Balbina Flores Martínez*
A cuatro años del gobierno de la 4ta Transformación, se hace necesario echar un vistazo hacia atrás para ver las luces y sombras que han acompañado este tiempo con relación a la libertad de prensa en este país.
Primero tendremos que reconocer que 2022 ha sido uno de los años más difíciles para la prensa, ya que “por cuarto año consecutivo, México se ha consolidado como es el país más peligroso y mortífero del mundo para los periodistas, por delante de países en guerra como Ucrania (ocho casos) o Yemen (tres casos)”. Una situación por demás grave de la que el gobierno actual no se ha logrado sacudir.
El cierre de estos cuatro años quedará registrado como el más trágico para los periodistas, ya que en ese periodo suman con un total de 63 periodistas asesinados según el reporte más reciente del subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, más tres periodistas desaparecidos, que extrañamente el funcionario no menciona en sus reportes.
México, consolidado como el país más peligroso para el periodismo en 2022
De acuerdo con registros de Reporteros Sin Fronteras, tan sólo en 2022 han sido asesinados 11 periodistas por ejercer su labor, más otros cuatro (15) que aún no han sido confirmado si el asesinato tuvo que ver con su labor, más un desaparecido.
La organización Article19 contabiliza tan sólo en los tres primeros años del actual gobierno 1945 agresiones contra la prensa vinculadas al ejercicio periodístico (más 331 registradas en el primer semestre de 2022), lo que en promedio suma una persona periodista agredida cada 14 horas. Además, advierte que representantes del poder público habrían estado involucrados en dos de cada cinco agresiones. Los temas que habrían trabajado esos reporteros –y por ello agredidos- serían la corrupción y la política con 285 agresiones, refiere la misma organización.
Lo anterior sin considerar las agresiones y amenazas de periodistas en estos recientes años, en el ámbito digital donde han crecido de manera preocupante.
El cuarto año del gobierno de AMLO no ha sido tan distinto a los últimos dos de Enrique Peña Nieto, cuando fueron asesinados 48 periodistas, la cifra más alta fue en los años 2016 y 2017, con 11 y 12 respectivamente, cifras ya superadas en 2022.
Acá los datos:
| Gobierno | Periodo | Periodistas asesinados | Periodistas desaparecidos |
| Andrés Manuel López Obrador | 2019-2022 | 63* | 3 |
| Enrique Peña Nieto | 2013-2018 | 48 | 4 |
Fuentes: RSF y Segob*
Libertad de expresión acotada por inseguridad
Si bien es cierto, como bien señaló el presidente en su cuarto informe en el Zócalo el 27 de noviembre, “se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir…”, también es verdad que México no es aún el santuario de libertades que quisiéramos todos ver, las cifras antes señaladas son reales.
La violencia contra la prensa se ha enquistado en algunas regiones del país, como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas, donde las zonas de silencio para la prensa se ahondaron y en otras entidades se abrieron, como en Guanajuato, Zacatecas, Baja California y Quintana Roo.
Actualmente el Mecanismo para la Protección de Personas Periodistas y Defensores de la Segob apoya con algún tipo de protección a 1768 beneficiarios, entre ellos a más de 600 periodistas. Esto pareciera ser un logro (cuando al llegar el actual gobierno había 798 personas beneficiarias), que lo es cuando de vidas se trata. Pero también es un indicador de que las cosas no andan bien, cuando gran parte de estos agresores son servidores(as) públicos.
Los registros de la Segob hasta agosto de este año indican que hay por lo menos 14 entidades en el país donde los riesgos para ejercer el periodismo son constantes, que concentran también al mayor número de comunicadores con algún apoyo de protección: Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Sonora.
En el tema de la seguridad, hay que mencionar dos temas centrales que inquietaron durante estos cuatro años. La incertidumbre que causó a los beneficiarios el retiro del fideicomiso para las medidas de protección, recursos que ahora dependen directamente de la Secretaría de Gobernación y que a decir del propio Mecanismo, para 2023 asciende a 569 millones de pesos. El tema no es sólo de dinero, sino también de otros recursos como personal suficiente y capacitado. Además de la revisión de protocolos y aplicación de medidas.
