Los asesinatos de tres periodistas en los primeros 23 días de enero conmocionaron a la prensa nacional, internacional y a las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, quienes recordaron la fatídica recurrencia de homicidios en contra de reporteros en el país, así como el cúmulo de expedientes sin resolver de colegas muertos años atrás.
Las legislaciones elaboradas para proteger a los comunicadores y las instancias federales y estatales creadas para ese fin, han sido insuficientes para atemperar las agresiones en contra de periodistas, porque como en otros casos ocurre, las acciones gubernamentales privilegian la reacción a la prevención.
La mayoría de los asesinatos de periodistas en los últimos años ocurrieron en ciudades y municipios del país, a pesar de ello, sólo seis estados o entidades: Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Guanajuato, cuentan con Mecanismo de Protección de Periodistas, sin considerar la parte federal que depende de la Secretaría de Gobernación.
Actualmente, el Mecanismo brinda diversos tipos de apoyo para más de 400 periodistas del país, quienes viven con algún tipo de amenaza por su labor informativa.
Varios de los comunicadores muertos trabajaban para pequeños portales electrónicos, regularmente de su propiedad, situación que los convertía en blancos fáciles y débiles frente a la violencia del crimen organizado o de autoridades regionales, incómodas por el trabajo de los informadores.
Hace falta que las comisiones de derechos humanos de los estados cumplan cabalmente con su papel a favor de la libertad de prensa de los periodistas.
Es necesario que los mismos comunicadores sean responsables de sus propias opiniones, especialmente aquellos que han recibido amenazas. Es necesario que los organismos destinados a proteger al gremio reaccionen a tiempo, en caso acoso o advertencias, y que se evalúe cada asunto e intuir el grado de riesgo.
Urge una política nacional donde participe el Estado, los tres poderes de la unión, grupos defensores de la libertad de prensa y los propios periodistas para detener la ola sangrienta que enluta al gremio.
