Tanius Karam
El 17 de septiembre circuló un desplegado firmado por 650 escritores, académicos, artistas entre otros, acusaron al actual gobierno de “socavar la libertad de expresión”. Inevitablemente el tema levanta una serie de temáticas de importancia en la escena pública y en ese sentido hay que celebrar la necesaria discusión, de este y otros asuntos, ¿Deben los intelectuales guardar relación cercana con el poder?, ¿Conviene eso a las causas que estos actores sociales pueden defender, representar?
Al día siguiente de la publicación del desplegado, el presidente López Obrador dijo que debían pedir disculpas por haberse beneficiado durante tantos años al amparo del viejo régimen. AMLO comentó que gobiernos pasados mantuvieron una política de control sobre los medios y que entendía la reacción de los intelectuales porque se les ha afectado donde más duele: tuvieron privilegios que ahora están perdiendo. Dijo que su gobierno no censuraría a nadie como gobiernos anteriores lo hicieron con periodistas como Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui.
Semanas antes, el 20 de agosto la Secretaría de la Función Pública (SFP) impidió a la revista Nexos realizar contratos de publicidad con entidades públicas, porque según aquella secretaria, la revista violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que Nexos presuntamente dio información falsa o imprecisa al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que por amplios sectores ha sido señalado como una estrategia de censura. Por su parte, seguidores del régimen niegan el apelativo de censura, ya que las revistas puedes seguir operando, solo que ahora sin el beneficio de la publicidad gubernamental.
En la conferencia “mañanera” del 8 de septiembre López Obrador reveló cifras de las cantidades recibidas por las revistas Nexos y Letras Libres. En la misma conferencia López Obrador aprovechó para relacionar esas denuncias con otro tipo de críticas que hizo a los medios como al diario El Financiero del que se dijo llegó a recibir 100 millones de dólares.
La discusión ha estado en casi todos los foros de opinión en televisión, donde igualmente opinadores afines a los directores de Nexos y Letras Libres han proseguido la defensa de estos intelectuales. El jueves 17 septiembre en su conocido programa nocturno La hora de opinar, el conductor y titular de este espacio el conservador y autodenominado “neoliberal” Leo Zukerman abordó el tema. En su intento por defender públicamente a sus amigos Héctor Aguilar Camín —colaborador del propio espacio que coordina— y Enrique Krauze, quiso que la columnista Denise Dresser especificara si al hacer la crítica a la relación de los intelectuales en su cercanía con el régimen del PRI y el PAN se refería a los directores de Nexos y Letras Libres. Dresser se desmarcó y se excusó para no personalizar, pero Zukerman insistió, en lamentable intento por exculpar públicamente a sus amigos y pedir de los comentaristas quien inequívocamente los refería sin mencionarlos.
En la mesa de debate, Pablo Majluf, colaborador también de Letras Libres, señaló que el origen de “odio” de AMLO tendría una vieja historia respecto a cierta “izquierda” que no perdonó a algunos intelectuales por no apoyarles durante el tiempo de la transición, y la crítica constante de éstos contra la demagogia de la izquierda.
El término “intelectual” ha sido objeto de una cierta erosión semántica. A veces distante y poco claro respecto a la enorme complejidad de algunos problemas. La historia contemporánea de los intelectuales probablemente se inicie a finales del siglo XIX con el célebre caso Dreyfuss, el 14 de enero de 1898 apareció en el periódico L’Aurore bajo el título de “Manifiesto de los Intelectuales” que reclamaba una revisión del juicio por el cual se había condenado injustamente al oficial de origen judío Alfred Dreyfuss; al asentar junto a sus nombres los títulos profesionales de los cuales estaban investidos, los signatarios dejaban ver que consideraban las credenciales intelectuales como fuente de autoridad, la autoridad de los hombres de saber, que les confirió tanto la responsabilidad moral como el derecho colectivo a intervenir directamente en el debate cívico. Desde entonces la actividad intelectual ha sido muy amplia y diversa, desde su defensa a ultranza, hasta quienes consideran que en la sociedad de la información esa figura ha dejado de tener sentido.
El académico Gonzalo Sánchez Gómez, en su artículo El compromiso social y político de los intelectuales, establece que cualquier discusión sobre los intelectuales tiene que considerar los macrosujetos a partir de los que tradicionalmente hablaba el intelectual (la Nación, el Estado, el Pueblo, la Revolución) han entrado en crisis y han dejado al intelectual es una especie de suspenso y por tanto centrado en una labor: la de su propia sobrevivencia. Cada momento histórico desarrolla unas formas características de intervención de los intelectuales y criterios de validación propios de esa intervención; eso quiere decir que la participación y el compromiso del intelectual depende del tipo de sociedad en la cual se materializa su intervención, de su entronque con la organización de la cultural.
En todo caso la situación permite la oportunidad de la discusión que los llamados “intelectuales” tienen o pueden tener con el poder en turno. Si bien se reconoce la conveniencia de algunos grupos y personajes en los tiempos del PRI y del PAN, sería conveniente pensar como imperativo ético que los intelectuales tengan una razonable distancia para ejercer con libertad su ejercicio y ofrecer un contrapeso efectivo que denuncie los excesos del príncipe y las arbitrariedades del poder y haga un mejor servicio a la sociedad y a los grupos que estos intelectuales puede ayudar a visibilizar.
