Balbina Flores Martínez*
Se cumplieron nueve años del asesinato del periodista y cofundador del semanario Ríodoce, Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa (15/05/2017).
Nueve años después del homicidio, reunidos en Culiacán, familiares, colegas periodistas y representantes de organizaciones que acompañan la demanda de justicia, reiteraron su exigencia para que el autor intelectual de ese homicidio, Dámaso López Serrano, sea extraditado a México para ser juzgado por ese asesinato.
López Serrano, el “Mini Lic” continúa sin enfrentar a la justicia. Por ese homicidio dos personas purgan sentencias: Juan Francisco Picos Barrueta, alias “El Quillo”, 32 años de prisión, y Heriberto Picos Barraza, alias “El Koala”, 14 años y 8 meses de prisión.
En julio de 2017, López Serra no se entregó al gobierno de Estados Unidos, que lo mantuvo bajo custodia como testigo colaborador para obtener beneficios procesales y libertad condicional a cambio de colaborar en los juicios en contra de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán” pero en 2024 fue detenido nuevamente por tráfico de droga y el 4 de febrero de 2026, fue sentenciado a cinco años de prisión por intento de tráfico de fentanilo.
La pregunta es si después de cumplir su sentencia, ¿podría ser extraditado a México para ser juzgado por ordenar el asesinato de Javier? La respuesta está en el gobierno mexicano, que sigue teniendo una deuda con la familia de Javier y sus compañeros de Ríodoce, pero también del gobierno de Estados Unidos.
Aunque el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha manifestado su intención de solicitar la extradición de López Serrano, no existe mayor información sobre este proceso, y la familia desconoce si hay algún avance.
Según informaciones de esa Secretaría, en 2020 se realizó la primera solicitud de extradición al gobierno estadunidense de la cual al parecer nunca recibieron respuesta. Se desconoce si la cancillería mexicana ha insistido en ello. A la fecha el gobierno mexicano, no ha emitido ningún pronunciamiento formal sobre el inicio del procedimiento de extradición.
Habrá que ver si la actual titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy pone mayor interés en el caso a través del actual titular de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) bajo el mando de Raúl Armando Jiménez Vázquez.
En la conferencia presidencial del 19 de mayo, el canciller Roberto Velasco, informó a la Presidenta Claudia Sheinbaum que el gobierno mexicano ha tramitado 269 solicitudes de extradición al gobierno de Estados Unidos, pero ninguna de ellas ha sido atendida. Detalló que 36 fueron rechazadas y 233 continúan pendientes.
En esa conferencia se mencionaron las solicitudes de personas requeridas por la justicia de México, como ex gobernadores, defraudadores y dos personas involucradas en las desapariciones de Ayotzinapa. No se mencionó al autor material del asesinato de Javier Valdez. A pesar de que desde 2019, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia se comprometió con la viuda de Javier, Griselda Triana, a agilizar la investigación del caso y a la extradición de López Serrano.
A nueve años del asesinato, familiares de Javier, sus colegas de Ríodoce y las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica -que acompañan este caso desde 2017-, exigieron al gobierno mexicano insista en la extradición del autor intelectual del asesinato de Javier para acabar en la impunidad en este caso.
En aquel evento, representantes de esas organizaciones llamaron la atención acerca del “contraste entre la agilidad institucional para intervenir en casos de funcionarios públicos acusados por Estados Unidos y la falta de voluntad para extraditar al autor intelectual del crimen de Javier, por lo que es evidente que esa situación conlleva un mensaje de validación hacia la violencia e impunidad que viven y padecen los periodistas en México.
Conminaron a que “si el tratado de extradición entre México los Estados Unidos representa un acuerdo entre iguales, el gobierno mexicano debe hacer valer su condición de país soberano en todos los órdenes, y exigir la extradición de Dámaso López Serrano, petición que debe hacerse con energía y sin mayor dilación”.
A nueve años del asesinato de Javier Valdez, que conmovió al gremio periodístico en México, no olvidamos que en su caso la impunidad continúa. Ahora Sinaloa vive desde hace 20 meses un clima de violencia que ha vuelto más riesgoso el ejercicio periodístico y que de alguna manera nos recuerda que Valdez fue asesinado en este contexto de las primeras fisuras de un Cártel que controló por muchos años aquel estado donde los políticos también han tenido mucho que ver.
Las condiciones de vulnerabilidad en que los periodistas en Sinaloa hoy realizan su trabajo, es de ex trema exposición en medio de una confrontación permanente entre los dos bandos del cártel de Sinaloa, “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, lo cual expone bajo grave riesgo a los periodistas, a quienes las fuerzas federales los ven como enemigos; los grupos delincuenciales que los ven igual o peor; y los políticos que los miran con desconfianza.
En Sinaloa es urgente que el gobierno tome medidas preventivas para garantizar la seguridad de los periodistas, generando entornos seguros para su labor y fortaleciendo los mecanismos de protección; cesando los ataques contra la prensa crítica en aquel estado, que no aguanta más tanta violencia.
*Representante en México de Reporteros Sin Fronteras.
