchas: ¿Es el INAI realmente necesario? ¿Se puede atender el derecho a la información y la transparencia sin este Instituto? ¿Es realmente tan caro como dice el Presidente?
Los polos del debate oscilan entre quienes consideran que el INAI es un organismo opaco que solo simula, y otros, que consideramos pudiera ser mejorado, actualizado y hacerlo más eficiente, en lugar de desaparecerlo.
El INAI es un organismo autónomo encargado de promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública y proteger los datos personales. Facilita y asegura que los ciudadanos tengan acceso a la información y que los funcionarios públicos rindan cuentas. El diseño y antecedente inmediato del INAI (antes IFAI) fue el “Grupo Oaxaca” que impulsó el “derecho a saber”. Este grupo devino en un seminario donde participaron académicos y activistas involucrados en el tema de la libertad de expresión de medios de comunicación.
El 11 de junio de 2002 se creó el antecedente inmediato (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI). Ese mismo año se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que definió las obligaciones de los sujetos obligados (instituciones gubernamentales) y estableció el procedimiento para solicitar información. En 2014 una reforma constitucional otorgó al IFAI (posteriormente INAI) el estatus de organismo autónomo, que ayudó a fortalecer su independencia y capacidad para tomar decisiones de manera independiente. Un año después se promulgó la Ley que unificó y fortaleció las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información a nivel federal y estatal.
En la historia del INAI, no se puede negar su contribución en casos emblemáticos, como el de la “Casa Blanca” (noviembre 2014), realizado por el equipo de la periodista Carmen Aristegui, a cuyo trabajo ayudaron las solicitudes de información que permitieron encontrar la relación Peña Nieto y el grupo “Higa”, empresa que construyó la “Casa Blanca” del presidente y su esposa.
Otro caso importante fue el reportaje llamado “Estafa Maestra” (septiembre 2017), realizada por periodistas del portal Animal Político, quienes también utilizaron solicitudes y recursos de revisión ante el INAI para obtener información de cómo las dependencias del gobierno de Peña armaron una red para desviar dinero público a favor de las campañas del entonces partido dominante.
En 2013, la periodista Zoraida Gallegos pudo tener acceso a informes del CISEN y dar a la luz las estrategias que el gobierno de Zedillo siguió contra el EZLN. En febrero de 2019 Quinto Elemento Lab y Vice publicaron una investigación donde demostraron cómo una empresa de alimentos obtuvo contratos millonarios con los gobiernos de los panistas Fox, Calderón y del priista Peña al amparo de las autoridades.
Si bien la historia de la transparencia permite comprender, justificar y reconocer al INAI como una conquista ciudadana que responde a una tradición autoritaria en materia de información, en el actual sexenio, el INAI ha sido frecuentemente criticado.
Algunos de los cuestionamientos son: falta de eficiencia y agilidad que se observa en el proceso para obtener (información) que redunda en procedimientos lentos y burocráticos; excesiva carga de trabajo por numerosas solicitudes de información, que puede afectar su capacidad para responder de manera eficiente y oportuna; la falta de sanciones reales, ya que el INAI no tiene suficientes poderes o herramientas para hacer cumplir sus resoluciones; el costo económico de su funcionamiento y su presupuesto. Se considera que esos recursos pudieran invertirse en otros rubros de la administración pública.
Desde hace semanas, el INAI acumula centenas de casos sin resolver por no tener quórum para sesionar ya que el mínimo para hacerlo es de cinco integrantes, ahora sólo tiene cuatro de un total de siete. Así lo informó en su momento el comisionado Adrián Alcalá, situación interpretada por el INAI y sus defensores como una vulneración a los derechos de la ciudadanía. Las historias específicas de estas solicitudes son muy diversas, como por ejemplo el caso de una persona que quiere acceder a su expediente clínico y la institución de salud pública que la atiende no se lo da.
La presidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra, también ha informado que el Instituto tendría tres mil recursos de sustanciación, varios de ellos listos para ser votados, pero que el pleno no ha podido resolverlos por la falta de consenso en el Senado para designar a los tres comisionados faltantes.
