El proceso electoral en México continúa y ahora se inicia el período de intercampañas (19 de enero al 29 de febrero), cualquiera que esto signifique para los ciudadanos. En esas seis semanas los partidos entran a un período donde deberán garantizar equidad, es decir sus contenidos solo deberán ser informativos y donde “la libertad de expresión y el derecho a la información están garantizados”, reza el Instituto Nacional Electoral en sus lineamientos para esta etapa.
En elecciones anteriores, durante las intercampañas, la vulnerabilidad de los periodistas crece y no puede dejarse de lado ese antecedente, en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
La violencia contra la prensa en periodos electorales ocurre en todo el mundo, advierte la UNESCO: “el papel de los medios de comunicación es brindar informes veraces, basados en hechos y testimonios, sobre los candidatos, el proceso electoral y los temas de seguridad, así como difundir y aclarar información sobre cuestiones emergentes e inquietudes del pueblo. Y agrega: “ello hace que los periodistas se encuentren a menudo en medio de intereses e informaciones contrapuestos durante todo el período electoral, y pueden convertirse en blanco de amenazas y agresiones físicas por parte de activistas políticos, simplemente por hacer su trabajo”.
Períodos electorales, riesgosos.
¿Qué hacer?
De acuerdo con un documento de la UNESCO difundido a mediados de 2023, titulado “El rol de los agentes y las fuerzas del orden: Garantizar la seguridad de las y los periodistas durante las manifestaciones públicas y las elecciones”, los periodos electorales representan mayores riesgos para la prensa. A manera de contexto, el documento indica que “entre enero de 2019 y junio de 2022, al menos 759 periodistas y profesionales de los medios de comunicación fueron agredidos durante periodos electorales en 89 elecciones en 70 países. De ellos 338 trabajadores de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente; 9 asesinados.
Además, 167 se les detuvo arbitrariamente; a 123 se les obstaculizó su trabajo. Y 131 fueron víctimas de amenazas e intimidaciones.
El 42% del total de periodistas (320) agredidos durante un periodo electoral, ocurrió a manos de agentes de las fuerzas del orden. El 29% de los periodistas agredidos (218) son mujeres. En el mismo periodo, 129 medios de comunicación sufrieron ataques, desde amenazas y censura, hasta redadas e incendios provocados, e incluso suspensiones y cierres forzados, detalla el documento.
El documento advierte acerca de la importancia de los medios en los procesos electorales: “contribuyen a que la población esté bien informada y a que el proceso electoral sea transparente”, acota el informe.
Los periodistas transmitirán desde el lugar de los hechos la información, testimonios y narraciones de lo que ahí sucede tanto de los candidatos como personajes centrales como de sus seguidores y el contexto en el que se mueven. Convivirán con todos los actores, incluidas las corporaciones policiales, por lo que advierte el documento: “la confianza entre las fuerzas del orden y la prensa, son fundamentales, por lo que no se puede subestimar la importancia de la preparación”.
Acerca del tema, la UNESCO recomienda: “Las fuerzas del orden deben reunirse con los periodistas antes de un evento, como una manifestación pública o elecciones, para conocerse personalmente. Los periodistas pueden indicar lo que quieren ver y dónde quieren estar. Los funcionarios de enlace de los LEA, (Law Eforcement Agency) (organismo de seguridad del Estado), deben poder explicarles a los periodistas que harán todo lo posible por asignarles un espacio y cómo piensan tratar los incidentes que puedan surgir para que no haya sorpresas”.