De la misma manera, aun cuando son ciertas las críticas que AMLO y algunos de sus funcionarios han realizado contra el modus operandi de los intelectuales del ancient régimen, ello per se no justifica cualquier tipo de presión o amenaza contra opinadores o intelectuales que obviamente no comulgan con el régimen o que incluso pudieron haber peleado contra él como Krauze— se sabe durante meses operó contra AMLO para impedir que ganara las elecciones. Ello tampoco significa que AMLO represente el “mundo ideal” en la relación intelectuales-poder. Lo que este affaire puede abonar a la discusión pública, es sin duda claridad, transparencia y revertir la simulación, el favoritismo y la consolidación de grupos culturales por encima de otros.
En este debate, el peor escenario que pudiera pensarse es el revanchismo al que lleva a pensar comentarios como el hecho recientemente por el director del F.C.E. Paco Ignacio Taibo II —caracterizado por expresiones no precisamente muy afortunadas. En entrevista al medio radiofónico La Octava “aconsejó” a los “hijos de la “operación Berlin” (llamada así porque en la calle Berlín era donde se reunían los convocados por Krauze para fraguar contra AMLO) quedarse donde están o ir cambiando de país; aclaró que no era amenaza. Las declaraciones del también autor de la novela de no ficción Ernesto Guevara, también conocido como el Che (1996) fueron criticadas por su forma, y porque no puede justificarse una expresión —sobre todo en el caso del escritor quien es director de la editorial pública más importante del Estado mexicano— que dicta quién puede y quién no seguir en México, y deja del lado un valor fundamental de la vida democrática como es el disenso, la diferencia de opiniones.
En todo caso si bien puede ser reprochable la actitud de intelectuales como Aguilar Camín o Krauze y los múltiples beneficios de los que fueron objeto para llevar acabo sus empresas editoriales o culturales, ello no es razón para coartar la libertad de expresión de manera velada o directa.
Es cierto, como se argumenta, que Nexos puede seguir operando pero sin publicidad gubernamental y que el régimen señala que no hay impedimento al ejercicio de su libertad; pero el contexto político es de preocupación respecto al estado de la libertad de expresión, no solo por el hecho de los peligros que en México tiene convencionalmente ejercer el periodismo y cuyas condiciones siguen siendo muy complejas y difíciles, sino por encontrarnos en un entorno muy orientado a la proliferación de un discurso maniqueo y manipulador donde para el discurso dominante del régimen hay “buenos” y “malos”, hay un “antes” y un “ahora”, asumiéndose como parte de una muy cuestionable nueva etapa —eufemísticamente autodenominada “cuarta transformación”—, sobre todo cuando el régimen actual recuerdan viejos signos de lo que tanto critica, integra en su gabinete figuras que representaron lo peor del régimen anterior, y quiere redificar una presidencialismo nuevamente fuerte y autoritario, manipulando la discusión pública y colocando en el centro solo aquellos temas que le permiten al presidente confirmar la permanente imagen que quiere proyectar como alguien justo, paternal, anti-corrupto.
En todo caso el contexto pide atención, cautela y seguimiento, sobre todo de los lectores y de la manera como estos medios han ayudado a la construcción de una opinión pública más informada y la recuperación de la tradición literaria del periodismo y el ensayo político. Si Aguilar Camín y Krauze hubieran cometido algún ilícito, que se le juzgue. No ayuda a la causa que supuestamente el nuevo régimen quiere promover, que se realicen juicios mediáticos contra sus enemigos, adversarios. Por otra parte, el tema no es solo denunciar, sino revisar la legislación que haya permitido prácticas adversas a la misma libertad de expresión (como cuando los medios hacen entrevistas que se piensa periodísticas o espontáneas cuando en realidad son pagadas por los entrevistados), o bien las formas tradicionales de apoyo usadas por el gobierno a medios afines.
Concedemos que Aguilar Camín y Krauze no representan lo mejor del intelectual crítico, independiente, democrático que hayan promovido los grandes cambios en la vida pública y política, y reflejan ese vínculo casi perfecto entre el cetro y la pluma. Es cierto que los directores de las revistas mencionadas gozaron de beneficios y a su manera facilitaron la reproducción de una relación de conveniencia entre intelectuales. Pero no menos cierto es el peligroso el uso de formas intimidatorias, aun cuando estén justificadas bajo argumentos legales, no supone promover la transparencia, la diversidad, el fin de régimen de privilegios ni el fin de esas mafias culturales que ahora se quieren erradicar.
Las críticas contra Nexos y Letras Libres del actual régimen no parecen seguidas de un plan para cambiar la legislación que ayude a impedir aquellas prácticas del pasado, se repitan; sino que parece más una estrategia de fortalecimiento de la narrativa “viejo régimen-nuevo régimen” y un “aviso” al pensamiento distinto, lo que no puede ser más preocupante para la promoción de la democracia en comunicación social.
