Gabriel Sosa Plata*
La polémica por la supuesta entrevista a Carlos Monsiváis dejó nuevamente al descubierto una de las zonas más débiles del periodismo mexicano.
Los medios exigen rendición de cuentas al poder, como debe ser, pero casi nunca aceptan practicarla hacia dentro con la misma energía, el mismo rigor y la disposición a ser examinados.
Como se sabe, El Universal publicó el 18 de junio una entrevista atribuida a Monsiváis y presentada como una vieja conversación de 1999. El texto incluyó frases que buscaron desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, además de alusiones personales que de inmediato fueron utilizadas en la arena pública.
La familia del escritor rechazó la autenticidad de esos dichos. Exigió pruebas, negó datos centrales de la supuesta conversación y defendió la memoria de Monsiváis frente a palabras que, sostuvo, no correspondían a su estilo literario ni a su ética. También desmintió que López Obrador hubiera vivido en la casa del cronista y señaló que ambos se habrían conocido mucho después del periodo referido en la publicación.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la publicación como grotesca. El asunto llegó al Senado. La frase atribuida circuló en redes y fue ampliamente replicada, sobre todo, por quienes comparten su aversión hacia López Obrador y la 4T. Lo que había sido presentado como una recuperación de archivo terminó convertido en un pleito nacional por la verdad, la memoria y la credibilidad.
En medio de la presión pública, El Universal pidió al periodista Edmundo Cázarez la grabación que sustentara la entrevista. El audio no fue presentado. El propio Cázarez dijo que revisaba cientos de casetes para localizarlo y explicó que había decidido recuperar el texto como homenaje a Monsiváis. También afirmó que el fragmento polémico habría sido eliminado de la publicación original por decisión editorial de El Sol de México. Sin embargo, esa explicación abrió más dudas de las que cerró.
Ahora bien, si el texto contenía declaraciones explosivas, si involucraba a un escritor muerto, a un expresidente y a un diario de larga trayectoria ¿por qué se publicó sin cotejar antes la prueba documental?
El Universal primero respondió que el contenido enviado era responsabilidad del colaborador. Luego reconoció que no revisó bien la entrevista con la grabación que el autor aseguró tener, retiró el texto de su página digital y ofreció disculpas a la familia Monsiváis y a sus lectoras y lectores. También anunció ajustes internos en sus controles editoriales para evitar que algo semejante vuelva a ocurrir.
La disculpa repara una parte del daño, pero no explica el proceso. No dice quién recibió el texto, quién lo leyó, quién lo editó, quién autorizó el título, quién valoró su oportunidad política, quién pidió pruebas, quién decidió publicar sin escuchar antes el audio y quién asumió que bastaba la trayectoria de una firma para dar por buena una pieza tan explosiva.
La crítica está en la cadena editorial que permitió publicar una acusación grave sin sustento suficiente. ¿Intencional o no?
La importancia de las figuras de autorregulación
Una defensoría independiente habría podido investigar con mayor claridad lo ocurrido. Revisar el proceso interno, escuchar a la redacción, solicitar explicaciones a editoras, editores y directivos y atender a la familia afectada.
También le hubiese correspondido examinar, con plena independencia, si existió presión, negligencia, sesgo, descuido o cálculo editorial. Y después presentar un informe público, puntual y documentado.
Esa es la diferencia entre una disculpa y una verdadera rendición de cuentas.
La disculpa dice que hubo una equivocación. La defensoría tendría que explicar a las audiencias los cómos.
Por eso se necesita una instancia independiente dentro del propio medio y evitar que todo quede atrapado en el terreno de la sospecha.
El caso Monsiváis es una muestra de la fragilidad del ecosistema informativo mexicano.
Desde hace años se ha insistido en la necesidad de que los medios cuenten con defensorías de sus lectoras, lectores y audiencias, así como otros mecanismos efectivos de autorregulación, pero las resistencias son tan grandes como los gazapos editoriales que se han documentado históricamente.
Los medios, sobre todo comerciales, prefieren códigos de ética que solo sirven para adornar las paredes de las oficinas. La ética queda entonces como una declaración de principios, no como una práctica cotidiana. Y es una pena porque de ahí viene también el descrédito que se reporta cada año en estudios como el que elabora el Instituto Reuters sobre la confianza en el periodismo.
La libertad de expresión no exonera del deber de verificar y la independencia editorial no justifica la opacidad. Lectoras, lectores y audiencias tienen derecho a preguntar cómo se construye una publicación que impacta la conversación pública y los medios a responder con veracidad. Por ello y por mucho más son fundamentales las defensorías de audiencias.
Reconocimiento al personal de Canal Once
Las instalaciones de Canal Once continúan tomadas por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El conflicto ya llegó a La Mañanera del Pueblo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum pidió la devolución del inmueble y señaló que el gobierno federal mantiene abiertas las vías de diálogo para atender sus demandas.
Las inconformidades estudiantiles deben escucharse y procesarse con seriedad, especialmente cuando involucran temas de transparencia, participación, presupuesto y vida institucional del IPN, pero también debemos señalar que estamos frente a un caso que afecta a las audiencias y su derecho a recibir una programación continua, plural, cultural, educativa e informativa.
Un reconocimiento a la titánica labor de las y los colegas de Canal Once, quienes han logrado mantener al aire la señal en condiciones extraordinariamente complejas, con sedes alternas, recursos limitados y una operación claramente precaria.
*Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco. Periodista y defensor de audiencias