Este acercamiento entre autoridades policiales y prensa, no sólo en México sino en general en países de América Latina, parecería imposible, por la gran desconfianza entre las partes, y luego por la ausencia de una práctica de diálogo entre autoridades policiales y prensa previos a eventos públicos, lo cual no está mal, incluso con los equipos de campaña, sobre todo en un proceso electoral tan grande como el que tendremos este año, y en contextos de violencia presentes en varios estados del país. La UNESCO también sugiere otras medidas preventivas que disminuyan los riesgos para los periodistas, aunque no está por demás sugerir también, la capacitación de los funcionarios y fuerzas de seguridad para garantizar el derecho la información de los ciudadanos:
1.- Facilitar el trabajo de los periodistas, proporcionándoles el mayor acceso posible a las asambleas públicas y a cualquier operación policial relacionada con ellas. Identificar zonas de prensa/ un perímetro definido para los medios de comunicación que les asegure un punto de obser vación seguro. Analizar previamente la situación con los periodistas y entender que no están obligados a quedarse allí. Respetar la seguridad de los periodistas y abstenerse de utilizar cualquier forma de obstrucción, fuerza o presión contra ellos.
2.- Proteger a los medios de comunicación y garantizar un entorno de trabajo seguro adoptando las medidas operativas preventivas, eficaces y oportunas, incluida la protección policial frente a los ataques de los grupos hostiles. Asignar recursos suficientes para la adecuada protección de los medios de comunicación durante las concentraciones masivas.
3.- No se puede exigir acreditación a los periodistas que quieran informar sobre acontecimientos de interés público, pero sí para actos especiales por razones específicas de espacio o seguridad (por ejemplo, rueda de prensa con altos funcionarios y autoridades). En las zonas públicas, el espacio no suele estar limitado y, por lo tanto, no se requeriría acreditación especial, salvo en los perímetros especialmente destinados a los medios de comunicación establecidos por las fuerzas del orden a fin de proteger a los periodistas.
Evitar crear un clima hostil a los medios de comunicación, que socave sus valores y vaya en detrimento de la seguridad de los periodistas. Supervisar y notificar los incidentes relacionados con la seguridad de los periodistas para comprender los retos que enfrentan y permitir la implementación de protocolos eficaces y receptivos, así como el fomento de la confianza a la hora de abordar su seguridad.
4.- Debe prestarse especial atención a las amenazas y riesgos específicos a los que se enfrentan las mujeres periodistas en el ejercicio de su labor, y es importante adoptar un enfoque sensible al género a la hora de considerar medidas para abordar la seguridad de los periodistas, especialmente en línea. Para que este enfoque sea posible, debe fomentarse la diversidad de género en los LEA (autoridades policiales) que trabajan con periodistas y en torno a las concentraciones masivas y las elecciones.
5.- Respetar en todo momento el equipo profesional de los medios de comunicación. Es ilegal confiscar o dañar las herramientas de su oficio, como cámaras o equipos de grabación, o las grabaciones. También es ilegal poner la mano delante de un objetivo, confiscar y dañar o manipular sus herramientas de trabajo, como cámaras o equipos de grabación, y borrar las grabaciones.
El hecho de que los LEA rompan o destrocen equipos deliberadamente debe considerarse un delito penal y los responsables deben rendir cuentas. En lo que respecta a la incautación del material de los periodistas, debe seguirse un proceso legal claro, con especial preocupación por proteger la confidencialidad de las fuentes. El documento completo puede descargarse en https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000384920
Ataques la libertad de expresión en elecciones 2018
En el caso particular de México la #RedRompeElMiedo, en 2018, reportó entonces que de enero a agosto de ese año: “185 agresiones, de las cuales 96% fueron perpetradas en contra de la prensa”, dichas agresiones consistieron en “intimidación y hostigamiento (40%); bloqueo, alteración o eliminación de información (17%) y ataques físicos (16.2%); aunque también se registraron diversos casos de amenazas (14.59%), allanamientos y privación ilegal de la libertad (3.78%)”. El panorama entonces fue este. https://informaterompeelmiedo.mx/wp-content/ uploads/2018/10/RRM-informeelecciones-2018.pdf
La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) documentó que entre enero a julio de 2018, ocurrieron 39 agresiones contra mujeres periodistas, 22 de éstas sucedieron durante la jornada electoral del 1 de julio de ese año, en Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Puebla donde los principales agresores fueron funcionarios públicos y policías estatales (32%). Entre esos agresores destacan los “equipos de trabajo o personas relacionadas con algún candidato o candidata”, y el “27 por ciento de personas desconocidas”
*Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras
Balbina Flores Martínez
