A finales de octubre siete periodistas de medios de comunicación bolivianos fueron privados de su libertad, torturados y amenazados por sujetos armados mientras cubrían un conflicto entre pobladores de Santa Cruz, Guarayos, por la tenencia de tierras.
Percy Suárez, camarógrafo del canal ATB; Jorge Gutiérrez, fotógrafo del diario El Deber; la reportera Silvia Gómez y el camarógrafo Sergio Martínez, de Unitel TV; el reportero Mauricio Egüez y el camarógrafo Nicolás García, de la televisora Red UNO, y Róger Tinoca, camarógrafo del canal PAT, fueron los afectados.
Este grupo fue invitado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) a la hacienda Las Londras, cercana a la provincia de Santa Cruz, en Guarayos; para visitar los campos de trigo que habían sido ocupados por personas que reclamaban su propiedad.
Fueron llevados al lugar por un par de camionetas pertenecientes a la Anapo y ahí se encontraron con un grupo de policías y una veintena de sujetos armados que les exigieron cesaran las grabaciones que en ese momento estaban haciendo (y que transmitían en directo vía Facebook).
Los sujetos armados dispararon a las cámaras y el equipo de los comunicadores, así como a las llantas de las camionetas, una de las cuales pudo salir del lugar gracias a las maniobras del conductor salvando así al camarógrafo Róger Tinoca, quien se encontraba en el interior de la misma.
El resto de los periodistas fueron tirados al suelo, junto con los choferes y los propietarios de las tierras, ahí recibieron múltiples golpes durante siete horas, mientras sufrían amenazas de muerte y de ser quemados vivos, hasta que los policías convencieron a los atacantes de dejarlos ir.
Horas después, los medios de comunicación dieron a conocer la noticia, mientras el comandante general de la policía boliviana, Jhonny Aguilera, declaró que ya habían sido enviados 200 elementos a las inmediaciones de la hacienda y que el teniente coronel Marco Torres se encargaría del caso.
En conferencia de prensa, Aguilera se refería al hecho como un altercado entre productores, declaración que fue criticada al minimizar que los periodistas recibieron diversas lesiones por las cuales tuvieron que acudir al hospital y que fueron privados de su libertad durante varias horas.
El Comité de Justicia para los periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se manifestó en contra de los hechos ocurridos en Las Londras, y exigieron al gobierno boliviano encuentre a los culpables y que reciban una sentencia ejemplar por este crimen en contra de la libertad de prensa y la vida de los implicados.
Los periodistas ya fueron llamados a declarar y se ha identificado a cuatro presuntos culpables, pero aún no se han girado órdenes de aprehensión en su contra; mientras tanto las autoridades responsables del caso no han dado declaración alguna sobre los avances del mismo.
(AMFP)
