15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. El maltrato a las personas de edad es un problema de salud pública: OMS. «Las tasas de maltrato a las personas de edad en la comunidad pueden haber aumentado hasta en un 84 por ciento”
Susana Sánchez
La impunidad es el mal signo que prevalece en México en los delitos contra las personas mayores de 60 años. En un país inmerso en un vertiginoso crecimiento de su población de personas de más de 60 años, con más de 15 millones 100 mil, 12 por ciento según el Censo de Población de 2020, el maltrato es el de mayor frecuencia en sus diversas modalidades.
Con el crecimiento poblacional se agudiza el maltrato a las personas mayores, uno de los fenómenos sociales más oscuros, normalizados e impunes en nuestras sociedades contemporáneas.
Esta violencia se identifica como psicológica, física, económica, financiera, despojo de bienes, discriminación, negación de alimentación y atención médica, así como carencia de una pensión contributiva y falta evidente de acceso al derecho a la información en la atención de los servicios públicos, sobre todo de salud y procuración de justicia.
Las proyecciones demográficas para México, mencionadas en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), advertían “una clara tendencia al envejecimiento progresivo de la población durante los próximos 30 años” en el país.
Los indicadores elaborados por el Consejo Nacional de Población (Conapo), citados por la CNDH, estimaban para 2050 una población de 150 millones 837 mil 517 personas, de las cuales el 21.5 por ciento, 32 millones 400 mil “tendrán 60 años en adelante”.
En México no hay datos suficientes para conocer el panorama nacional del maltrato a personas mayores en sus distintas modalidades delictivas. En el caso específico de despojos y fraudes del patrimonio de las personas mayores, tampoco existen datos.
La diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Partido Verde, lamentó que en México “no existan datos ciertos respecto al impacto económico que tiene este tipo de maltrato, manipulación o engaño” cuando se trata de despojos de bienes patrimoniales.
“La realidad es dolorosa y condenable, muchas personas mayores sufren violencia dentro del entorno familiar y son sujetos de robo y fraude”, dijo la legisladora cuando presentó una iniciativa de reforma al artículo 343 Bis del Código Penal Federal para definir el delito de violencia familiar al incorporar una pena corporal. En caso de existir agravante, el infractor perdería el derecho a heredar cuando se trata de parientes cercanos a la víctima.
Un estudio estadounidense, citado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), “advierte que las tasas de maltrato a las personas de edad en la comunidad pueden haber aumentado hasta en un 84 por ciento”.
La OMS considera que “el maltrato a las personas de edad es un problema importante de salud pública”. México es uno de los países en que no se asume como tal ya que prevalece como un fenómeno social sin transparencia en las cuatro paredes de los domicilios familiares, para lo cual no existen estrategias integrales que lo combatan en estrecha coordinación en los ámbitos federal, estatal y municipal, ni con universidades e instituciones privadas.
La pandemia acrecentó esas formas de violencia, sobre todo la falta de información de los peligros del COVID-19, dado que esta población es aún la más vulnerable a los contagios, tanto que la Secretaría de Salud reconoce que la mayor mortalidad se acentuó en las personas de más de 60 años debido a la edad y sus padecimientos crónicos. El 61 por ciento de las muertes acumuladas por COVID-19 lo integran personas de 60 años y más, consignó una información de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara en octubre de 2021.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que las personas mayores se encuentran entre “los grupos más vulnerables, que sufren consecuencias directas de la pandemia en su calidad de vida” y “enfrentan desafíos respecto del cumplimiento de sus derechos, en particular las de 80 años y más”.
Este grupo de población es el que durante la pandemia, dedujo la Cepal, tenía más probabilidades de presentar síntomas graves, “por la preexistencia de enfermedades crónicas y degenerativas”. Es otro “factor de riesgo asociado a la probabilidad de agravamiento y mortalidad por COVID-19 (OMS)”, ya que “es bien sabido que estas comorbilidades son más frecuentes entre las personas mayores”, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas y pulmonares, cánceres y padecimientos mentales.
Los datos de la Organización Mundial de la Salud difundidos en ocasión del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez en 2022, son más que significativos:
En el último año, aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de abuso en entornos comunitarios.
Las tasas de maltrato a personas mayores son altas en instituciones como residencias de ancianos y centros de atención de larga duración: dos de cada tres trabajadores de estas instituciones indican haber infligido malos tratos en el último año.
Las tasas de maltrato a las personas de edad han aumentado durante la pandemia de COVID-19.
El maltrato de las personas mayores puede conllevar graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas prolongadas.
Se prevé un aumento del problema por el envejecimiento de la población en muchos países.
La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 900 millones en 2015 a unos 2000 millones en 2050.
Las mayores víctimas de los tipos de maltrato son las mujeres. Se agudizan cuando padecen Alzheimer o alguna forma de discapacidad. Las mujeres de edad mayor enfrentan múltiples formas de discriminación derivadas de sus roles sociales basados en el género, agravadas por su edad, discapacidad u otros motivos, lo cual afecta el goce de sus derechos humanos, destaca el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).
La pandemia agudizó la compleja problemática de esta población, por el confinamiento y la urgencia de requerir fuentes de financiamiento externas, ya que únicamente entre el 24 y 25 por ciento de las personas de más de 60 años cuenta en México con una pensión contributiva, en general de muy baja remuneración.
