El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aumentó hasta a un millón 468 mil 841 pesos el tope de gastos de campaña para la elección del Poder Judicial —a excepción para los candidatos a jueces de distrito—, que se realizará el próximo 1 de junio.
A pesar de inconformidades por parte de algunos consejeros electorales, el tope de gastos de campaña que estableció en un principio el Consejo General del INE (220 mil 326 pesos) se multiplicó tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según la cual tal cantidad debía ser el gasto mínimo y no el máximo.
De esta manera, para las candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el gasto se multiplicó siete veces, así como para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), al igual que para la Sala Superior del TEPJF. El monto aprobado para estas candidaturas ascendió a un millón 468 mil 841 pesos.
El gasto para las postulaciones a magistraturas de las salas regionales del TEPJF aumentó a 881 mil 304 pesos; mientras que para las magistraturas de circuito, el gasto se duplicó a 413 mil 111 pesos. Sin embargo, los consejeros del INE aprobaron dejar en 220 mil 336 pesos el gasto de campaña para las y los candidatos a jueces de Distrito.
Por su parte, los consejeros se inconformaron con la resolución del TEPJF, pues Arturo Castillo denunció que el Tribunal Electoral no aportó ningún argumento contundente para considerar viable la decisión de elevar los gastos de campaña de los candidatos: “Ahora resulta que la literalidad de la norma que dice ‘no podrá ser superior’ (a 220 mil pesos) ahora debe interpretarse como ‘no podrá ser inferior’. ¿Con qué razón? No tengo idea”.
Todos los consejeros, menos Carla Humphrey y Jorge Montaño, aseguraron que la resolución del TEPJF resulta contradictoria y que, además, genera inequidad entre las y los candidatos, pues los más ricos aventajarán a los que tienen menos recursos.
Al respecto, la consejera Dania Ravel señaló que el TEPJF cometió un “desatino tremendo”, pues “se propicia que el dinero sea un factor de ventaja severo y determinante de una candidatura sobre otra”.
Mientras que el consejero Uuc-Kib Espadas aseveró que la postura de los magistrados electorales “impone actuar fuera de la ley”.
Según la reforma constitucional sobre la elección judicial, las y los candidatos no podrán emplear recursos públicos ni privados para apoyar sus candidaturas, de modo que sólo podrán utilizar dinero que les pertenezca, no obstante, tampoco pueden emplear publicidad ni encuestas, ni nada por el estilo.
Redacción
