Julio César Bonilla Gutiérrez | Segunda y última parte
II. Organismos garantes del acceso a la información y la protección de datos personales en México, democracia y futuro.
En el caso de México, nuestro tránsito como sociedad a escenarios más democráticos y abiertos, recorrido que comenzó con un modelo de Estado cerrado, poco incluyente y centrado en la figura del Ejecutivo que era cabeza no sólo del mismo, sino también, del partido hegemónico en el gobierno, lo sabemos, no ha sido sencillo.
Han pasado más de cuatro décadas desde la Reforma Política de 1977, con la que comenzó a desarrollarse en nuestro país, una historia entrelazada entre los graduales e incrementales avances democráticos, en materia de derechos humanos, apertura gubernamental y, por supuesto, la social construcción de las herramientas democráticas respectivas para dar sustancia a tales desarrollos.
En este camino, al día de hoy, nuestro país ha logrado significativos avances a partir de la creación y el perfeccionamiento de legislación específica (actualmente, de carácter general) y la institución de organismos garantes en relación con diversas áreas específicas de la Constitución, vinculadas con las materias de referencia. Los cuales, fueron constitucionalmente atribuidos y dotados de plena autonomía política, jerárquica, administrativa, presupuestal, técnica, decisoria y de gestión; porque, sólo en tales condiciones, podrían ser efectivos.
En ese orden de ideas, instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al igual, que sus homólogos a nivel local, como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), con competencia en las diversas entidades federativas, son herramientas institucionales y democráticas que hemos ido construyendo y, con las que contamos las y los mexicanos para tomar parte en el diálogo público e incidir en él de manera efectiva. Asimismo, para fortalecer nuestra privacidad, autodeterminación informativa, autonomía de voluntad y dignidad. El diseño de estas instituciones, los sistemas nacionales que los coordinan y los avances alcanzados, nos han costado mucho esfuerzo y tiempo.
Estos organismos, atienden a la lógica democrática de que el control de las acciones de todas y cada una de las instituciones que conforman al Estado, debe quedar en manos de las personas por todas las razones expuestas en el primer apartado de este trabajo. En ese orden de ideas, consolidar su existencia o el alcance de sus facultades con el objetivo de perfeccionarlos en el ejercicio de sus funciones; en todo caso, implica actualizar esta fundamental premisa, sobre la que descansa, no solamente el diseño y la estructura normativa e institucional de un Estado democrático constitucional sino también, la idea de una amplia, progresiva y proyectiva democracia instrumental, como la que hemos esbozado, es solamente descriptible en términos de la inmensidad de la naturaleza, los intereses, deseos, aspiraciones y sueños de las personas, proyectados a la convivencia común.
Por ende, en un amplio sentido, es imprescindible, dimensionar, enmarcar, visibilizar y describir i) la trascendental importancia que, en una democracia constitucional, tienen los organismos de referencia, ii) el papel crucial que juegan y iii) los beneficios que brindan; en términos referidos al también, amplísimo y abierto marco relativo a la contribución sustancial que dichas instituciones hacen al libre desarrollo personal, y, en tales condiciones, al de la sociedad en su conjunto.
Por lo anterior, para un país como el nuestro, el escenario en el que dichas instituciones consoliden su efectividad incremental en el cumplimiento de sus facultades y atribuciones, sería un valor republicano agregado. Esto, al significar, la posibilidad de perfeccionar la lucha contra viejos paradigmas como el de la secrecía, opacidad, arbitrariedad, ilegalidad, corrupción e impunidad; las cuales, todas, son condiciones que frente a la ya descrita idea de democracia instrumental que nos inspira, son absolutamente inaceptables e incongruentes, sin necesidad de una mayor argumentación. Asimismo, porque ello implicaría un innegable avance respecto de los muy diversos procesos democráticos ya logrados por la sociedad y el Estado mexicano.
En adición a lo anterior, es preciso destacar que, por su origen constitucional, estas instituciones tienen igual representación jurídica que cualquiera de los tres poderes constituidos tradicionales, al surgir del mismo y único contrato vinculante entre las personas y el Estado que en una democracia constitucional, representa su texto fundamental. En esa inteligencia, al ubicarse estas instituciones, por su autonomía y en todo sentido, fuera de la esfera de influencia de los tres poderes clásicos; éstas, deben cumplir de manera efectiva su rol de garantizar frente a las personas el ejercicio y eficacia de los controles y contrapesos que operan frente al poder político en sus diversas dimensiones.
