Norma Julieta del Río Venegas*
Zacatecas, Zac.- En México, solemos concentrar la discusión pública en los resultados, ya sean leyes aprobadas, nombramientos realizados o políticas implementadas. Sin embargo, con demasiada frecuencia dejamos de lado los procesos mediante los cuales se toman esas decisiones.
Es ahí, precisamente, donde se juega una de las batallas más importantes para la vida democrática del país. No se trata únicamente de cumplir con formalidades legales o de seguir protocolos establecidos. Los procesos de selección (ya sea para designar a personas servidoras públicas, integrar órganos colegiados, definir candidatos o construir iniciativas de ley) son, en sí mismos, una herramienta poderosa para generar confianza, legitimidad y participación ciudadana.
Cuando estos procesos son abiertos, transparentes y bien diseñados, permiten que la sociedad no sólo observe, sino que también incida. Por el contrario, cuando se desarrollan en la opacidad, con criterios discrecionales o bajo lógicas de simulación, el resultado puede ser legal, pero difícilmente será legítimo.
Hoy más que nunca, en un contexto de transformación institucional y de redefinición de equilibrios de poder, es indispensable poner en el centro la calidad de los procesos. Porque no basta con que las decisiones sean correctas en apariencia; deben ser producto de mecanismos que generen certeza y confianza.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta el país es la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones. Y esto no se logra con discursos ni con reformas apresuradas, sino con prácticas consistentes y verificables. Los procesos de selección juegan un papel clave en este sentido. Pensemos, por ejemplo, en la designación de personas en cargos estratégicos. Cuando existen convocatorias públicas, criterios claros de evaluación, participación de expertos y espacios de escrutinio ciudadano, el resultado no solo es más robusto, sino también más creíble.
La confianza surge cuando la ciudadanía percibe que las reglas son claras y que se aplican de manera imparcial, cuando se abren las puertas a la observación y a la crítica, cuando se privilegia el mérito sobre la cercanía política. En suma, cuando el proceso es tan sólido que el resultado se sostiene por sí mismo.
Durante años, la participación ciudadana ha sido incorporada en muchos procesos institucionales más como un requisito formal que como un elemento sustantivo. Se abren consultas, se reciben opiniones, se organizan foros, pero pocas veces se explica cómo esas aportaciones influyen realmente en las decisiones finales. Este es uno de los grandes pendientes.
La participación debe ser incidente. La ciudadanía necesita saber que su voz cuenta, que sus aportaciones son consideradas y que forman parte de la construcción de soluciones. En el diseño de iniciativas de ley, esto es particularmente relevante. Las normas que rigen la vida pública no pueden surgir únicamente desde los escritorios. Requieren del conocimiento técnico, sí, pero también de la experiencia cotidiana de quienes enfrentarán sus efectos.
Abrir los procesos legislativos a la participación ciudadana no solo mejora la calidad de las leyes, sino que también fortalece su legitimidad.
Una ley discutida, analizada y enriquecida colectivamente tiene mayores posibilidades de ser respetada y cumplida. Hablar de procesos no es hablar de burocracia; es hablar de diseño institucional. Es reconocer que la forma en que se toman las decisiones influye directamente en sus resultados y en su impacto a largo plazo.
Un proceso bien estructurado permite anticipar riesgos, incorporar distintas perspectivas y construir soluciones más integrales. Por el contrario, un proceso improvisado o cerrado tiende a reproducir errores, generar resistencias y debilitar la implementación de las políticas públicas.
En un momento en el que el país enfrenta retos complejos (desde la transformación digital hasta la protección de datos personales, pasando por la rendición de cuentas y la transparencia) resulta indispensable que las decisiones se tomen con base en procesos sólidos.
Esto implica no solo abrir espacios de participación, sino también establecer metodologías claras, criterios de evaluación objetivos y mecanismos de seguimiento. Implica, en suma, profesionalizar la toma de decisiones públicas. En el ámbito público, la legalidad es el punto de partida, pero no puede ser el punto de llegada. Una decisión puede ser perfectamente legal y, sin embargo, carecer de legitimidad si el proceso que la originó fue cuestionable.
La legitimidad se construye a través de la confianza, y la confianza se genera a partir de procesos transparentes, incluyentes y consistentes. No hay atajos para ello. Por eso, es fundamental que las instituciones asuman un compromiso real con la mejora de sus procesos, no como una concesión, sino como una obligación democrática. Porque en última instancia, lo que está en juego no es solo la eficacia de una política pública, sino la credibilidad del Estado en su conjunto. México se encuentra en un momento clave de redefinición institucional. Las reformas en curso, los cambios en estructuras y la discusión sobre nuevas leyes abren una ventana de oportunidad para replantear la forma en que se toman las decisiones públicas.
Este es el momento de apostar por procesos más abiertos, más transparentes y participativos, dejar atrás prácticas discrecionales y momento de construir mecanismos que realmente respondan a las necesidades de la población. La ciudadanía no es un actor pasivo; es, y debe ser, parte central de la vida pública. Integrarla de manera efectiva en los procesos de decisión no solo es deseable, es indispensable. Porque al final, las instituciones no se fortalecen únicamente con leyes o con estructuras. Se fortalecen con confianza. Y la confianza, en democracia, se construye desde el origen: en los procesos.
*Excomisionada del INAI y experta en transparencia y protección de datos personales.