Desde hace un año, el pleno del INAI está incompleto. El Senado está obligado a nombrar a tres nuevos comisionados para que el pleno del Instituto pueda desahogar los cientos de expedientes pendientes.
La bancada de Morena y aliados en la cámara alta no han logrado consenso, pese a las exigencias de opositores, quienes han tomado la tribuna para exigir se realicen los nombramientos faltantes.
El presidente López Obrador considera que el INAI debe desaparecer pues “no sirve para nada”. En marzo pasado llegó a declarar “¿Qué transparencia puede haber si apenas se había creado el INAI, y declararon en la época de Fox, que no iban a dar a conocer los nombres de las empresas de los bancos, de los llamados hombres de negocios que no pagaban impuestos?”. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no duda en asociar el INAI con la simulación y resistencia al cambio, según él, se ha pedido que opere con los recursos que tiene, pero su solicitud fue negada.
AMLO considera que en casos como el del denostado ex secretario de Seguridad Pública de Calderón, el Instituto nunca dijo nada al respecto. En respuesta a qué pasaría si no funcionara el INAI, el mandatario cree que cada institución debería contar con áreas para responder a las solicitudes de información.
Debates y alternativas
A las críticas que ha señalado el Presidente, se suman las de otros seguidores como el caso del cartonista Rafael Barajas (@fisgonmonero) quien en un tuit del 30 de abril, señaló que el INAI en realidad solamente sirve para simular que el gobierno tiene la voluntad de transparentar información. Pero también en una colaboración para Grupo Fórmula, Barajas expuso que la institución había surgido durante el sexenio de Fox para proteger a los banqueros que desfalcaron al país con el FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro).
Barajas recuerda que el candidato Fox prometió perseguir a los “delincuentes del Fobaproa”, pero al asumir la presidencia, cambió de parecer. Recordó que hay acusaciones en contra del ex presidente Fox y sus hermanos, que estarían metidos en este polémico fondo bancario, que podría ser la razón por la que los datos se cifraron, y no se pudo tener acceso a ellos. En ese sentido, sigue Barajas, el INAI ha sido un Instituto cuya finalidad es proteger los datos de la gente metida en ese tipo de situaciones.
Entre las posturas críticas también están la del periodista Roberto Fuentes Vivar, quien, durante su participación en el programa de Radio Educación, El Fin Justifica los Medios del 4 de mayo recordó que el tema de la transparencia hay que analizarlo en un contexto mucho mayor que no puede reducirse única y exclusivamente al INAI. Antes que surgiera el INAI, en otros estados ya existían leyes locales donde se crearon organismos para atender el tema.
Hoy día existen instituciones de transparencia en todos los estados de la República. Hay 103 comisionados en el país de los cuales siete corresponden formalmente al INAI. Este Instituto recibe entre el 44-45% de todo el presupuesto que se destina a nivel nacional para transparencia, pero solamente resuelve el 10% de los casos.
Para Fuentes Vivar las necesidades de transparencia se pueden resolver en unidades con las que cuentan las Secretarías de Estado, sin que tengan que llegar al INAI. El periodista considera posible separar al INAI de la Ley de Transparencia, que no necesariamente requiere al Instituto. Recordó que de acuerdo con el Censo de Administración Pública del INEGI (abril 2023), hay cinco mil 580 trabajadores que tienen a su cargo las actividades de transparencia y órganos internos de control. Y, otras 12 mil personas más adscritas en áreas de transparencia en los estados.
Políticamente se ha dicho que INAI es igual a transparencia y que si muere el INAI, también lo hace la transparencia, pero de acuerdo con Fuentes Vivar eso no sería del todo cierto, ya que, si dejara de existir el INAI, se mantendría la Ley de Transparencia a nivel federal y a nivel local.
Relata además un incidente personal que para él muestra otra cara del INAI. Mencionó haber sido objeto de tres demandas producto de su trabajo periodístico por publicar datos personales de quienes en algún momento de su vida enfrentaron procesos judiciales. El demandante quiso limpiar su nombre y el de su empresa, y recurrió al INAI quien prohibió a Fuentes Vivar publicar el nombre de las empresas, que el reportero interpretó como violación a la libertad de expresión.
