La Suprema Corte, en sesión del Tribunal Pleno, invalidó diversos requisitos para ser titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, contenidos en la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional, por ser contrarios a la Constitución General.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, invalidó la porción normativa “por nacimiento” prevista en el artículo 15, fracción I, de la Ley que crea el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, que establecía el requisito de contar con la nacionalidad mexicana obtenida por nacimiento para acceder al cargo de Director General de dicho instituto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Primera Sala, estableció que los preceptos que permiten a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en su carácter de autoridad administrativa, crear un título ejecutivo, siempre y cuando la obligación contractual incumplida que en él se consigne sea cierta, exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial, no transgreden el principio de seguridad jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Primera Sala, estableció que los preceptos que permiten a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en su carácter de autoridad administrativa, crear un título ejecutivo, siempre y cuando la obligación contractual incumplida que en él se consigne sea cierta, exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial, no transgreden el principio de seguridad jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por conducto de su Primera Sala, determinó que la prohibición para que las personas que ejercen la abogacía y las y los procuradores no puedan pactar con sus clientes el pago de sus honorarios con parte de los bienes que son objeto de sus servicios, no vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Primera Sala, en dos tesis aisladas, destacó la condición diferenciada de que deben ser objeto las comunidades indígenas para la adquisición y la operación de concesiones sobre el espectro radioeléctrico, motivo por el cual es inconstitucional que la ley someta a estos grupos a reglas generales que no reconozcan su diferencia.