En ese sentido, los organismos garantes en estas materias desempeñan un papel crucial que, en el agregado, sirve al fin de articular y dar pie a un amplio, incluyente, accesible, abierto y equitativo diálogo público. Diálogo que, en todo caso, es un elemento imprescindible para una democracia constitucional, el cual, en el específico caso de México, resulta vital para el debido avance, desarrollo y la consolidación de la nuestra, que, en términos históricos, recién hemos configurado y nos encontramos probando en su efectividad.
En una debida consideración lógica de lo anterior, es de la mayor importancia entender que tales pruebas o intentos aplicativos, pueden ser revisiones necesarias o, en forma alguna, diálogos abiertos sobre los logros y avances alcanzados, por medio de reformas normativas o actos de poder provenientes de diversas esferas o actores del ámbito público que, aprovechando la representación y el peso político que tienen, puedan generar una construcción político institucional posible a fin y efecto de perfeccionar las capacidades institucionales, técnicas y sociales de dichos modelos.
Porque ello, de ser abiertamente actualizada, en toda forma y sentido, a la idea de democracia que inspira, da estructura y orienta a un Estado democrático constitucional; ineludiblemente, se traducirá en beneficios y aportaciones a las personas en sus libertades, derechos y posibilidades de desarrollo personal.
Sin embargo, en adición a lo recién señalado, hay que preguntarse sobre la forma en que se relaciona con cuestiones de naturaleza política, influencia y con el ejercicio de poder, en debida congruencia -o no- con los amplios fines que, idealmente, debe cumplir una democracia constitucional; en la actualidad y, sobre todo, de cara al futuro, consolidar y/o perfeccionar a las instituciones que nos ocupan y las funciones que realizan, es una variable democrática necesaria.
Afirmamos lo anterior, porque en el marco de la era digital que habitamos, los vertiginosos avances y desarrollos tecnológicos con que contamos, así como, las inmensas facilidades, ventajas, potenciales de crecimiento, retos y desafíos que nos representan en relación con múltiples y muy diversas áreas de la actividad humana; nos parece, resulta imposible subrayar lo suficiente, el exaltado carácter indispensable que tienen los organismos garantes del acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales con los que contamos en México.
Porque, en su evolutiva conformación, diseño y gradual perfeccionamiento, estas instituciones han acumulado una vasta experiencia, generando normativa, mecanismos administrativos y de toda índole, al igual que, un cúmulo importante de conocimiento y criterios que en estas materias específicas. Elementos, que no podemos desaprovechar frente a la necesidad de generar normativa que se traduzca en regulación eficiente, aplicable y efectiva para que las herramientas digitales, su utilización y sus efectos, guarden la debida congruencia con las lógicas, sentidos y fines de la democracia que hemos descrito antes, y, así, sirvan a su sustancial construcción.
A medida que las tecnologías de la información y la comunicación avanzan, se abren nuevas oportunidades para la participación ciudadana y la interacción con las instituciones. Sin embargo, también surgen desafíos relacionados con la protección de la privacidad, la veracidad de la información y la discriminación en línea.
Los organismos garantes han sido los primeros en irse adaptando y configurar las líneas para la digitalización de la información pública de todas las instituciones públicas. La Plataforma Nacional de Transparencia con que contamos y la capacidad que tienen, para generar constructiva interlocución internacional, regional y nacional con todo tipo de instituciones, organizaciones, actores públicos y políticos, son prueba de ello.
Tales insumos, con los que cuentan los organismos garantes, serán cruciales para avanzar con certeza y seguridad garantizadas a las personas en lo digital. Esto, por medio del establecimiento de principios éticos, políticas públicas integrales y regulaciones que, con efectividad, protejan los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, asegurando la integridad de los datos personales, combatiendo la desinformación y promoviendo la inclusión digital.
De igual modo, para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con las políticas de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales en ese ámbito. Para lograr esto, es necesario promover, como ya lo vienen haciendo estas instituciones desde hace algún tiempo, la educación digital y el desarrollo de habilidades tecnológicas en la población, garantizando que todos tengan las herramientas necesarias para participar activamente en la sociedad digital.
