Gabriel Sosa Plata*
El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Educación local para regular el uso responsable de teléfonos celulares en primarias y secundarias. ¿Avance o retroceso?
El dictamen incorpora el principio de aprendizaje digital responsable y precisa que no se trata de una prohibición absoluta ni de un enfoque punitivo. El objetivo, dijeron las y los legisladores, es evitar que los dispositivos afecten el aprendizaje, la convivencia escolar y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Específicamente, la iniciativa avalada incluye una adición al artículo 64 y modificaciones al artículo 7 de la legislación educativa con el propósito de restringir el uso de estos equipos en los planteles escolares, salvo cuando tengan fines pedagógicos.
Esa precisión es importante porque los celulares pueden apoyar una clase, una búsqueda, una actividad o una estrategia didáctica. Y hasta ahí. Las y los estudiantes no podrán usar los equipos cuando quieran para evitar que el aula se convierta en una sucesión de mensajes, notificaciones, videos, juegos, apuestas, redes sociales y conversaciones paralelas.
La decisión de la Ciudad de México se basa en la experiencia internacional y nacional.
Para no ir más lejos, el pasado 4 de marzo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió el debate nacional con el foro “Más allá de las pantallas”, organizado con la UNESCO.
Mario Delgado, titular de la SEP, dijo entonces que no se trata de “regresar el reloj”, sino de discutir cómo generar entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios dentro y fuera de las escuelas. También sostuvo que la tecnología puede democratizar el conocimiento, siempre que exista alfabetización digital, pensamiento crítico y acompañamiento pedagógico.
La UNESCO reportó en marzo de 2026 que 114 sistemas educativos, equivalentes a 58 por ciento de los países, ya tienen prohibiciones nacionales al uso de celulares en escuelas. En junio de 2023 eran menos de una cuarta parte; a inicios de 2025 llegaron a 40 por ciento y para marzo de 2026 el avance ya era de casi 20 puntos porcentuales adicionales.
Europa es el Continente que más ha podido avanzar con los cambios. De acuerdo con un reportaje publicado esta semana en El Universal (24 de mayo 2026), 14 de los 27 países de la Unión Europea ya habían adoptado políticas para regular el uso de teléfonos móviles en escuelas, 10 tenían políticas parciales y tres más planeaban hacerlo en 2026.
Francia legisló desde 2018, Italia avanzó en 2022, Austria incluyó relojes inteligentes, Irlanda acompañó su política con recursos para almacenamiento de dispositivos y Portugal restringió su uso hasta sexto de primaria.
La discusión no ha sido sencilla porque hay familias que desean que sus hijas e hijos conserven el celular por motivos de seguridad. Hay estudiantes con discapacidad, condiciones de salud o necesidades específicas que requieren excepciones. También, como se ha dicho, hay docentes que pueden usar estos dispositivos con sentido pedagógico.
Sin embargo, en todos los casos, hay un principio en el que todas y todos están de acuerdo: el celular no manda.
Ahora bien ¿han sido efectivas estas restricciones?
Hace algunos días, la agencia AP citó el estudio “The Effects of School Phone Bans: National Evidence from Lockable Pouches”, publicado por el National Bureau of Economic Research, donde se analizaron datos de alrededor de 4 mil 600 escuelas en Estados Unidos y encontró resultados mixtos.
Según el estudio, las restricciones reducen el uso del celular en clase de manera importante, pero no producen de inmediato mejoras claras o muy evidentes en calificaciones, asistencia, atención o reducción del acoso.
Por supuesto, ese resultado no debilita la reforma en la CDMX ni lo que se está haciendo en otros países. Más bien la ubica en su justa dimensión. Efectivamente, guardar el celular no mejora por sí solo la educación, no resuelve la violencia escolar, no elimina la precariedad de muchas escuelas y tampoco corrige los daños del ecosistema digital, pero sí contribuye a tener mejores condiciones en clase para la atención y el diálogo sin la interrupción no programada de celulares.
La reforma capitalina debe acompañarse de la reglamentación correspondiente. Se requieren los protocolos de resguardo, excepciones razonables, criterios para emergencias, capacitación docente, participación de madres y padres, educación digital y evaluación de resultados. Y todo ello acompañado de una alfabetización digital, como se ha dicho reiteradamente.
Fue una reforma light, pero al menos ya estamos tomando cartas en el asunto.
Organilleros, patrimonio de la capital
Y ya que hablamos de la capital, la declaratoria de las personas organilleras como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México es una buena noticia. Reconoce uno de los sonidos más entrañables de la capital, una presencia que ha acompañado plazas, parques, calles del Centro Histórico, mercados y memorias familiares durante generaciones.
Sin embargo, el reconocimiento es insuficiente. Deben tener condiciones dignas para mantener ese oficio. Muchos de ellos y ellas siguen dependiendo de las monedas que logran reunir entre automóviles detenidos en los semáforos o entre peatones que pasan de prisa por calles cada vez más ruidosas y hostiles.
Esperemos que entre las acciones a seguir como parte de esta declaratoria se encuentre la entrega recursos, patrocinios, espacios adecuados de presentación, mantenimiento de sus instrumentos, transmisión de saberes, mejora de condiciones laborales y posibilidades reales de permanencia.
Los organilleros son portadores de memoria sonora de nuestra ciudad, apoyémoslos.
*Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco y periodista
