Balbina Flores Martínez
Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras
A dos años del asesinato (20 de junio de 2021) del periodista Gustavo Sánchez Cabrera en El Morro, Mazatán, Oaxaca, su caso continúa impune y los familiares esperan justicia.
El gobierno de Oaxaca ha rechazado la Recomendación 121/2022 que le dirigió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se determinó la responsabilidad de autoridades estatales y federales por omisión y atención inadecuada ante los riesgos que corría Gustavo antes de que se consumara su homicidio. Una recomendación inédita por cierto por parte de la CNDH en el tema de protección.
Si bien el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aceptó casi de inmediato la Recomendación emitida el 27 de junio del año pasado y ha tenido avances, tampoco la ha cumplido en su totalidad y el gobierno de Oaxaca sin argumentación alguna se niega a aceptarla. Es indudable que este caso es un mal precedente para los derechos humanos en aquella entidad hoy gobernada por el partido MORENA, con lo que queda claro que su compromiso con la libertad de expresión está en duda.
A dos años del crimen, la familia del periodista no ha obtenido reparación integral, ni acceso a la justicia por las graves violaciones cometidas en perjuicio de su familia. Pero lo más grave es que la justicia por este homicidio se ha vuelto lenta un elemento que contribuye a la impunidad. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), atrajo la indagatoria meses después y las investigaciones siguen, pero sin ningún detenido hasta ahora. ¿Cuántos años debe esperar la familia de Gustavo para ver que la justicia llegue?
El 17 de junio de 2021, Gustavo fue asesinado por sicarios que le siguieron y lo asesinaron frente a su hijo menor que atestiguó los hechos. Un asesinato que a todas luces fue por ejercer su labor informativa, documentar y publicar temas de interés público, corrupción, inseguridad, robo de hidrocarburo y contubernio de autoridades con el crimen organizado, que fueron denunciadas a través de su portal “La Policiaca y La Nota Roja”.
Ese crimen pudo evitarse, si las autoridades de Oaxaca y del gobierno federal no hubiesen sido negligentes ante las amenazas que denunció en la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y la SEGOB, y a pesar de encontrarse incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por amenazas de muerte y ataques armados en su contra, y si ambas autoridades hubieran aplicado medidas de protección necesarias que le salvaran la vida.
En este caso las indagatorias y seguimiento que R e p o r t e r o s Sin Fronteras realizó antes y después del homicidio dejaron claro que la muerte del periodista era un crimen anunciado donde hubo responsabilidades tanto del gobierno federal como local y que la CNDH después confirmó. Es necesario que los gobiernos estatales se comprometan con la protección de periodistas y que las Fiscalías estatales sean diligentes porque en ellas descansa la responsabilidad de las primeras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.
Flores Martínez, B. (Julio 2023). Homicidio de periodista Gustavo Sánchez, impune. Revista Zócalo, (281), 62.
