El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que se investiga a LatinUs por presunto lavado, ya que este consorcio empresarial recibió dinero entre 2019 y 2024 de gobiernos estatales al igual que del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la suma que recibieron fue de 2 mil 437 millones de pesos.
Gómez Álvarez detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera recibió información de instituciones financieras que detectaron inusuales movimientos financieros (triangulaciones económicas) que provenían de gobiernos estatales, los cuales se enviaron a dos empresas de LatinUs como pago por servicios de salud y otra para el pago de sus periodistas.
Al respecto, el director de la UIF aclaró que no se investiga a Carlos Loret de Mola ni a Víctor Trujillo, quienes participan en los noticieros, con críticas opositores y en ocasiones sin aportar datos que respalden sus dichos.
“Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina LatinUs”, resaltó el funcionario ante las acusaciones de varios medios de comunicación de “censura” al igual que de “persecución”.
Según la periodista Peniley Ramírez en una entrevista que dio días atrás a Carlos Urdiales, en la estación W Radio, aseguró que tanto a Carlos Loret de Mola como a Víctor Trujillo se les persigue políticamente por haber publicado el reportaje El Clan, en el que se acusa a los hijos del presidente López Obrador de involucrarse con supuestos actos de corrupción.
“Sí existen, tengo números de expedientes, peticiones, confirmé con todas las personas mencionadas en mis columnas los nombres completos, datos, tuve el cuidado de llamar a Carlos, Víctor Trujillo, asegurarme que, si te trata de ellos y si estaban enterados de esta investigación, veremos que dice Pablo Gómez en la “Mañanera” mañana. Los oficios que yo tengo dicen claramente que es la UIF, no es que alguien me lo contó”, aseveró Peniley Ramírez.
Sin embargo, la investigación que realiza la UIF es en contra de Cristian González Guadarrama, quien es el dueño del consorcio empresarial y que, además, una de ellas tiene sede en Delaware, Estados Unidos, al que describió como un “paraíso fiscal”. LatinUs está integrado por varias empresas: Latinus Media Group, Latinus Media Radio SA, Latinus Media MX Hub SA de CV, además de BCG Limited Consulting al igual que Digital Beacon Programatic Services SA de CV.
Pablo Gómez destacó que BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic Services SA de CV son las empresas a las que se les paga por productos farmacéuticos, así como servicios de salud, y con esos recursos se pagan millonarias cifras a Carlos Loret y Victor Trujillo. Otros de los grandes beneficiados es el exconsejero electoral e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Lorenzo Córdova.
En la investigación que realiza la UIF se señala a los gobiernos de Samuel García en Nuevo León por un pago de 29 millones de pesos entre 2021 y 2024; también al gobierno de Quirino Ordaz en Sinaloa por un pago de 15 millones en 2021; Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas y hoy con órdenes de aprehensión, también le pagó 4 millones de pesos en 2021 al mismo consorcio empresarial.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo varios pagos entre 2019 y 2023 por 381 millones a Diseño de Salud Integral, Digimedical y Samedic. No obstante, no son los únicos gobiernos que le han dado dinero, también lo hicieron los gobiernos de Alfredo del Mazo al igual que el de Delfina Gómez por mil 117 millones de pesos entre 2020 y 2024; el gobierno de Silvano Aureoles pagó 698 millones; así como los gobiernos de Omar Fayad y Julio Menchaca por 190 millones de pesos.
Por Abraham Pensamiento
