No son de importancia menor los comentarios publicados el pasado lunes 24 –por Miguel Casillas– en torno al contenido y forma de lo que se ha de discutir en el Consejo General Universitario(CUG) de la Universidad Veracruzana, convocado por las autoridades para celebrarse el próximo viernes 28; y en particular sobre lo que aparece en el último punto del orden del día –momento ese en que los consejeros, ya cansados y hambrientos, suelen votar como zombis cualquier cosa que se les proponga– titulado “Armonización de la propuesta de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana con la Ley General de Educación Superior”. También son de destacar las reflexiones publicadas ayer –por Jorge Manzo– en el mismo tenor.

El asesinato de George Floyd y la emancipación del movimiento “Black Lives Matter” despertó nuevamente protestas, inconformidades y una serie de opiniones sobre el racismo en Estados Unidos de América. De manera inmediata y casi global, se desencadenó una ola de manifestaciones en otros países de Latinoamérica y Europa, con la exigencia de justicia y políticas de no criminalización hacia las población afroestadunidense.

La resolución de la Suprema Corte a favor de las audiencias emitida el 12 de mayo, generó durante la semana siguiente numerosos artículos en la prensa escrita y en portales electrónicos, donde se desacreditó el fallo de los ministros, pero que en opinión de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), aquellas críticas “carecen de sustento, lo cual genera desinformación y confusión que podríamos identificar como tendenciosa, ya que se repiten ciertas líneas de argumentación que cuestionan esta resolución de la Corte”.

Porfirio Muñoz Ledo, como sea, es uno de los personajes de la política mexicana que pasará a la historia por sus credenciales. Seguramente las nuevas generaciones desconocen que el 1 de septiembre de 1988 interpeló a Miguel de la Madrid quien ofrecía su último informe de gobierno como Presidente de la República, a quien le reclamó el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas. “¡Porfirio, valiente, callaste al Presidente”!, lo vitoreaba la gente en las calles.

Tradicionalmente las elecciones intermedias son competencia de las estructuras partidistas. La pandemia por Covid-19 hace más vigente que nunca esta afirmación. El reto es comunicar en medio de la crisis. Renunciar a las grandes concentraciones, y disputar el gran público sin las herramientas tradicionales.

Desde 1994 la autoridad electoral mide el comportamiento de coberturas periodísticas que se da en noticiarios de radio y televisión con alcance masivo a las campañas políticas. Se trata de un ejercicio que no limita la libertad editorial de los medios y tampoco implica una obligación para que hablen más tiempo de un partido y menos tiempo de otro, porque solo toma una fotografía de a quién le dan más atención y a quien menos en cada emisión a partir de un catálogo nacional de programas aprobado por el INE previo a cada contienda.

Para algunos sectores sociales del país, las autoridades electorales han sido pieza clave en el proceso de democratización de México. Esa aseveración no es absoluta. Como toda premisa argumentativa está sujeta a justificación.

Esta tarde, la Corte respaldó la decisión de un juez federal quien había resuelto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fuera la instancia administrativa que fijara lineamientos a las empresas de radio y televisión con el objetivo de proteger los derechos de las audiencias.

En los comicios intermedios del 6 de junio, la ciudadanía elegirá un nuevo congreso federal y 15 gubernaturas; elecciones que se espera muy disputadas por la alianza que encabeza MORENA y la reunida en torno al PRI-PAN y PRD. Como ya es habitual en este país, es previsible que las campañas sucias y las noticias falsas florezcan durante el proceso electoral. Por lo pronto, varios medios de comunicación ya observan a quienes pretenden desinformar durante la contienda.