El otro tema es la llamada Ley de Protección que inició su consulta en febrero 2022, que si bien tiene la intención de mejorar la legislación en materia de protección, es un proceso que aún no concluye y que plantea definir las facultades de competencia de los gobiernos estatales, municipales y federales, compartiendo responsabilidades de protección con las autoridades locales que no es algo tan nuevo. Es una política que de hecho se viene aplicando en el Mecanismo desde hace tres a cuatro años con las consecuencias que esto conlleva para la seguridad de periodistas y defensores.
Impunidad cero llega tarde
Si bien la política del gobierno de la 4T se ha destacado por su lema “impunidad cero”, que inicio en 2019, el tema sobre asesinatos de periodistas fue incorporado hasta 2022, cuando fue evidente el asesinato de periodistas, casi dos por mes. ¿Por qué el gobierno no incorporó los asesinatos de periodistas desde el inicio de su sexenio en su política de impunidad cero?, si para entonces había poco más de 150 periodistas asesinados. Es algo que no entendemos, la emergencia estaba desde que llegó al gobierno.
La sombra de la violencia obligó al gobierno a reaccionar como le ocurrió a Peña Nieto en mayo de 2017 con el asesinato de Javier Valdez.
El asesinato de tres periodistas en sólo un mes, enero de 2022; José Luis Gamboa (10); Margarito Esquivel (17); y Lourdes Maldonado (23), fue la gota que derramó el vaso para que cientos de periodistas salieran a protestar el 25 de enero en por lo menos 30 ciudades del país, exigiendo justicia para sus compañeros asesinados, algo que no ocurría desde hacía por lo menos seis años cuando fueron asesinados los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, ambos en 2017.
Imposible no considerar entonces que el gobierno federal se vio obligado a tratar el caso de los periodistas asesinados en las mañaneras por la presión nacional e internacional con las diversas manifestaciones que periodistas realizaron en diferentes puntos del país, e incorporarlos a los informes de las mañaneras, responsabilidad que dio al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja.
Resultados
Según el informe más reciente de Alejandro Encinas (1 de noviembre) por los homicidios ocurridos en 2022, hay 32 personas detenidas y tres sentenciadas. El gobierno hoy sí está preocupado por lo que ocurre con el asesinato de periodistas, un problema que si bien no es exclusivo de su gobierno, sí es un problema que debió atender desde su llegada al poder. Pero ha reaccionado un poco tarde cuando se han registrado 63 asesinatos en su sexenio.
El 3 de julio de 2019, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christopher Deloire, envió una carta personal al presidente, donde manifestó su preocupación por la situación de la libertad de prensa en México y le dijo: “su ascenso a la presidencia, en diciembre de 2018, y su voluntad de luchar contra la corrupción, pueden alimentar la esperanza de que se ponga fin a esta espiral de violencia. No obstante, esto sigue representando un gran desafío”. México viene de un deterioro en la libertad de prensa por más de 15 años, advirtió.
Se trata, le reiteró, de “poner fin rápidamente a la impunidad que impera en los crímenes cometidos contra periodistas”. RSF envío entonces cinco recomendaciones que indicó deberían aplicarse de manera inmediata, entre ellas las de protección y lucha contra la impunidad y ofreció su colaboración para contribuir a ello. La respuesta a esta carta no llega aún.
Cuatro años después voltear a mirar este panorama que ya desde la llegada de la actual administración no era la mejor, nos regresa a un contexto nada alentador donde las acciones de lucha contra la impunidad, si bien se dejan ver hay cierta voluntad para llevarlas a cabo como una luz al final de un túnel, éstas avanzan de manera fragmentada y con poca claridad, más como una reacción bajo presión que como una política contundente de combatir la impunidad.
Aun con estas sombras en el camino, creo que este gobierno aún tiene la oportunidad de demostrar que puede hacer algo más por garantizar la seguridad para las y los periodistas en el ejercicio de su trabajo y sobre todo para lograr justicia para sus familiares. La impunidad en el caso de los homicidios de periodistas debe ser prioridad en la recta final de este gobierno.
*Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras
