Durante 15 años, Norma Irene de la Cruz Magaña colaboró en distintas misiones internacionales de Naciones Unidas o la Unión Europea capacitando u observando procesos electorales en 22 países, experiencia que alimentó su convicción de que esos procesos deben ser confiables y libres de las presiones políticas o económicas.
De la Cruz Magaña propuso en su momento discutir la reducción de salarios de los integrantes del Consejo General, pero la mayoría de sus colegas lo rechazaron; cree necesario revisar la existencia de los Oples y aplicar la urna electrónica, pero cuestiona que en el “Plan B” se haya reducido el número de espacios que los partidos deben ofrecer a los grupos vulnerables.
Carlos Padilla Ríos
-¿Qué opinión le merece que el Congreso federal rechazara la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral?
-Creo que perdimos una oportunidad. Necesitamos una reforma político electoral a fondo, constitucional, que nos permita revisar varias de las cosas de cómo realizamos los procesos electorales. Tenemos procedimientos que seguimos haciendo desde hace 30 años, como se hacían en 1993. En el debate todo se enfocó a una sola iniciativa de reforma que era la que llamaba más la atención, pero había 129 iniciativas más, y no se hizo un estudio serio. Me queda la sensación de que perdimos una oportunidad para hacer una revisión de nuestro sistema. Durante meses se discutió algo que nunca pasó, pero que causó mucha polarización.
Hace unos días alguien todavía preguntaba que si el padrón electoral pasaría a la Secretaría de Gobernación, y nos causaba risa, aunque hay gente que lo cree. Y eso es un ejemplo claro de desinformación porque eso te causa desinformación. Eso es una noticia falsa, que provoca una reacción porque la siguiente conclusión es que te quitarán tu credencial de elector y eso no es cierto. Lamentable esa desinformación y las noticias falsas.
Nos queda el “Plan B” (aprobado dos días después de realizar esta entrevista), las reformas a seis leyes secundarias que estamos esperando se aprueben las últimas cuatro para saber qué hará el Consejo General, y cumplir con nuestras obligaciones y echar andar la reforma.
-¿Cuáles eran los aspectos positivos de la reforma constitucional rechazada?
-Creo que se desaprovechó la posibilidad de dialogar entre todos los actores políticos. Todos hablamos de la necesidad de incluir más tecnología a los procesos electorales, como la urna electrónica, pero la ley no proponía la instalación de la urna electrónica, son las cosas que tenemos que cambiar. Se habla del voto electrónico por internet, por ejemplo, tenemos esa disposición pero sólo para mexicanos residentes en el extranjero. Podríamos organizar mecanismos de participación ciudadana directa que no impliquen instalar miles de casillas.
Otro ejemplo es el uso de las boletas electorales, que tienen 16 medidas de seguridad para hacerlas infalsificables, pero que pasan por un largo proceso que abarca hasta el día de la elección o el uso de las listas nominales. En algunos países, como Uganda, ya no se usan las listas nominales, se utiliza la identificación biométrica, pero en México las seguimos utilizando.
Creo que es necesario el financiamiento público, pero también es otro aspecto que tenemos que revisar, cómo se distribuye, porque así como está diseñado para que siempre les demos más dinero a los partidos políticos. Tal vez, si la entrega de recursos económicos, se calcula con el porcentaje de participación ciudadana, los partidos le echarían más ganas para promover que la ciudadanía participe.
-En el tema del financiamiento…
-Creo que tenemos que volver a calcular porque así como está, da la sensación de que no se alcanza un costo-beneficio. Pregunto si es necesario que sigamos votando el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, no lo sé. Tendríamos que analizar sobre el voto adelantado, ¿por qué no?, ¿qué vamos a hacer con los y las mexicanas residentes en el extranjero, vamos a hacer una circunscripción de todos los residentes? Porque así como está ahorita la ley, los mexicanos en el extranjero sólo pueden votar por la presidencia y la senaduría. Pero tenemos diputados y representantes de migrantes que no pueden votar por diputados, entonces eso habría que analizarlo. Hay un montón de temas que podrían abordarse en una reforma de fondo, estructural, que responda a las necesidades del país y de la población.
-¿Esa reforma incluía la desaparición de los organismos públicos locales electorales?
Ese tema es otro que tiene que replantearse del sistema electoral. Eso nos sirvió en un momento. Habría que ver si conviene mantenerlo porque no tenemos un sistema electoral en México, sino que tenemos 32. Cada estado tiene su propia legislación y órgano electoral. No digo que los quitemos porque entonces qué dejamos. Si el Instituto Nacional Electoral organiza todas las elecciones, implicaría homologar las 32 legislaciones locales. Además, habría que ver con el cuarto nivel de gobierno que son las autoridades comunitarias que se reconocen en algunos estados del país como Tlaxcala y Campeche.
