- Solicitó a los titulares de Educación, Seguridad y Codhem garanticen derechos de niñas, niños y adolescentes.
- El programa podría ser discriminatorio: Emiliano Aguirre, Abraham Saroné y Faustino de la Cruz.
Toluca de Lerdo, México, 10 de noviembre de 2022- Por unanimidad, el Congreso mexiquense solicitó a Gerardo Monroy Serrano, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau y Myrna Araceli García Morón, titulares de las secretarías estatales de Educación y de Seguridad, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, respectivamente, que realicen ajustes al programa ‘Mi Escuela Segura’, en instituciones educativas de nivel básico, a fin de que se respeten y garanticen los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes durante su ejecución en el presente ciclo escolar y subsecuentes.
El diputado Emiliano Aguirre Cruz, proponente del punto de acuerdo con los legisladores Abraham Saroné Campos y Faustino de la Cruz Pérez, señaló que la problemática de inseguridad en algunos planteles educativos no solo se refiere a la salvaguarda de la integridad de la comunidad escolar, pues implica que las instituciones ejecuten sus políticas públicas con estricto apego de respeto a los derechos humanos.
El legislador recordó que el Programa “Mi Escuela Segura” ejecutado por la Secretaría de Seguridad del Estado está encaminado a la prevención social del delito, como respuesta para combatir el narcomenudeo, el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar, al interior y exterior de los planteles escolares mediante la participación social de alumnos, padres de familia, personal docente y administrativo de las instituciones educativas de nivel básico.
Añadió que en 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que el ‘Operativo Mochila’ era una violación a los derechos, razón por la cual algunas entidades suspendieron su ejecución y otras realizaron ajustes en su aplicación, mientras que la Codhem desde 2017 no ha actualizado el protocolo para la ejecución del operativo ‘MI Escuela Segura’, que además podría ser discriminatorio pues solo se aplica en niñez y adolescencias, no en docentes, personal administrativo u operativo y demás personas que conformen la comunidad escolar.
