El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las y los candidatos a ocupar alguno de los cargos del Poder Judicial no podrán sobrepasar el tope de 220 mil 326.20 pesos, para gastos de campaña durante 60 días.
Y es que el artículo 96 de la Constitución señala que las candidaturas para el Poder Judicial no pueden tener financiamiento público ni privado, por lo que las y los aspirantes tendrán que valerse de sus propios recursos, para cubrir los gastos que realicen para promocionarse de cara a la elección del próximo 1 de junio.
En el debate sobre el tema, algunos consejeros electorales aseguraron que los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían disponer de una cantidad mayor.
En contraste con otros procesos electorales, en los que los partidos sí reciben dinero público y tienen permitido el financiamiento privado, en el caso de la elección del Poder Judicial las y los aspirantes tienen prohibido recibir dinero que no sea personal, de manera que las redes sociales y otros foros públicos serán sus únicas herramientas para darse a conocer.
Igualmente, los candidatos no tendrán espacios ni en radio o televisión, y es por eso que el INE consideró un tope de 220 mil pesos, ya que, de lo contrario, las personas con mayores fortunas tendrían ventajas sobre aquellos con menos recursos económicos.
El consejero electoral Jaime Rivera apuntó que limitar de esta manera el tope de campaña no es lo más idóneo, pero aseveró que es producto de muchos de los errores de la reforma al Poder Judicial.
“Hacen inoperantes las campañas y no propician la equidad, más bien crean incentivos para la simulación”, expresó.
En tanto, la consejera Carla Humphrey agregó que este gasto de campaña impide que se desarrolle la democracia, ya que el pueblo sólo elegirá a la gente que ya es conocida en redes sociales, al igual que en los medios de comunicación.
“Fiscalizaremos, ¿y qué sigue? ¿Qué seguirá a un rebase de tope de gastos de campaña? ¿Quedarnos sin candidaturas? ¿O bien tener personas juzgadoras, impartidoras de justicia que abiertamente hayan infringido la normatividad?”, cuestionó la consejera.
Abraham Pensamiento
