Tanius Karam
A finales de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) determinó que programas de análisis político y debates no serían parte del monitoreo del INE.
El TEPJF declaró inconstitucional el acuerdo del Consejo General del INE, el cual ordenaba monitorear y calificar las opiniones de analistas en radio y TV, que incluía una convocatoria para incorporar a ese registro a instituciones de educación superior.
El proceso para equilibrar el espacio radioeléctrico fue lento. El INE comenzó a hacer seguimiento de noticieros y a publicar resultados, como se estableció en la reforma electoral del 2007 y las reformas constitucionales del año siguiente, consecuencia de la polémica elección del 2006, que muchos catalogaron de fraudulenta. Desde 2009, el INE ya realiza monitoreo de noticieros, pero lo que en su decreto de ese año intentaba hacer, era el paso siguiente de extender su verificación a los programas de opinión.
Luego de que el INE aprobara por unanimidad (julio) aquel decreto, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) y el grupo Televisa representaron recursos de apelación ante el TEPJF, donde solicitaron a la Sala Superior, la suspensión del acuerdo por considerar que había afectaciones contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía de tener acceso a información plural y oportuna. Dentro de sus argumentos la CIRT y Televisa dijeron que no había forma de clasificar como positiva o negativa las opiniones de los participantes en programas de opinión o debate. Además de que se vulneraba el derecho para difundir opiniones y realizar la labor periodística, así como los “derechos de las audiencias”. Que dicho sea de paso no deja de llamar la atención que estos enunciadores ahora invoquen derechos que en otros momentos no han reconocido o han tratado de evitar su ejercicio.
El contexto inmediato del decreto de INE puede remontarse a las elecciones intermedias del 2021, cuando algunos especialistas sugirieron que se podría incluir en los monitoreos del INE, la valoración de los géneros de análisis de opinión, debate, espectáculos y revistas. La afirmación ciertamente se presta para una discusión porque cabe preguntarse si la ciudadanía no puede discernir por sí misma la tendencia de un programa y tiene que haber un tercero que se lo indique o vele por ella. El INE, a través de sus consejeros, habían respaldado la idea de que el monitoreo es una herramienta, la cual permitía conocer el tratamiento otorgado por los programas y medios a los procesos electorales. Los consejeros del INE consideraban que no se vulneraban los derechos de libertad de expresión y acceso a la información ya que son interdependientes y no se excluyen, sino que se complementan.
El decreto del INE, hoy derogado, instruía la necesidad de hacer monitoreo durante precampañas y campañas (comicios 2023-2024) para programas (Tercer grado transmitido por canal 2; Es la hora de opinar (ForoTV); Primer plano (Canal 11); Debate público del metropolitano Canal 14) y la valoración de que las opiniones vertidas en ellos por conductores o invitados fueran clasificadas como positivas o negativas.
La CIRT y el Consejo de la Comunicación (CC) agradecieron a la magistrada Mónica Soto solicitara al INE no calificar ni valorar (positiva o negativamente) las opiniones de los analistas en las estaciones de radiodifusión. Por su parte, la magistrada Soto expuso que el Acuerdo del INE no podía calificar lo que se dijera en “los programas de debate, análisis, opinión, espectáculo y revista”.
A propuesta de la magistrada Soto Fregoso, de acuerdo con el comunicado del Tribunal se había señalado que “cualquier calificación como positiva o negativa de una expresión puede frenar la libre expresión de las ideas y el debate necesario para elevar el nivel de las campañas políticas, así como afectar el derecho a la información”. El presidente de la sala Reyes Rodríguez también dijo que lo que el INE había hecho era “incompatible con el ejercicio de la libertad de expresión […] La radio y la televisión mexicanas reconocen la decisión del TEPJF para no acotar la libertad de expresión de todas las personas que participan en 503 programas de radio y TV que el INE pretendía monitorear”.
Un eje más de debate para discutir las posibles implicaciones del acuerdo del INE, es el contexto de un INE hoy día alineado al Presidente López Obrador, quien quizá considere que así como el PRI y el PAN en su tiempo manipularon el Instituto a su favor, él ahora tiene derecho a hacerlo también, dentro de una lógica perversa obstáculo inequívoco de la errática democracia mexicana como es la partidización del Consejo General del INE.
En ese sentido, el decreto del INE podría interpretarse como un recurso para atajar las críticas que muchos medios le hacen. Ahora bien, no podemos llamarnos a sorpresa por este tipo de acuerdo ya que históricamente —al menos desde la transición del año 2000—, la relación presidente-prensa ha sido tensa, con matices, con las consuetudinarias prácticas de dar dinero a los favorables y críticas extremas desde el poder a los detractores. Aquel intento por monitoreo opiniones anticipaba límites a la libertad de opinión.
Defensores de López Obrador podrán formular argumentos entendibles respecto a poderes reales y fácticos que con muchos recursos y organización, realizan una labor permanente de ataque contra el régimen o la autodenominada Cuarta Transformación, y que políticos de la vieja guardia como Roberto Madrazo financia espacios que usan los medios digitales para exacerbar casi 24-7 lo mismo parodias, comentarios, mesas redondos y cuanto juicio sea posible contra la persona de AMLO y de su gobierno.
Resulta muy cuestionable que un medio, por más crítico que pueda ser, solamente tenga un tema, en su agenda y realice únicamente de consigna, como si no existiera otro asunto de la agenda nacional. De la misma manera existe una prensa conservadora centralmente orientada al mismo propósito y que podría justificar el Presidente invierta recursos retóricos y audiovisuales para defenderse, en la misma proporción que LATINUS, otros medios y muchos influencers (el caso de Chumel Torres) usan recursos para atacar a la persona de López Obrador.
