La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial de la Federación que implica, entre otras cosas, la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, implica que los salarios de los juzgadores disminuyan por debajo de lo que gana el presidente de la República; también se compondrá un Tribunal de Disciplina Judicial que vigilará las resoluciones de los integrantes del Poder Judicial de la Federación; ya no se suspenderán las normas ni tendrán efectos generales; etcétera.
La reforma judicial no sólo es en materia constitucional, sino también reforma algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (129 y 163) por el que se eliminan las pensiones vitalicias de los juzgadores, así como los fideicomisos y otras remuneraciones que tienen como los bonos de riesgo.
En la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, sede alterna del Palacio Legislativo, con 359 votos a favor y 135 en contra y después de doce horas de discusión, la reforma fue aprobada en lo general, mientras que 357 diputados votaron a favor en lo particular.
A pesar de que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, argumentó que las reformas las aprobarían sin importar las manifestaciones tanto de trabajadores del Poder Judicial como de los estudiantes de diferentes universidades del país ni las presiones de los empresarios al igual que de los embajadores de Estados Unidos y Canadá, la reforma aceptó 68 consideraciones.
Todas las consideraciones fueron de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ya que no aceptaron los mil 600 cambios que propuso la oposición.
Los cambios al dictamen fueron los siguientes: Movimiento Regeneración Nacional (Morena) determinó que, a los jueces, magistrados y demás juzgadores, al terminar su encargo, fueran acreedores a un importe equivalente a tres meses de salario; la segunda consideración la hizo el Partido del Trabajo (PT), quien sugirió que se incluyera el “jueza”, mas no únicamente en masculino; por último, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recomendó que los magistrados de circuito, así como los jueces de distrito ejerzan su profesión fuera del circuito de su adscripción.
La oposición acusó que el presidente de México envió esa reforma como venganza, también señalaron que la reforma vulnera completamente la independencia al Poder Judicial y también aseveraron que los cambios que propuso el oficialismo no resolverán los problemas de justicia que tenemos en el país.
“La causa de esta reforma es la ‘V’ de venganza que el presidente de la República empezó con el Poder Judicial. Un Poder Judicial que no se dobló, que no se agachó, que no sucumbió como ustedes comprenderán”, expresó Paulina Rubio, diputada del PAN.
“La reforma propuesta en este dictamen vulnera la independencia del Poder Judicial, sometiendo a una modificación legislativa concebida para alinear a los intereses del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a una ideología que lejos de beneficiar el devenir de nuestro país, pone en grave riesgo el futuro democrático y el Estado de derecho”, detalló el priista Abraham Masso.
“Los cambios que quieren no resuelven uno solo de los problemas de la justicia en México. Por el contrario, agravan los existentes y crearán nuevos, porque es una reforma de ideas viejas y de ideas fracasadas, que busca obstaculizar las posibilidades de las generaciones nuevas y futuras”, declaró Juan Ignacio Zavala de Movimiento Ciudadano.
El dictamen ya llegó al Senado de la República en donde será discutida la reforma dentro del plazo que marca la legislación: 72 horas. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, informó que el dictamen de la reforma ya se encuentra en las comisiones correspondientes.
Por Abraham Pensamiento