Un gran número de personas de más de 60 años recurrieron a otras fuentes de financiamiento, sobre todo las que prestan sus servicios en el comercio informal y las tiendas de autoservicio como empacadores, sin ninguna contratación legal y sólo dependiendo de las dádivas de las personas consumidoras.
Una modalidad de violaciones a los derechos de las personas adultas mayores con pensión contributiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), es el abusivo uso de sus datos personales para ofrecerles vía correo postal atractivos créditos impagables, que terminan en previsibles despojos de bienes patrimoniales.
Lo extraño es que este tipo de datos personales sólo se encuentran en resguardo por los padrones de pensionados de esos organismos públicos y su difusión se sanciona. La Ley General de Protección de Datos Personales tiene como objetivo “proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento”.
Esta legislación aprobada por el Congreso garantiza a toda persona “ejercer el derecho a la protección de los datos personales”. Pero en este caso es letra muerta.
Población en condiciones de alta vulnerabilidad
Prácticamente las violencias contra las personas mayores se encuentran en la más absoluta impunidad, dada la falta de denuncias y garantías de protección a ese grupo de población, no obstante la existencia de legislaciones como la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México y legislaciones similares en los estados de la República.
La mayor parte de los derechos de las personas adultas mayores en México previstos en las legislaciones están en el limbo. En la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores de la capital mexicana, se plantean 23 derechos que derivan de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores del 15 de junio de 2015 aprobada por Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Perú, El Salvador y Ecuador. México se ha negado desde el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto a firmar esa convención, y ahora por Andrés Manuel López Obrador por haber sido aprobada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las violencias y sus diversas formas tienen origen en las familias, vecindades, empresas, espacios públicos. Por ello es tan difícil que se registren en instituciones como el Inapam o el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia y la Fiscalía de la Ciudad de México, y mucho menos en las instituciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia federal y de los estados y municipios del país, dada la oscuridad en que se desarrollan los delitos cometidos contra las personas mayores, mucho más oscuros conforme avanzan las edades de las personas mayores a partir de los 80 años.
Apenas el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México reporta que en plena etapa de la pandemia, de los 3 mil 234 reportes recibidos entre enero y julio de 2021 en su Línea Plateada 55-5533-5533, el 25 por ciento trata sobre maltrato de personas adultas mayores, 4 por ciento de abandonos y 3.5 por ciento de conflictos familiares, sin especificarlos.
Este Consejo especifica que del 94.2 por ciento de los reportes que llegaron a la Línea Plateada vía telefónica, el mayor porcentaje de atención, el 25 por ciento, lo ocuparon “las atenciones relacionadas con el maltrato”.
Probablemente sea este Consejo de la capital mexicana el organismo mejor organizado para atender las problemáticas de violencias que enfrentan las personas adultas mayores. Según la información de este Consejo en su página de la internet, “en cuanto a los tipos de violencia reportada, se detectó un aumento del 38 por ciento en la combinación de la física, emocional y patrimonial, y del 56 por ciento en la mezcla patrimonial y emocional”.
“Los datos revelan que los hijos y las hijas son, en el 52.6 por ciento de los casos, los responsables de ejercer las agresiones, en un 12.3 por ciento los familiares y en el 7.6 por ciento los cónyuges”, señalan los datos de ese Consejo del gobierno de la capital del país.
Dos de cada tres llamadas fueron realizadas por los mismos adultos mayores de 60 años, aunque la intervención de personas cercanas a ellos también fue central, destaca ese Consejo. El 21.6 por ciento de los reportes fueron hechos por familiares, 8.4 por ciento por conocidos y 2.5 por ciento por vecinos.
Regularmente se deposita en organismos como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia federal y de los estados “denunciar ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y en general”, como cita la Ley del Adulto Mayor del Estado de México.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México está obligado a denunciar “cualquier acto que perjudique a los adultos mayores”, y en el caso del derecho a la información a facilitar el “acceso a toda la información gerontológica y tanatológica disponible, para incrementa su cultura, y llevar a cabo acciones de prevención y preparación para la senectud, así como “obtener productos de calidad con componentes gerontológicos y geriátricos en los diversos niveles de atención a la salud”.
El 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, es una fecha en la que nuevamente se transparenta la ausencia de políticas públicas específicas e integrales que en México atiendan este fenómeno que crece conforme aumenta el número de personas mayores de más de 60 años.
A escala mundial, la OMS prevé que el número de casos de maltrato a las personas de edad aumente, ya que muchos países tienen poblaciones que envejecen rápidamente. Incluso si la proporción de víctimas se mantiene constante, su número en el mundo aumentará rápidamente debido al envejecimiento de la población: para 2050 el número de víctimas habrá aumentado hasta 320 millones, ya que la población mundial de personas de 60 años y más se habrá incrementado hasta los dos mil millones.
Para la OMS, las consecuencias el maltrato a las personas de edad “puede tener graves consecuencias físicas, mentales, financieras y sociales, como lesiones corporales, mortalidad prematura, depresión, deterioro cognitivo, ruina financiera y necesidad de ingresar en una residencia de ancianos”.
“Para las personas de edad, las consecuencias del maltrato pueden ser especialmente graves y la recuperación puede llevar más tiempo que para las personas de otros grupos de edad”, destacó la OMS en una información divulgada en la víspera del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez de este año.
Publicado en Diario TE. Periodismo innovador para la Tercera Edad
