El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, adelantó que la dependencia a su cargo no entregará información relacionada con el uso del malware de espionaje Pegasus, “porque dichos procedimientos no son públicos, y lo único que le corresponde a la UIF es revelar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado, y donde se cometió fraude”.
El funcionario advirtió que “esa tecnología no es pública ni puede serlo, ya que es por definición: un asunto de seguridad nacional”. Además de no ser la instancia a la que le corresponde transparentar dicha información.
Quienes están solicitando la información, “piden que mostremos el diagnóstico y tecnología que utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sus actividades que le corresponden”, señaló.
“La forma como ese equipo fue utilizado no le corresponde a la UIF sino a otras autoridades por lo que está abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, me parece que hace poco hubo alguna actuación nueva distinta porque había una persona que estaba en prisión, cosa que no es del orden financiero”, añadió Gómez Álvarez.
“Nosotros no firmamos ningún contrato. La autoridad nos muestra los contratos y nosotros hacemos un análisis, no solamente de esos contratos sino de las operaciones de carácter financiero que están involucradas en los pagos, lo que ampara esos contratos. La UIF, no tiene ningún problema y nunca lo ha habido” para entregar la información (la que le corresponde) en cuanto al caso Pegasus», agregó.
“¿Qué es lo que le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado, hubo un fraude, se compró por más de lo que valía”, aseguró.
La Suprema Corte como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), han ordenado a las autoridades federales entregar versiones públicas de la contratación.
Acerca de esta controversia, el Presidente López Obrador, descarta que la Secretaria de la Defensa Nacional se niegue entregar información sobre los contratos con Comercializadora Antsua, como única empresa con los derechos para ofrecer Pegasus a la Secretaría. “Yo tengo otra información”, ha respondido el mandatario. “Los que están buscando también meterse en esto para perjudicarnos son los de la Suprema Corte», aseguró días atrás.
La mayoría de los ministros de la Corte, aseguran que hacer públicos los contratos “no arriesga la seguridad nacional”. De acuerdo con el ministro ponente en este tema, Alberto Pérez Dayán, “la información debe entregarse porque ésta no es generada mediante tareas de investigación, ni consiste en operaciones de inteligencia y contrainteligencia que se desarrollan para mantener la seguridad nacional».
Por su parte, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra del proyecto elaborado por su compañero, al opinar que es justificable que la SHCP reserve la información por razones de seguridad del país.
“El motivo de mi disenso deriva de que estamos ante información que se encuentra activamente siendo procesada por las autoridades, planteamiento que el proyecto resuelve esencialmente sobre la base de que el tratamiento de datos por parte de la UIF no es propiamente una investigación, sino un análisis preliminar”, detalló Loretta Ortiz.
El artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece que la información pública sólo podrá ser reservada, cuando “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública” y “obstruya la prevención o persecución de los delitos”, entre otras razones.
Por Abraham Pensamiento
