Desde antes de ganar las elecciones presidenciales el 1 de julio de 2018, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se convirtió en el centro de un dispositivo de poder diseñado, por miembros de las élites política y económica, para evitar que sus aspiraciones presidenciales llegaran a buen término. Al principio no se trató, en apariencia, de una animadversión personal sino de la resistencia a que un proyecto que beneficiaba a las grandes mayorías tuviera lugar. Con el tiempo y debido a la perseverancia de López Obrador, el enfrentamiento entre dos proyectos de país se convirtió en odio, hasta cierto punto, irracional hacia él. Por supuesto, no se dejó de lado la visión política-económica-racional-pragmática que animaba al rechazo de todo aquello que oliera a pueblo.
Desde el inicio del siglo que corre, en cuanto AMLO manifestó su aspiración de ocupar la silla presidencial, se echaron a andar diversas estrategias para descarrilarlo y no permitir que «un populista» llegara al poder. Se escudriñó con lupa su carrera política, su vida familiar y a sus hijos, hermanos, allegados y subalternos, se grabaron videos en los cuales se observaba a René
Bejarano Martínez, entonces coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución democrática (PRD) y conocido después como el «señor de las ligas». recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada, quien en acuerdo, según declaraciones de este último, con el expresidente de la República Carlos Salinas de Gortari y con el exsenador panista Diego Fernández de Cevallos grabó la entrega. Igualmente fue grabado su exsecretario de Finan-zas, Gustavo Ponce Meléndez, derrochando dinero público en las mesas de juego de Las Vegas, ambos casos datan de 2004. Posteriormente, en 2015, se hizo público el video de su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero envuelto en bolsas de papel de parte de David León Romero, quien entre otros cargos fungió como coordinador de Logística del presidente electo López Obrador, y más tarde de otro de los hermanos, Martín López Obrador. En ninguno de los cuatro casos se probó que López
Obrador estuviera envuelto en algo turbio.
Se le inventó también la propiedad de una casa en La Toscana, Italia, misma que nunca se comprobó. Se criticó a alguno de sus hijos por usar tenis «de marca» y a otro por rentar, junto con su esposa, una lujosa casa, la «Gris», en Houston. Asimismo se cuestionó a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, Y a su hijo menor por tomar vacaciones en la playa, comosi no tuvieran derecho a disfrutar de aquello que el trabajo y un salario constante pueden pagar. El argumento: si estás a favor de los pobres debes vivir como uno, lo demás es simulación.
En 2006, año de la elección en la que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se robó la Presidencia mediante un fraude, la frase creada por los publicistas Antonio Solá y Dick Morris, de origen español y estadounidense respectivamente, de «AMLO es un peligro para México» se volvió icónica para los grupos económico-políticos que vieron en ella el fin del principal opositor político de México, en lo que va del siglo XXI.
En 2012 se volvió a la carga con la frase de «AMLO es un peligro para México», de manera que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, se convirtiera en la opción perfecta ante la campaña de desprestigio y miedo que se orquestó en contra de López Obrador. En 2018 el equipo de José Antonio Meade, candidato del mismo partido a la Presidencia de la República aplicó, ya sin resultado, la misma estrategia.
La frase citada bien podría ser vista como ejemplo de lo que Niklas Luhmann denomina
«esquemas» y que define como: «categorizaciones que hacen posible designar algo como algo», son
«formas por las que la opinión pública se produce y reproduce» (2009: 319). Visto así, se produjo y reprodujo opinión pública en torno a AMLO como un peligro para el país, de manera que antes de 2006 no era «un peligro» y a partir de la campaña presidencial de ese año comenzó a serlo. Esto es, la idea de los publicistas Solá y Morris creó una realidad que antes no existía, de ahí que un «esquema» suponga la posibilidad de «nombrar algo como algo». Es entonces cuando comienza a gestarse la posibilidad de hacer víctima a López Obrador de lo que ha dado en llamarse lawfare, como se verá enseguida. Pero ¿qué significa el término lawfare, cuáles son sus características e implicaciones? Como siempre en las ciencias sociales, y la política no es la excepción, existen múltiples definiciones para un mismo concepto por lo que, para fines prácticos, se citan sólo aquellas que convienen al desarrollo teórico de esta cola-boración.
