Balbina Flores
Después de tres años del asesinato del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, ocurrido en El Morro Mazatán, Oaxaca, el 17 de junio de 2021, resulta evidente que su trabajo informativo era incómodo para los poderes locales y más de un funcionario de aquella región, con posibles vínculos con el crimen organizado.
Sánchez Cabrera publicaba información acerca de la violencia en la zona, irregularidades en la gestión pública de autoridades locales y situaciones de colusión y omisión en el tráfico de hidrocarburos, así como corrupción e inseguridad en su comunidad.
Un día de abril de 2021, me buscó con un mensaje que aún conservo en la memoria: “dónde compro un chaleco antibalas”, mi respuesta inmediata fue: “tú no tienes que comprarlo porque además son muy caros; el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores te lo debe dar”. Llamé a nuestro enlace al Mecanismo y le pregunté por qué razón Gustavo no había sido incorporado y respondió que se revisaría el caso; aun así, tardaron poco más de un mes para que le otorgaran medidas de protección.
Desde ese día los mensajes y las llamadas entre Gustavo, yo, y el Mecanismo fueron y vinieron, hasta un día antes de que lo asesinaran, cuando reclamó en un mensaje al Mecanismo para decir que las medidas no llegaban. Esas peticiones fueron notificadas a las autoridades de Oaxaca: a la Coordinación de Derechos Humanos de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado de Oaxaca por lo menos 12 días antes de ser asesinado. Aquellas solicitudes nunca fueron atendidas.
La de Gustavo fue una muerte anunciada, como la de muchos periodistas en México, donde las autoridades de Oaxaca y el Mecanismo de Protección le fallaron a él y a su familia.
Nuestra lucha desde Reporteros Sin Fronteras (RSF) no quedó ahí. Desde entonces seguimos las investigaciones ante las fiscalías. En el inicio de las indagatorias y después de varias reuniones, logramos que el 27 de junio de 2022 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la recomendación 121/2022, por violaciones a los derechos humanos dirigida a la Secretaría de Gobernación, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad, y a la legalidad por falta de diligencia, así como por el incumplimiento al deber de proteger a Gustavo y su familia.
En los mismos términos fue dirigida la recomendación al entonces gobernador Alejandro Murat (ahora senador por el partido Morena), quien no aceptó aquella Recomendación. Su sucesor, Salomón Jara, sí la aceptó, y el entonces Fiscal Arturo de Jesús Peimbert. Una recomendación inédita, que, por cierto, se encuentra en cumplimiento parcial por ambas autoridades tanto federales como estatales.
Entre las principales exigencias destacan la de iniciar un procedimiento interno contra los funcionarios de diversas instancias involucradas que no protegieron al periodista, así como establecer que el Mecanismo de Protección y el gobierno del estado de Oaxaca, “ofrezcan disculpas públicas que tengan por objeto establecer la verdad de los hechos, reconocimiento de responsabilidad institucional de los sucesos, restablecer la dignidad de la víctima por su relevante labor periodística que en vida realizó” y el compromiso de que los hechos que originaron la Recomendación no vuelvan a ocurrir.
A tres años del asesinato de Sánchez Cabrera, gracias al trabajo de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica, se logró que las autoridades de Oaxaca y el Mecanismo de Protección, en un evento público, ofrecieran disculpas a la familia de Gustavo, que es uno de los criterios que establece la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU.
La disculpa pública se realizó el 17 de junio, en Palacio de Gobierno de Oaxaca, donde participaron autoridades locales y federales: Flores Estela Hernández, coordinadora para las Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca; Geovany Vásquez Sagrero, consejero Jurídico del Gobierno del Estado; José Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General del Estado de Oaxaca; y Tobyanne Ledesma Rivera, Directora General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación Federal.
En representación del Coordinador Ejecutivo Nacional, Tobyanne ofreció la disculpa pública a título de la Secretaría de Gobernación y César Eduardo Medel García, Director de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ambas instancias reconocieron su responsabilidad en la no protección del periodista, se comprometieron a que este hecho lastimó a la libertad de expresión y a su familia, así como al gremio periodístico; y se comprometieron a investigar los hechos.
Las autoridades de Oaxaca y del Mecanismo Federal reconocieron el daño causado a Gustavo Sánchez y su familia, la aceptación de su responsabilidad en la no protección del periodista y asumieron el compromiso de que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Pero Ricardo Neves fue más allá y señaló que para que estos hechos no vuelvan a repetirse deberá, “en el marco de las garantías de no repetición, fortalecerse el Mecanismo de Protección, asegurarse los procedimientos adecuados para la incorporación, evaluación de riesgo, definición de un plan de protección y un seguimiento oportuno de implementación de medidas”.
La disculpa pública es tan solo el primer paso para el reconocimiento a la afectación de las víctimas, y avanzar en la justicia y no quedar en un bonito discurso de un acto público, sino que deberá también garantizar que los autores materiales e intelectuales del asesinato de Gustavo que aún siguen libres sean detenidos y llevados ante la justicia por este atroz crimen. Es la mejor disculpa que se puede ofrecer.
Este sería el tercer caso de un periodista en el que se ofrece una disculpa pública; el primero fue el de Lydia Cacho en enero 2019; 14 años después de la persecución sufrida en 2005, tras la publicación del libro Los Demonios del Edén. El segundo fue Alfredo Jiménez Mota, periodista de El Imparcial, desaparecido en Sonora en 2005. La disculpa llegó hasta diciembre de 2021, 16 años después. Las disculpas no es perdón ni olvido: es un gesto de buena voluntad política en el que la autoridad asume su responsabilidad en los hechos ocurridos y, por lo tanto, un compromiso pendiente de cumplir ante la sociedad que se llama verdad, justicia y reparación.
Es triste ver cómo las disculpas y la justicia para las y los periodistas asesinados en México tardan demasiado tiempo. Ojalá cada vez haya menos disculpas y más detenidos y sentenciados por el asesinato de periodistas en México.
Por cierto, que este 22 de junio se cumplieron 20 años del artero crimen del periodista y fundador del Semanario Zeta, Francisco Javier Ortiz Franco, en Tijuana, Baja California, 22/06/2004, asesinato que aún permanece en la impunidad, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un seguimiento puntual de la investigación de las autoridades mexicanas, en más dos décadas han sido incapaces de detener a los autores materiales del asesinato del periodista.
Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras
