El derecho a la privacidad más allá de la vida
Colaboradores, Sociedad

El derecho a la privacidad más allá de la vida

Norma Julieta del Río Venegas* 

Hay preguntas que pocas veces nos hacemos mientras estamos vivos. ¿Qué ocurrirá con nuestras fotografías, conversaciones, expedientes médicos, correos electrónicos y cuentas digitales cuando ya no estemos? ¿Quién podrá consultarlos, solicitar que se corrijan o pedir que sean eliminados? Aunque la muerte pone fin a nuestra vida, no hace desaparecer de inmediato toda la información que generamos ni resuelve quién puede decidir sobre ella. 

Durante años, la protección de datos personales se ha discutido principalmente desde la perspectiva de quienes utilizan servicios bancarios, realizan trámites gubernamentales, reciben atención médica o comparten información en internet. Sin embargo, existe una dimensión menos visible de este derecho: el destino de los datos después de la muerte y las facultades que pueden ejercer quienes sobreviven a la persona titular. 

Pensemos en una situación cotidiana. Una familia necesita acceder al expediente médico de un ser querido fallecido para conocer las circunstancias de su atención, aclarar una posible irregularidad o continuar un procedimiento legal. En otro caso, una persona descubre que el perfil de su familiar sigue activo en una red social, que sus fotografías circulan sin autorización o que una cuenta digital conserva información que la familia considera privada. ¿Basta con demostrar el parentesco para obtener acceso o solicitar que esos datos sean eliminados? 

La respuesta no es tan sencilla. En México, el ejercicio de los derechos relacionados con los datos personales de una persona fallecida depende de las disposiciones aplicables, del tipo de información, de quién la conserva y de la legitimación de quien presenta la solicitud. Ser familiar no significa tener acceso irrestricto a toda la información ni poder disponer de ella como si fuera un bien heredado.

Los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) permiten a las personas conocer qué datos personales se encuentran en poder de una institución o empresa, solicitar la corrección de información inexacta, pedir su eliminación cuando legalmente proceda y oponerse a determinados tratamientos. Son herramientas fundamentales para ejercer el control sobre nuestra información. Pero ¿qué sucede cuando la persona a quien pertenecen ya no puede ejercerlos directamente? 

La legislación mexicana contempla esta situación. En el ámbito de los sujetos obligados, el artículo 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece que una persona que acredite interés jurídico puede ejercer los derechos correspondientes respecto de los datos de alguien fallecido, siempre que la persona titular hubiera expresado fehacientemente su voluntad en ese sentido o exista un mandato judicial. Esto significa que no basta con presentarse como hija, hijo, cónyuge o heredero: deben cumplirse los requisitos legales aplicables. 

En el sector privado, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece un marco distinto que debe analizarse de acuerdo con el caso concreto. Por eso, no es correcto suponer que los mismos requisitos operan de manera idéntica ante un hospital público, una clínica privada, una dependencia gubernamental o una plataforma digital. El tipo de responsable y la naturaleza de la información importan.

Los expedientes clínicos son uno de los ejemplos más sensibles. Contienen información sobre diagnósticos, tratamientos, antecedentes y circunstancias personales que pueden involucrar no solamente a quien falleció, sino también a terceros. Su acceso puede ser necesario para proteger intereses jurídicos, aclarar hechos o atender procedimientos legales, pero también debe considerar la confidencialidad médica y las disposiciones aplicables. La muerte de un paciente no convierte automáticamente su expediente en información de libre consulta. 

Algo similar ocurre con los documentos que conserva el Estado. Que una persona haya fallecido no significa que todos sus datos deban eliminarse de los archivos públicos. Algunos documentos deben preservarse por obligaciones legales, responsabilidades administrativas, razones históricas o necesidades de rendición de cuentas. La protección de la privacidad debe armonizarse con el derecho de acceso a la información, la conservación documental y el interés público. Cancelar datos no equivale necesariamente a destruir expedientes. 