Para ello, los organismos garantes deben impulsar, como permanentemente lo realizan, la colaboración y el diálogo entre diferentes actores, incluyendo a la sociedad civil, los sectores académicos y empresariales, y las instituciones gubernamentales. Esto permitirá generar propuestas y soluciones innovadoras para los desafíos que surgen en el entorno digital, y promover una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
En esa misma línea, estas instituciones ya trabajan y deben seguirlo haciendo así, en la promoción de la veracidad de la información y en combatir la propagación de noticias falsas, con el objeto de garantizar así el acceso de las personas a información precisa y confiable. Asimismo, en relación con la importancia que tienen el cuidado y la salvaguarda de la información personal en un contexto en el que la misma, representa un valioso activo para muy diversos actores que, por medio de la utilización de las nuevas tecnologías y sus desarrollos persiguen fines que, no siempre, se encuentran alineados con las lógicas y fines democráticos que deben orientar en todo sentido, a un Estado democrático constitucional y que el mismo, a través de la agencia de todos los componentes de su estructura, debe perseguir, proteger y garantizar progresiva, proyectiva e incrementalmente.
Todo lo anterior, no sólo describe el papel funda[1]mental que tienen los organismos garantes en materia de acceso al información y protección de datos personales en una democracia constitucional; sino también, el que deben de jugar en la era digital y en su carácter de actores que tienen a su cargo, diversos mecanismos con los que conjuntamente, representan herramientas democráticas complejas que siempre deben orientarse o, en su caso, revisarse para reorientarlas al servicio y en beneficio de las personas.
La emergencia de inteligencias artificiales (IA) con las que ahora convivimos y con las que seguramente, lo haremos con mayor intensidad en lo futuro; representa un apremiante factor más, que debe tomarse en cuenta, en esta discusión en la que los organismos garantes bajo análisis, no sólo deben permanecer como actores fundamentales con mucho que aportar a la misma. Sino que, por el contrario, en una debida consideración del contenido de este, nos parece, que, rumbo al futuro previsible, con todas sus ventajas y potenciales, así como sus múltiples retos y desafíos, estas fundamentales instituciones deben ser fortalecidas y consolidadas. Esto, a partir de una revisión de las mismas con miras a su incremental y progresiva efectividad frente a las personas, sus alcances y cobertura.
Las nuevas formas de interacción, comunicación y colaboración humana que los desarrollos de punta nos hacen posible; para su debido aprovechamiento, orientación, así como para la promoción, producción de avances, construcción y la consolidación de una democracia sustancial, requieren de los organismos garantes y de su liderazgo conseguido con resultados.
Conclusión
Los organismos garantes antes mencionados, desempeñan un papel crucial en México rumbo al fortalecimiento de nuestra democracia constitucional y sus progresivas construcción y consolidación, a través de la promoción del acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.
Además, contribuyen al desarrollo sustancial de la democracia y al libre desarrollo personal de los individuos. Consolidar o perfeccionar las posibilidades de los organismos garantes para cumplir con sus funciones y fines, contribuye a la sustancia conceptual de la democracia y diversifica sus formas institucionalizadas aportando efectividad a los instrumentos democráticos que deben operar para generar inclusión y utilidad a las personas.
Estas instituciones generan beneficios significativos al empoderar a los ciudadanos, prevenir la corrupción, promover la confianza en las instituciones y proteger la privacidad; todo lo cual, en la actualidad, cobra mayor complejidad, relevancia y también, posibilidades de aprovechar las tecnologías para tales efectos.
Por ello, el mantenimiento y fortalecimiento de los organismos garantes en México, es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa, transparente y participativa. En la era digital, su papel se vuelve aún más relevante, ya que deben adaptarse y generar adaptaciones generales a los nuevos desafíos y trabajar para construir un diálogo democrático amplio, incluyente y respetuoso de los derechos humanos.
Referencias:
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Democracy and Education. An Introduction to the Philosophy of Education, Estados Unidos, EdTechbooks.org, 2021. Disponible en: https://edtechbooks.org/pdfs/mobile/democracyandeducation/_democracyandeducation.pdf
EMMERICH, Gustavo E., “Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad gubernamental y participación ciudadana” en Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, vol. 2, núm. 4, segundo semestre, 2004, pp. 67-90 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Ciudad de México, México. Disponible en: https:// www.redalyc.org/pdf/726/72620404.pdf
HEYWOOD, Paul M., Routledge Handbook of Political Corruption, Inglaterra, Taylor and Francis, (Edición Kindle), 2015.
HUNT, Lynn, Inventing Human Rights: A History, Estados Unidos, W.W. Norton & Company, (Edición Kindle), 2007.
VOLTAIRE, Treatise on Toleration, Reino Unido, Penguin Classics (Edición Kindle), 2016.
Dr. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX
