Norma Julieta Del Rio Venegas*
Zacatecas, Zac.- Hablar de soberanía en pleno 2026 implica mucho más que pensar en fronteras, banderas o decisiones políticas. Hoy, la soberanía también se juega en varios campos: datos personales; la tecnología que utilizamos cada día; las plataformas digitales que dominan la conversación pública y en la capacidad de los Estados para proteger los derechos de su población en un entorno cada vez más globalizado.
Durante décadas, la globalización se presentó como una oportunidad para conectar economías, facilitar el intercambio de conocimiento y abrir mercados. Y en muchos sentidos lo ha sido. El acceso a la información, la comunicación instantánea y el avance tecnológico han permitido que millones de personas tengan herramientas que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, también es cierto que esta integración global ha generado nuevas dependencias y desafíos que los países deben enfrentar con inteligencia y responsabilidad, y México no es ajeno a ello.
Hoy, gran parte de nuestra vida cotidiana depende de plataformas tecnológicas extranjeras. Desde la manera como nos comunicamos; las operaciones bancarias que realizamos; el almacenamiento de documentos; consumimos noticias o interactuamos socialmente. Nuestros datos viajan constantemente fuera del país y, muchas veces, las y los ciudadanos desconocen quién los utiliza, con qué fines y bajo qué regulaciones lo hacen.
Por eso, cuando hablamos de soberanía en tiempos de globalización, debemos incluir necesariamente el concepto de soberanía digital.
La soberanía digital no significa cerrarse al mundo ni rechazar la cooperación internacional. Tampoco implica limitar la innovación tecnológica. Significa, más bien, que un país tenga la capacidad de proteger los datos de su población, definir reglas claras para el uso de tecnologías, garantizar la ciberseguridad y evitar que intereses económicos o políticos externos vulneren derechos fundamentales.
Porque hoy los datos personales tienen un enorme valor económico, político y estratégico.
La información sobre hábitos de consumo, ubicación, preferencias, relaciones sociales o comportamiento digital puede utilizarse para fines comerciales, pero también para manipular opiniones públicas, segmentar propaganda política o influir en decisiones colectivas. Lo vimos en distintos procesos electorales alrededor del mundo y lo seguimos observando con el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial.
Como una reflexión necesaria para ampliar el debate sobre este tema, vale la pena recordar que incluso han existido experiencias donde el uso de tecnologías de la información y datos personales, fue señalado como un mecanismo de influencia en procesos políticos internos.
Uno de los casos más emblemáticos fue la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, marcada por las acusaciones de intervencionismo extranjero atribuidas a Rusia, donde diversas investigaciones apuntaron al uso de datos de consumo de noticias, segmentación digital y estrategias de desinformación para influir en sectores del electorado. Más allá de las posturas políticas, el caso dejó una lección clara para el mundo: la soberanía digital ya no puede separarse de la soberanía nacional ni de la estabilidad democrática de los países.
Por eso resulta preocupante cuando los países debilitan sus instituciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. En momentos donde la ciudadanía necesita más garantías, más vigilancia institucional y más rendición de cuentas, pareciera que algunas decisiones van en sentido contrario.
La soberanía no puede construirse desde la opacidad. Un país verdaderamente soberano es aquel donde las personas conocen cómo se toman las decisiones públicas, cómo se utilizan los recursos y cómo se protege la información de la ciudadanía. La transparencia fortalece al Estado, no lo debilita. Y la protección de datos personales tampoco es un lujo administrativo; es una herramienta indispensable para preservar libertades en la era digital.
La globalización también ha evidenciado que muchos problemas ya no pueden resolverse de manera aislada. La ciberdelincuencia, los fraudes digitales, el robo de identidad, la desinformación o los ataques informáticos no reconocen fronteras. Por ello, la cooperación internacional sigue siendo necesaria. Pero cooperar no debe significar renunciar a la capacidad de decidir ni abandonar la obligación de proteger derechos.
Ese equilibrio es el gran reto de nuestro tiempo.
México necesita fortalecer su infraestructura tecnológica, invertir en innovación y formar talento especializado. Pero también requiere construer una verdadera cultura digital ciudadana. Porque no basta con tener acceso a internet; es indispensable que las personas comprendan los riesgos y responsabilidades que existen en el entorno digital.
La alfabetización digital ya no es opcional. Hoy, proteger una contraseña, identificar noticias falsas o entender cómo se utilizan nuestros datos forma parte del ejercicio de ciudadanía.
Y aquí hay algo fundamental: la soberanía también se construye desde la educación.
Un país que apuesta por la ciencia, la tecnología y el conocimiento fortalece su independencia y amplía sus capacidades frente a un entorno internacional competitivo. Las naciones que liderarán el futuro no serán necesariamente las más grandes territorialmente, sino aquellas que logren desarrollar talento, innovación y confianza institucional.
En este contexto, la inteligencia artificial representa una enorme oportunidad, pero también un desafío ético y regulatorio. Si no existen reglas claras, mecanismos de supervisión y protección de derechos, corremos el riesgo de profundizar desigualdades, facilitar abusos o permitir el uso indebido de información personal.
La tecnología nunca es neutral cuando no existen límites ni responsabilidades. Por eso resulta indispensable que los gobiernos entiendan que la modernización digital debe ir acompañada de principios democráticos, transparencia y protección de derechos humanos. Digitalizar servicios públicos no debe traducirse en vigilancia excesiva ni en concentración desmedida de información sensible sin controles adecuados.
La soberanía del siglo XXI ya no depende solamente de la capacidad militar o económica de los países. También depende de su capacidad tecnológica, institucional y ética.
Depende de cómo protegen los derechos de las personas frente a poderes económicos globales cada vez más influyentes. Depende de si pueden garantizar acceso a la información, privacidad, seguridad digital y libertad de expresión en entornos tecnológicos complejos.
Y depende, sobre todo, de que no olvidemos algo esencial: la globalización puede acercar al mundo, pero ninguna transformación tecnológica debe estar por encima de la dignidad y los derechos de las personas.
Porque en tiempos de hiperconectividad, defender la soberanía también significa defender libertades.
*Ex – comisionada del INAI y experta en transparencia y protección de datos personales.