Antes de mencionarlas, se hace necesario decir que el lawfare es un fenómeno jurídico-político enmarcado en una nueva configuración geopolítica en la cual las guerras convencionales bien podrían pasar a segundo plano, adquiriendo mayor importancia tres dimensiones más sutiles, éstas son: la
«guerra psicológica», «orientada a la transformación de las emociones y la influencia nen la psiquis de la población»; la «guerra mediática», encaminada a controlar a la opinión pública; y la «guerra judicial» encaminada a criminalizar la disidencia (Vegh Weis, 2021: 3).
Primera definición, se afirma que fue un general de la fuerza área estadounidense, Charles Dunlap, quien acuñó el término lawfare y lo definió como el
«uso de la ley como arma de guerra», más explícitamente como «la estrategia de usar (o incluso mal-usar) la ley como sustituto de los medios militares tradicionales para logar un objetivo operativo» (ibídem: 4). Con esta definición se puede afirmar que se hace la guerra a AMLO operando desde las tres dimensiones mencionadas. De la segunda abunda evidencia empírica de cómo un día tras otro todo
«un ejército», para continuar con la terminología bélica, de políticos, periodistas, comunicadores e
intelectuales se encargan de denostar a López Obrador no sólo al afirmar, falsamente, el carácter autoritario, dictatorial de su personalidad y su gobierno, sino metiéndose en cuestiones personales haciendo referencia a su origen de clase, su forma vestir, su modo regional de hablar, sus modismos y hasta el tono de su voz, haciendo todo esto extensivo a su familia. Nada les parece y todo es un buen pretexto para golpearlo buscando «degradar su figura pública» (Gallino, Ferreri y Castano, 2022) y atacar el punto central de su legitimidad acusándolo de aquello que ha denunciado por años y de ser tan corrupto como aquellos a quienes ha sustituido en el gobierno de la República.
La corrupción aparece en el esquema del lawfare como el eje de la «guerra jurídica», de ahí la insistencia de todos los actores que forman la oposición a AMLO, políticos, empresarios, intelectuales, medios de comunicación, etcétera, por asociarlo, a como dé lugar, con algún hecho o actor corrupto. Esto da lugar, no a una definición como tal sino a un marco de análisis en el que la degradación de la figura pública es el objetivo previo al golpe blando o lawfare. Se trata de crear en las mentes de la ciudadanía la percepción de que quien gobierna no sólo no es la persona indicada sino que, incluso, está destruyendo al país. Si suena conocido, no es coincidencia, es parte de la estrategia que está en marcha en contra del presidente Cortés y San López Obrador. Dicha de restrategia busca influir en las emociones de la ciudadanía a través del miedo y el odio.
Segunda definición, siguiendo con lo expresado arriba se puede sostener que el lawfare es una
«forma ritual de degradación» (Garfinkel, 2016: 115) cuyas prácticas o rituales componen «un trabajo comunicacional en el que la identidad pública de un actor es transformada en algo observado como inferior» (ídem.). Supone la reducción del estatus de la persona así definida, afectando con ello su identidad ante la sociedad.
La degradación pública conlleva la «indignación moral» y con ella la «denuncia pública» frente a la opinión pública bajo la supuesta defensa de un
«valor supremo» (Gallino, Ferreri y Castano: 3) que, en el caso que nos ocupa, es la democracia que, a decir de la oposición, está en peligro. Y es aquí que la oposición en México, al fin, después de cuatro años, encontró un tema que le ha permitido hacer concentra a el 13 deno, emil26 202, u de
2023, más o menos nutridas.
Se puede proponer, dada la evidencia, la existencia de un proceso de lawfare en contra del presidente de la República López Obrador. Este se explica, primero, por la imposibilidad de un golpe de Estado a la vieja usanza, dado que él cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes tradicionalmente han sido las encargadas del golpe al estilo tradicional; segundo, se asume que la oposición no se ha atrevido a iniciar un golpe de Estado del mismo corte pues el presidente tiene el apoyo de gran parte de la población, por lo que el intento de tomar el poder por la fuerza se traduciría en una guerra civil y por tanto en un baño de sangre sin precedentes. Tercero, acotadas las anteriores posibilidades sólo queda intentar su deposición, «vía la ley», a partir de un «golpe de Estado por goteo» (Vegh Weis) que, como se dijo, hunde sus raíces en la frase «AMLO es un peligro para México».
Este posible lawfare por goteo, a través de las guerras psicológica, mediática y jurídica, supone la existencia de una voluntad organizada que ignora la realidad relacionada con los logros de esta administración, que se dedica a maximizar los errores y a generar emociones negativas en contra del primer mandatario, así como a formar la percepción, vía los medios de comunicación, según la cual el presidente López Obrador está destruyendo a México.
*Catedrática de la Universidad Iberoamericana y analista política