Podrían afirmar defensores de la 4T que de no hacerlo, las consecuencias contra el proyecto y su impacto ante la opinión pública serían mucho mayores.
Otra línea de debate es analizar esos programas de opinión señalados originalmente en el acuerdo del INE, hoy derogado, que dicho sea de paso hay notables diferencias entre ellos —como cabría esperar—, tienen historia y configuraciones distintas desde Tercer Grado donde locutores, comentaristas y analistas de grupo Televisa hacen como que debaten (aun cuando sus puntos de vistas puedan ser muy parecidos), hasta Primer Plano que en sus más de 20 años de vida ha tenido en sus mesas algunos de los mejores comentaristas y hoy mismo podemos ver panelistas filo-prianistas como Marí Amparo Casar —otrora coordinadores de asesores durante los gobiernos panistas y quien de hecho ha sido señalada críticamente en alguna emisión noticiosa del Canal 11 justificando su permanencia en Primer Plano como parte del respeto a la libertad de expresión— o simpatizantes de la 4T como el historiador Lorenzo Meyer.
Una de las características del “modelo” de comunicación, o de la relación entre medios convencionales, digitales, política, políticos y sociedad, difiere de lo que teníamos en el siglo XX. Al ser la democracia mexicana todavía errática y en proceso de madurez, no podemos esperar que la relación entre estos tres elementos (mediosociedad-gobierno) sea equilibrada, madurada, cívica, racional. La consecuencia del tipo de mediatización y politización que vivimos lleva a una serie de fenómenos muy variopintos que con frecuencia rompen los principios en los que se basaba el ejercicio del periodismo y la comunicación.
Si bien creo que vivimos un tiempo fascinante de cambios, innovaciones, ambiente cultural complejo y cambiante, también hay expresiones extrañas, a veces como parte de un cinismo exacerbado, y carencia total del principio básico de la ética de la comunicación social: fake news donde no cuenta la verdad de los hechos, sino que la información parezca verdadera; revistas que en especulares promueven a políticos, y que cuando uno las busca en los quioscos las publicaciones no existen; la profesionalización del info-entretenimiento (información que parece periodística pero que es pagada…lo cual no es nuevo); guerras de encuestas con cifras que quieren justificar la perspectiva de quien paga por estos instrumentos (y eso que las encuestas todavía ahora son consideradas como un método de investigación científico en el ámbito académico); creación de medios, canales o espacios con el propósito casi único de defender una opinión, a una persona o criticarla; los nuevos actores de la opinión pública los “influencers”, ahora también como sistema para-comunicativo alineado o en contra de un político; desarrollo de nuevas formas de “puesta en escena” para formular juicios sobre la realidad.
Tal vez una característica de esta nueva “carnavalización” (si aceptamos esta idea provisional para designar el nuevo modelo medios-sociedad-gobierno) sean el tipo de ritual televisivo, los retos cognitivos y afectivos de las audiencias respecto al abrumador flujo multimedial de información y con estilos de hiper-manipulación como sucede con “X” (antes Twitter).
Regresemos al significado sobre las opiniones subjetivas en temas de debates y análisis. Justo la naturaleza de este tipo de contenidos es expresar esas opiniones, eso no significa que dichos espacios sean carentes de críticas. Por ejemplo, el conductor del programa La hora de opinar, quien más que moderador, es un panelista más defendiendo su punto de vista, orientando algunas intervenciones y en ocasiones sesgando de manera notoria los espacios, frecuentemente justificando que sus programas son abiertos, incluyentes, respetuosos.
En todo caso sin reprobar del todo espacios como ese programa, serían deseables equilibrios en tiempos y perfiles. ¿Se tiene que obligar por decreto para que cada medio realice esos cambios? Es un debate en el que algunos pueden argumentar que el Estado podría tener esa obligación y responsabilidad y por tanto si tiene facultad para ello; y por la otra, siguiendo una perspectiva más liberal con la que coincidimos, creemos en la libertad que cada medio debe tener para seleccionar sus contenidos y también confiamos en la capacidad de la audiencia para discernirlos y premiarlos o rechazarlos según sea su gusto.
Los medios han cambiado desde el inicio de la transición en el año 2000, lo han hecho las audiencias, la agenda pública y los problemas nacionales. El balance es de un ensamble de avances y retrocesos, vaivén que esperamos al mediano-largo plazo puede ser favorable para la democratización del país y la atención a los principales problemas que le aquejan (ciertamente con el tema de la seguridad en primer plano). En todo caso si el INE quiere ayudar a sus ciudadanos a discernir mejor en los contenidos —como los sellos en los productos del supermercados puesto por el Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas—, puede articularse mejor con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para promover la educación de las audiencias a partir de capacitación gratuita, la diversidad de contenidos y géneros en los medios, desarrollar nuevas formas de participación entre las audiencias y los medios públicos.
El debate del monitoreo a programas de opinión y su derogación puede sin duda ayudar a debatir estos y otros asuntos. Casi nadie se manifiesta en México por cuestiones vinculadas a medios, a no ser los propios concesionarios cuando sienten algo puede atentar contra sus modelos de negocios, por ello la importancia de este tipo de hechos, que a manera de pedagogía involuntaria pueden ser temáticas de discusión para que también las audiencias reflexionemos sobre el modelo mediossociedad-gobierno.
Catedrático investigador de la UACM y analista