Un debate que abre este tipo de situaciones es si en el mismo Instituto, se debe atender el derecho a la información y a la privacidad como si fueran parte de lo mismo; y también la importancia de que el INAI diferencie las solicitudes de información particulares de aquellas que corresponden al necesario trabajo periodístico.
Por su parte, el analista Ernesto Villanueva, ex integrante del Grupo Oaxaca, justifica la existencia del INAI. Gracias a este Instituto el “derecho a saber”, se puede ahora tener acceso a algo real, y no solamente formal o declarativo, como sucede con el “derecho de réplica”, que se encuentra en la Constitución, frecuentemente invocado, pero casi imposible hacerlo valer, porque no hay ley secundaria, ni una autoridad específica ante la cual haya que asistir para que uno lo pueden ejercer.
Para Villanueva, el INAI ha hecho más fácil algo que antes (del IFAI) era muy complicado. Si antes querías tener alguna información pública, tenía que ser gracias a un juicio, acudir a un juez, lo que podía suponer costos para tener acceso a información pública. Al existir el Instituto, un organismo garante, el acceso al derecho se ha facilitado.
Un aspecto adicional dentro del contexto de la transparencia del país es que el número de personas e instancias quienes solicitan información es muy reducido (según estimaciones no llega al 4%). Es cierto que hay cientos o miles de solicitudes anualmente, pero estas son hechas por pequeños grupos, periodistas o investigadores. Un reto fundamental en medio de este debate es ver qué puede hacer la sociedad para internalizar la transparencia. El derecho a la información implica la necesidad de construir un nuevo tipo de relación entre gobernantes y gobernados. El acceso al derecho a la información no es solamente que el gobernante diga lo que quiere, cuando quiere, sino que el ciudadano pueda interpelar, precisar y solicitar.
El tema del derecho a la información en México se origina de una preocupación añeja, que al régimen priista nunca le interesó atender ni legislar. Por el contrario, una de sus políticas era justamente el férreo control sobre la información. En otros países como en Suecia, hay una larga tradición que proviene de finales del siglo XVIII; dicha historia facilita que la sociedad tenga muy interiorizado el derecho.
Para Villanueva —quien también fue participante en la mesa del pasado 4 de mayo en Radio Educación—, este país no requiere un INAI formal, porque el ciudadano promedio puede tener la información por teléfono o correo electrónico de manera rápida y ágil. El problema en México es que hay una muy larga tradición de secrecía, abuso de poder y manipulación de información gubernamental, lo que hace que el INAI sea necesario.
Sin duda uno de los problemas que enfrenta el acceso a la información, es la excesiva politización de priistas y panistas autoasumidos garantes de la democracia y la actitud combativa y autovictimizante del dirigente de la “4T”. Más que el debate por la transparencia y la mejora del INAI, lo que quiere el Presidente es desmarcarse de cualquier acción que recuerde al periodo del PRI o el PAN como parte de su narrativa anti-neoliberal.
Sin duda el INAI es una institución perfectible y todo el debate público del que está siendo objeto, debe servir para mejorarlo y avanzar en la interiorización de este derecho en la sociedad. Eliminarlo parece un exceso. Hay aspectos específicos que se pueden atender. Por ejemplo, si en lugar de siete, el órgano colegiado operara con cinco comisionados, o bien aplicar la reorganización institucional que aplique a toda esa sofisticada red que atiende el tema de la transparencia en la administración pública.
Ello es diferente a querer extirpar a un importante Instituto que no fue concesión del panismo o priismo, sino producto de una lucha ciudadana y de los esfuerzos por revertir una de las peores herencias del autoritarismo nacional-revolucionario como fue la secrecía respecto a la información.
No es sorpresa que el actual régimen quiera también seguir gozando del privilegio que supone la ausencia de rendición de cuentas o atentar contra el derecho ciudadano a saber.
Catedrático investigador de la UACM y analista