-Se pretendía reducir el número de senadores y diputados…
-Tendríamos que revisar si la cantidad es por el número de pobladores o por la legislación. En Gran Bretaña la población es 62 millones de habitantes, con 45 millones de electores y su Parlamento tiene 600 miembros, pero hay países con mayor número de habitantes. También deberíamos preguntarnos si esos legisladores nos están dando lo que necesitamos como ciudadanos.
-¿La reforma incluía la reducción de los salarios de los consejeros?
Es un tema escabroso que todavía está a debate. Desde 2020 he sido parte de la Comisión de Presupuesto y uno de los primeros temas que propuse al integrarme al INE y puse sobre la mesa es el de los sueldos y varios consejeros dijeron que ahí no nos meteríamos.
-¿Usted lo propuso?
-Sí, para discutir la reducción de los salarios. Creo que sí tendríamos que revisar. Lamentablemente, se regeneran reacciones y tonos que no ayudan, y ya no nos escuchamos. Tenemos que hacer una revisión constante del órgano electoral.
-¿El tema sigue pendiente?
Sí, los tribunales nos dirían, si van a pasar o no. Creo que hace falta que hagamos análisis y escenarios para ver cómo si es posible. Siempre hay espacio para mejorar y pensar que una institución se equivoca. Me ha tocado asesorar y acompañar procesos de reforma política, pero en México se resisten mucho, encuentran nuevas formas de darle la vuelta a las reglas.
-Existe la percepción de que algunos consejeros se sumaron al bando de la oposición.
-Es desafortunado, porque somos once integrantes. Y es desafortunado que la posición de algunos consejeros se asuma como la representación de todo el Consejo General.
-¿Pros y contras del “Plan B?”
-El Plan B generó debate y desinformación que nublaron la visión de lo que sí se puede hacer. Me parece que esta es una buena oportunidad para horizontalizar una parte del Consejo General y de la Junta Ejecutiva. No es cualquier cosa, tenemos esta oportunidad histórica de rediseñar la autoridad electoral.
Un aspecto que sí me parece regresivo del “Plan B” es que se reduce a 25 candidaturas la representación de los grupos vulnerables para cada partido, cuando en el proceso electoral pasado se acordó que fueran 50 los espacios. Además, hay otros temas que pudieron consultarse más, por ejemplo el tema de las juntas distritales. Cuántas oficinas distritales vamos a tener, nos ponen en un embrollo que me parece a mí francamente si es necesario porque hay 300 distritos.
En el “Plan B” se dice que habrá 264 oficinas, aquí tenemos que hacer una interpretación garantista, porque la ley dice existen 300 distritos a los que tenemos que proveer de condiciones para que puedan trabajar. Decidiremos cuáles son temporales y cuáles permanentes. Eso se pudo haber evitado con una redacción clara.
-Pero el domingo van a marchar en contra del “Plan B”, se le comenta a la consejera, una semana antes de aquella movilización.
-Yo espero que la gente que vaya se informe. Cada quien tiene derecho y posiciones de no estar de acuerdo con esta reforma, que la gente se manifieste está bien. Esperemos que todos sean de manera muy pacífica, responsable y que ojalá todos puedan tener información verificable, confiable. El cambio provoca resistencias, pero aquí no tenemos opción como autoridades electorales. En abril en el INE vamos a tener una nueva integración. Viene una nueva era del Instituto. Cuando tomas protesta, protestas cumplir la Constitución y todas las leyes, te gusten o no.
-Se habla mucho del protagonismo de dos consejeros electorales: Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Seguramente por prudencia o postura institucional, usted no sale a dar una conferencia para rechazar las afirmaciones de ellos.
-Somos 11 consejeras y consejeros. Y efectivamente, digamos que hay una proyección y se ha dado más espacio a esas voces. Varias de las posiciones que ellos en lo personal tienen son sus posiciones, no son las del Instituto. Obviamente esto nos lleva también a una revisión porque el Consejo General es mucho más que dos. Estamos en un proceso de renovación, soy optimista porque vamos a tener una nueva integración, una nueva época y vamos a implementar un nuevo mecanismo. El INE no debe ser parte, un actor político, somos el árbitro y por supuesto que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y sí es lamentable que se perciba que es parte de un bando.
-¿Espera una mejor época?
-Sí, soy optimista, la renovación del Consejo ayudará a abordar este tipo de pendientes. Creo que esa renovación refrescará la cultura institucional.
-¿Fue cierto que se intentó ocultar la encuesta que mandó a hacer el INE?
-Sí se hizo la encuesta, se publicó en el sitio, no hubo una buena comunicación. Como institución tuvimos una mala respuesta, nos equivocamos, debimos haberlo reconocido, y también nos tardamos varios días en contestar. Se prestó a mucho debate y a interpretar que había mala intención. Eso tuvo un efecto negativo en la institución.