El problema adquiere otra dimensión cuando hablamos de nuestra vida digital. Hoy dejamos rastros en redes sociales, servicios de mensajería, plataformas de almacenamiento, aplicaciones financieras y cuentas de correo electrónico. Allí pueden permanecer fotografías familiares, conversaciones íntimas, documentos, contactos e información que nunca imaginamos que otras personas consultarían. Cada servicio establece procedimientos y condiciones para gestionar las cuentas de personas fallecidas, por lo que las familias pueden encontrarse ante reglas diferentes y trámites que no siempre conocen. 

A esto se suma el desarrollo de la inteligencia artificial. Las fotografías, grabaciones de voz, videos y mensajes que dejamos pueden utilizarse para entrenar sistemas, recrear voces o generar imágenes y contenidos que imiten a una persona fallecida.

La tecnología permite conservar recuerdos y construir nuevas formas de interacción, pero también abre interrogantes sobre el consentimiento, la dignidad, el uso de la imagen y el posible daño emocional o patrimonial a los familiares. No todo lo técnicamente posible es necesariamente legítimo. 

Por eso, hablar de datos personales después de la muerte no es solamente discutir quién puede entrar a una cuenta o recuperar un archivo. También significa preguntarnos si las personas deberían contar con mecanismos sencillos para expresar qué desean que ocurra con su información digital, qué documentos quieren preservar, cuáles prefieren mantener privados y quién podría gestionar determinados asuntos en su nombre. Anticipar estas decisiones puede reducir conflictos familiares y ofrecer mayor claridad a quienes deban realizar los trámites.

Las instituciones y empresas también tienen responsabilidades. Deben explicar de manera comprensible cómo atenderán las solicitudes relacionadas con personas fallecidas, qué documentos exigirán, qué límites legales aplican y qué vías existen cuando una petición es rechazada. La incertidumbre no debería obligar a una familia que atraviesa un duelo a recorrer procedimientos confusos sin saber a dónde acudir. La protección de datos necesita reglas claras, procedimientos accesibles y decisiones debidamente fundamentadas. 

En este escenario, la educación digital debe incluir una conversación que casi siempre posponemos. Así como organizamos documentos, testamentos y asuntos patrimoniales, también podemos revisar las cuentas que utilizamos, conocer las opciones que ofrecen las plataformas y dejar instrucciones sobre el destino de nuestros archivos. No se trata de anticipar la muerte con temor, sino de comprender que nuestra identidad digital forma parte de nuestra vida y merece una gestión responsable. 

El reto jurídico consiste en encontrar un equilibrio entre la privacidad de quien falleció, los derechos de sus familiares, la conservación de documentos y las obligaciones de quienes administran información. No se puede abrir todo por el simple hecho de que alguien murió, pero tampoco debería ignorarse la necesidad legítima de acceder a ciertos datos cuando la ley lo permite. Cada caso requiere distinguir entre el interés afectivo, el interés jurídico y el interés público. 

La muerte cierra una etapa de nuestra existencia, pero deja preguntas sobre la información que compartimos y las huellas que permanecen. En una sociedad cada vez más digitalizada, la protección de datos personales debe considerar también ese momento. Porque la privacidad no se reduce a controlar lo que mostramos mientras vivimos: implica reflexionar sobre el destino de nuestra información, la voluntad que expresamos y los derechos de quienes quedan. 

Hablar de estos asuntos no es un ejercicio de pesimismo. Es reconocer que la tecnología y el derecho deben acompañar todas las etapas de la vida, incluso aquellas para las que pocas veces nos preparamos. 

Nuestros datos cuentan una parte de nuestra historia. Decidir cómo se resguardan, quién puede acceder a ellos y bajo qué condiciones es una conversación que vale la pena tener antes de que sea demasiado tarde.

Excomisionada del INAI y experta en acceso a la información y protección de datos personales*

16 de noviembre de 2026